Dra. Magda Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.

En los últimos cinco años, la educación costarricense se ha visto afectada por varios problemas y eventos que han obligado a las autoridades en la materia a tomar decisiones cruciales sobre el rumbo del sistema educativo costarricense. Se pueden mencionar algunos de ellos, tales como: las huelgas del sector educativo, la carencia de una adecuada y veloz banda ancha para la comunicación por internet, la pandemia provocada por el COVID-19, el desempleo, la difícil situación económica provocada por una crisis fiscal de grandes dimensiones, la brecha existente entre la calidad de la educación primaria y secundaria de carácter pública y privada. Estos y otros eventos han agudizado los problemas estructurales, administrativos y financieros para sostener los planes y programas educativos a nivel nacional.

Un hecho innegable es que la educación en general requiere de una urgente y rápida transformación en los procedimientos administrativos y curriculares, así como en la normativa en materia educativa, que respondan a las necesidades del país. Al respecto, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unesco y la OCDE han advertido sobre los grandes retos y desafíos que debemos enfrentar los países del mundo para lograr una reactivación de las economías, así como de los diferentes sectores productivos que proveen bienes y servicios para la ciudadanía. La Educación es quizá uno de esos sectores que más resiente los embates de las decisiones en materia fiscal y tributaria que, a su manera, generan problemas económicos, ya que limitan las oportunidades para los diferentes sectores de la sociedad.

A través de los años, la educación se ha considerado un motor de movilidad y transformación social, es decir que los procesos de formación escolarizada desde el nivel básico hasta el nivel superior le garantizan a la sociedad una mejora sustancial en su nivel de vida, proporcionan oportunidades laborales bien remuneradas, así como bienestar y satisfacción a nivel personal.

Mediante datos, gráficos y figuras con su respectiva interpretación, el pasado 1.° de setiembre la presentación de los resultados del Octavo Informe de la Educación evidenció la situación educativa del país. Este panorama no es diferente al de los años anteriores, solo que a raíz de la pandemia se han agudizado los problemas que han venido a debilitar la educación costarricense desde hace un par de décadas atrás.

Es claro que los datos muestran vacíos, debilidades y deficiencias en el sistema educativo costarricense. Las diferentes entidades e instituciones vinculadas directamente con la educación, como el Ministerio de Educación Pública y las universidades públicas estatales, tenemos una importante participación en la solución de los problemas señalados. No obstante, hay situaciones que se presentan en el informe que corresponden a entidades gubernamentales o instituciones autónomas, como el ICE y Fonatel, que deben garantizar a la ciudadanía el acceso a internet con una conectividad adecuada y eficiente.

Las instituciones de educación superior pública, en particular la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, deben analizar con cautela y con atención estos resultados, ya que las instituciones y entidades involucradas deben buscar soluciones inmediatas, así como de mediano y largo plazo con un enfoque multidisciplinario y de manera colectiva. Es decir, se requiere de un acuerdo nacional en el que participen todos los sectores, se escuchen todas las voces y se hagan lecturas de los diferentes contextos del país.

La Universidad de Costa Rica aporta al país profesionales con una formación de calidad que les permite competir con altos estándares de formación en sus diferentes carreras. De igual manera, cuenta con una amplia oferta de cursos y proyectos en los ejes de la investigación y la acción social. La relación de la Facultad de Educación con el Ministerio de Educación Pública es de larga data y, lejos de debilitarse el vínculo de colaboración, este debe fortalecerse con una agenda de proyectos de investigación y la puesta en marcha de un programa de capacitación y actualización para el personal docente en servicio.

Asimismo, la Universidad de Costa Rica, mediante los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras, proporciona confianza sobre la calidad de profesionales que gradúa y que, eventualmente, selecciona y contrata el Ministerio de Educación Pública, así como otras entidades del sector público y privado.

Es importante destacar que desde el Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) se desarrollan actividades y proyectos de investigación que abordan de una manera científica los problemas y las causas que los originan. De igual manera, se genera nuevo conocimiento a partir de los resultados de las investigaciones que se contabilizan con la publicación de artículos de revistas científicas en el campo de estudio.

Es importante destacar que las universidades públicas estatales, en particular la UCR, asumió con un gran compromiso y responsabilidad el reto de virtualizar los contenidos de los cursos de las diferentes carreras que se ofertaban en marzo del 2020 hasta la fecha. Las autoridades universitarias tomaron decisiones oportunas, ágiles y urgentes ante la necesidad de no interrumpir el ciclo lectivo que recién iniciaba. Esta decisión requirió un esfuerzo institucional compartido, es decir que el trabajo en equipo, la solidaridad y tener una actitud hacia el cambio y al aprendizaje continuo hicieron posible que la UCR pudiera dar una respuesta inmediata para ejercer la docencia desde la virtualidad.

Es obvio que se debió invertir en infraestructura tecnológica (conectividad, software y dispositivos electrónicos), pero la prioridad en ese momento, y lo continúa siendo hoy, es el estudiantado. También se hicieron cambios curriculares, de normativa y de procedimiento para flexibilizar los diferentes procesos de la Universidad.

El personal docente y el administrativo demostraron la voluntad y las capacidades humanas, cognitivas y emocionales para sobrellevar un ciclo lectivo desde la virtualidad. Se contaba con las habilidades informacionales y digitales para el diseño de recursos educativos y estrategias didácticas para la enseñanza virtual. Es decir, que en tiempos de crisis, surgieron interesantes experiencias de innovación docente para que el proceso enseñanza-aprendizaje de la población estudiantil no se viera afectado drásticamente.

A la fecha, la UCR continúa con programas de educación continua, desarrollo de investigaciones inter y multidisciplinarias sobre la enseñanza virtual, así como cursos para el manejo de herramientas y aplicaciones para la docencia. Ha sido un proceso de aprendizaje para todos y es claro que la enseñanza virtual llegó a nuestras universidades para transformar la educación superior desde la presencialidad física.

Por lo tanto, es momento de escuchar todas las voces, de tomar acuerdos nacionales, de fortalecer el trabajo cooperativo, propiciar la firma de convenios de colaboración interinstitucionales, de gestionar recursos frescos para la puesta en marcha de proyectos de largo aliento y, por supuesto, garantizar a nuestros graduados condiciones de contratación y ambientes laborales sanos y dignos. De este informe se toma lo que corresponda analizar y es deber nuestro contribuir a la solución de los problemas nacionales, tal y como lo establecen los fines del Estatuto Orgánico de nuestra Universidad.

Finalmente, todo este esfuerzo institucional debe estar centrado en la persona estudiante, ello presupone flexibilizar y actualizar los procesos docente-administrativos y normativos con enfoque integral y emocional.

“La educación es y seguirá siendo… motor para la movilidad social y no cabe la menor duda de que es la llave que abre la puerta a las oportunidades”.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 7 de septiembre del 2021