Licdo. Rodrigo Rivera Fournier

Sumido en el estupor que nos produce como ciudadanos el enterarnos de un nuevo escándalo en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), destape parcial de una red de corrupción entre funcionarios y contratistas de larga data y mayores alcances, me surgen de manera espontánea y desordenada algunas reflexiones:

La lesión que produce el conocimiento de estos hechos trasciende a los funcionarios de la entidad involucrada, es una lesión a la confianza en las élites políticas, administrativas, judiciales y empresariales, que deshace su legitimidad como grupo dirigente de la sociedad. Sus alcances son kilotones de potente explosivo con una enorme capacidad de dañar lo que queda de la cohesión social.

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Con esas conductas se propicia la lesión a la fe en las virtudes del sistema democrático, la creencia en la bondad de la solidaridad y la práctica de los derechos individuales. Con esto se le da gasolina al populismo.

Escucho con cada vez mayor estridencia, el grito de que ojalá aparezca una mano fuerte que ponga orden. El truco es que mientras se dice esto, no se piensa en qué pasaría si la mano fuerte está coludida o es comprada.

Un contrato administrativo es esencialmente una solicitud de colaboración que el sector público le hace al sector privado, en la idea de que el sector privado puede proveerle bienes, obras o servicios de una manera más eficiente que si los asume directamente. Los próximos años estarán marcados por la falta de recursos como consecuencia del déficit fiscal y el pago del importante endeudamiento que veníamos arrastrando y en el que incurrimos por la pandemia.

Se dice que, para lograr hacer inversión en infraestructura pública, debemos recurrir a las alianzas público-privadas, las que, para ser exitosas, demandan un alto grado de colaboración entre ambos sectores.

Estos hechos dañan la confianza no sólo del público hacia la Administración sino de los funcionarios respecto de sus homólogos a lo interno y hacia los empresarios. Un acento en la vigilancia y la sobrerregulación, imponiendo modelos de eficiencia sin conocimiento de la realidad (como acortar plazos en el papel) o crear prohibiciones o responsabilidades excesivas a cargo de los funcionarios, inducirán tanto a funcionarios como a empresarios a abstenerse, o al menos a hacer más lento el proceso de decisión burocrático y a que los empresarios aumenten sus costos en anticipación de ineficiencias y paralizaciones originadas en el control y la desconfianza entre sectores internos.

Sorprende la ineficacia de los mecanismos de control interno, las auditorías, las diferentes jerarquías, sobretodo el Director ejecutivo y el Jerarca máximo. Se ha extendido la idea de que no es posible actuar contra las personas, que a los ojos de sus compañeros claramente dan signos de prosperidad inusual o de conductas y amistades inconvenientes y que no es posible lograr resultados rápidos y justos. El sistema del servicio civil por un lado y el entrabado proceso penal actúan como disuasivos. No basta que los designados para dirigir sean buenos profesionales en las ramas afines al quehacer institucional, faltan gerentes con formación de gestión pública básica.

Hoy necesitamos aumentar la eficiencia, hacer más con menos recursos, por lo que se postula la adopción de un modelo gerencial de corte tecnocrático para la Administración Pública en la “que se deje a los administradores administrar” pero siendo que la gerencia de nuestras instituciones se desenvuelve en una cultura de inacción y apatía respecto de los problemas del comportamiento ético en la función pública, parece ser que conferir poderes y discrecionalidad se ve como un riesgo que la opinión pública no se quiere correr.

¿Debemos preguntarnos sobre qué papel le cabe al ciudadano respecto de la ética en la función pública? ¿Es posible la sobrevivencia de un modo de convivencia democrático sin ciudadanía activa? Poco se ha avanzado en transparencia de los procesos de decisión, acceso a información y el diseño de mecanismos de participación ciudadana que impliquen incorporar el interés de los administrados en el buen uso de los recursos públicos. Sera suficiente con permitirle al ciudadano ser un mero denunciante? ¿Qué obligaciones debemos crear para que los órganos de control se acerquen a la realidad?

Tanta cobertura mediática sobre el tema ético provoca opiniones con fundamento en prejuicios personales y la ignorancia. Sin duda éste será uno de los temas de las próximas elecciones. Ojalá sea posible que se presenten abordajes y propuestas positivas, que no sean sólo retórica para salvar la cara.