Las propuestas anticorrupción en los planes de gobierno no son del todo claras

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez. Karla Richmond

La corrupción es uno de los temas claves durante la campaña electoral. Cuestionamientos a las candidaturas por presuntos hechos irregulares, propuestas para transparentar el aparato estatal y sus procesos, la afectación a la imagen de la clase política producto de resonados casos de corrupción en los últimos meses son solo parte del variado menú que ha ofrecido la contienda política. 

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, quien también es administrador público y profesor del Posgrado en Evaluación, señala la necesidad de contar con instrumentos adecuados para luchar contra las prácticas deshonestas en las instituciones públicas. No obstante, advierte que esta guerra debe librarse no solo desde el Gobierno o la Asamblea Legislativa, sino que también depende de cada integrante de la ciudadanía el estar vigilante ante posibles hechos ilícitos a lo interno del Estado.

–¿Es la corrupción consecuencia de una falta de evaluación de la administración pública?

–Leonardo Castellón Rodríguez: La corrupción es un fenómeno social y complejo al que no se le puede atribuir una única causa. Lo que sí es posible afirmar es que una deficiente rendición de cuentas la facilita. Ahora bien, esto no significa que con solo evaluar se pueda erradicar la corrupción. Es irreal pensar que exista una única forma de hacer evaluaciones. Esto da pie a pensar que podrían existir instrumentos y sistemas azarosos o deficientes, que no respondan al valor público que debe generar la administración pública.

Independientemente de la calidad del instrumento de evaluación, hay algunos aspectos que facilitan el surgimiento de la corrupción que, por su naturaleza abstracta y compleja, no pueden plasmarse en dicha herramienta. Además, no toda persona evaluadora contemplaría incluir variables para medir estos aspectos si estos no responden directamente a los objetivos del ejercicio.

Finalmente, cabe mencionar que la corrupción puede suceder tanto en el sector público como en el privado. La diferencia es que en el sector público se suele tratar de dinero de las personas contribuyentes e incumplimiento de deberes, por lo que se torna en una discusión de interés país. 

–¿Por qué la evaluación es clave en la defensa del sistema democrático?

–LCR: La evaluación en la función pública es un principio y un mandato constitucional, está explícito en el artículo 11. Por supuesto que puede convertirse en una herramienta para detectar, denunciar o disminuir la posibilidad de que ocurra la corrupción.

Evaluar es clave en la defensa de un sistema democrático porque, para poder realizarse, implica que cada institución o iniciativa cuente con un plan de trabajo general. Este plan contempla los insumos (como el presupuesto, los recursos humanos y materiales) y los resultados (qué se generó, el costo que tuvo y cuánto de lo planificado se logró).

El experto señala que la ciudadanía debe supervisar constantemente la transparencia de la gestión pública para evitar el surgimiento de focos de corrupión estatal.  Laura Rodríguez Rodríguez

Al existir esa ruta estratégica y operativa, alguien la puede ejecutar. En una democracia, las personas votantes delegan a terceros actores la ejecución de las funciones del Estado. Es por este motivo que tienen que existir mecanismos para saber qué están haciendo todas estas personas.

En ese sentido, la evaluación es una especie de lenguaje común que permite a muchas personas entender lo que sucedió en un determinado contexto. Es poco realista pensar que cada persona, de manera diaria, va a informarse sobre el quehacer de cada institución de su interés. Lo que sí es factible es que, a través de distintos medios, la persona pueda informarse sobre los aspectos generales y con ello formarse una opinión que le permita ser parte del debate público. A su vez, este debate amplio y diverso es el que fortalece las democracias.

–La eficacia y la eficiencia en la administración pública son valores que la ciudadanía reclama ¿puede hacer una valoración al respecto para el Estado costarricense?

–LCR: El Estado es muy amplio y comprende muchos niveles, por lo que es muy difícil generalizar. Sería injusto e incorrecto referirse al Estado como un todo. Sin embargo, es claro que existen instituciones problemáticas en las que se dieron las condiciones necesarias para facilitar sistemáticamente la corrupción.

Existen otros mecanismos e indicadores para estudiar este tema. El Índice de Transparencia para el Sector Público Costarricense es una iniciativa de la Defensoría de los Habitantes, que fue realizado con apoyo de nuestro propio Centro de Investigación en Administración Pública (CICAP).  El promedio nacional de este índice es de 39,81.

Por su parte, el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional identifica que nuestro país mantiene una calificación estable desde el 2018. Ese año puntuó más bajo en comparación con los años anteriores. Si bien el informe rescata aspectos positivos como algunas leyes aprobadas en el marco de ingreso a la OCDE o la implementación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), también salieron a la luz casos prominentes como Azteca, Cochinilla y Diamante. En otras palabras: nuestros avances se vieron “anulados” por los casos descubiertos.

