A corto, mediano y largo plazo, la baja sociodemográfica supondrá varias consecuencias, tanto positivas como negativas. Entre las primeras, podría mencionarse un descenso en el número de personas presionando por puestos laborales y la posibilidad de que el Estado pueda cubrir con mayor eficiencia y recursos a cada estudiante y paciente que resida en el país, así como lograr que sus servicios cubran a una mayor cantidad de gente utilizando menos recursos.
No obstante, también significa un riesgo si esa menor cantidad de nacimientos no se acompaña con una mayor calidad en la preparación de los futuros profesionales que tomarán las riendas del país dentro de un par de décadas. Además, si la población inmigrante sigue bajando, costará aún más encontrar mano de obra que se desempeñe en ciertos trabajos fundamentales para la economía nacional. Y no hay que olvidar que, ante una menor población laboral, el sistema de pensiones del país también se ve bajo riesgo de desfinanciamiento.
Además, de comprobarse este descenso en la cantidad de habitantes, indicadores como el ingreso per cápita o el cálculo del desempleo sufrirían leves modificaciones.
Sin embargo, Brenes confía que Costa Rica cumplirá con una tendencia mundial: cuando un país llega a niveles bajos de crecimiento poblacional, posteriormente hay una ligera recuperación en estos números, aunque esta época de “bonanza demográfica” podría tardar hasta 10 años en concretarse.
Además, la fórmula con la que se estima la cantidad de la población costarricense, año con año, deberá revisarse con lupa después del censo, pues la que rige actualmente ya no podrá seguir vigente. Pero será solo con este conteo poblacional que se podrá confirmar si estas tendencias son reales, uniformes y si hay grupos sociales donde las mismas se cumplen más que en otro.
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