–¿Cuáles aspectos puntuales se deben identificar en la administración pública para evitar el inicio de una cultura de corrupción?

–LCR: En la administración pública, es fundamental considerar todos los aspectos normativos. En un espacio público, solo puede hacer lo que explícitamente está escrito en la normativa. Por lo tanto, la omisión de algunos aspectos (por ejemplo: las sanciones) podrían fomentar la impunidad. Cuando no existen las consecuencias, el incentivo para cometer faltas es mucho mayor.

También es importante el aspecto de las mejoras procedimentales. Los procesos deben ser mucho más públicos, transparentes y participativos. Esto va de la mano con todos los esfuerzos en materia de divulgación y comunicación que garanticen el principio de publicidad. Si bien la administración pública debe hacer, también debe buscar la forma de informar a la ciudadanía de lo que hizo.

Eso es un primer paso para promover la participación ciudadana, pero no es suficiente. Hay que implementar repositorios de datos abiertos, documentar adecuadamente las acciones tomadas, se debe indicar claramente cuáles son los mecanismos de consulta y buscar, por el canal que corresponda, a los grupos de personas que se vean más afectados.

–Dentro de su análisis: ¿abarcan los planes de gobierno de los dos candidatos a la segunda ronda electoral estos aspectos mencionados?

–LCR: Durante la primera ronda de la campaña electoral fuimos testigos de varias candidaturas que fueron muy verbales en sus propuestas de “tolerancia cero a la corrupción”. Vemos también que este tema permeará, aunque no será central, en la segunda ronda. Otro aspecto es que, aunque haya una intención de abordar el tema, nada nos asegura que se cumpla una vez que lleguen al mandato.

En términos generales, ambas candidaturas presentes en la segunda ronda incluyen varias propuestas para combatir la corrupción, que en mayor o menor medida se ajustan a lo que mencioné antes.  

Sin embargo, no todas las propuestas son claras. Hay frases e ideas que funcionan bien en un debate o en un spot televisivo, porque hay poco tiempo. En un documento formal y oficial, no debería haber espacio para la duda, pero aún así sucede. Algunas de las propuestas no indican el qué harán, ni el cómo lo harán, ni a través de qué mecanismos se hará. Es importante resolver esas dudas. De lo contrario, el electorado no tendría claridad de cuál es la ruta general para seguir y no podría participar activamente de los esfuerzos anticorrupción, como comentamos antes. 

Algo muy importante es que el tema de la evaluación y la lucha contra la corrupción le corresponde a todos los partidos políticos. No solo es deber de quien llegue a ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo, sino que los seis partidos que tendrán representación en la Asamblea Legislativa también tienen responsabilidad en reforzar la normativa existente, de potenciar a las instancias competentes de investigar estos temas en el ámbito judicial, de fomentar la evaluación en todos los aspectos de la administración pública y en ejercer un sano y crítico control político.

–¿Es responsable la persona ciudadana de fomentar una cultura de evaluación y cómo exigirla?

–LCR: Por mandato constitucional, la ciudadanía es la que ostenta el poder, para hacer y deshacer en la administración pública. Estar alerta de lo que ocurre en lo público solo es un derecho, si no que también es un deber.  

Pero no hay que dejar de lado que la ciudadanía no es un grupo homogéneo. No a todas las personas les interesan los mismos temas, o tienen el tiempo y la disposición de auditar el trabajo de las instituciones públicas. Algunos individuos, en especial los más vulnerables en temas económicos, probablemente tengan preocupaciones más grandes en su día a día.

De parte de la administración debe haber un esfuerzo por facilitar el ejercicio de los derechos comunicativos de la ciudadanía. Recordemos que estos derechos no solo están definidos en la Constitución Política, sino también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Algo que puede hacerse es identificar, según los distintos contextos, a los grupos de interés de una determinada coyuntura para hacerle partícipe del diálogo, empoderarlos para que sepan que pueden y deben involucrarse. Si eso no es posible, al menos se debe buscar la forma informar adecuadamente lo que está pasando. Una vez que las personas son conscientes de lo que ocurre y de qué manera podría afectarles, a la población le resulta más fácil para las personas involucrarse.  

Esto tiene que ir de la mano con modificar la burocracia propia de cada institución. Si bien existe el derecho constitucional de Petición o el Oficial de Acceso a la Información, la forma en que cada organización pide los requisitos puede generar barreras de entrada que eviten la participación de ciertos grupos. Esta limitación es injusta e injustificada. La gestión pública transparente es un mandato constitucional.

En resumen: es deber de la ciudadanía fomentar y exigir una cultura de evaluación. Pero no podemos esperar que eso suceda si las personas no tienen claro que es su derecho y deber hacerlo, así como tampoco podemos esperar que la población no se canse de los sistemas diseñados para servir a la administración y no a quienes administran.