La UCR insta al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a ratificar el Acuerdo del Escazú

El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento de este tipo en la región que incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Laura Rodríguez Rodríguez

El Consejo Universitario y la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) instan a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República a aprobar y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú es un convenio internacional sobre derechos humanos y medio ambiente que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Dicho acuerdo entró en vigencia el pasado 22 de abril de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra y ha sido ratificado por 12 de los 24 Estados de América Latina y del Caribe que lo suscribieron (ver firmas y ratificaciones). Sin embargo, a pesar de que Costa Rica fue uno de los países proponentes del acuerdo y lo firmó desde el 4 de marzo de 2018, el Gobierno de la República aún no lo ha ratificado y está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.

El Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado en la sesión ordinaria del jueves 6 de mayo, reafirmó el compromiso de esta casa de estudios con el medio ambiente, hizo un llamado al Gobierno sobre la importancia de ratificar el acuerdo e instó a la Asamblea Legislativa para que, a la mayor brevedad, se apruebe dicho acuerdo, el cual se tramita bajo el Expediente legislativo N.° 21.245.

En su pronunciamiento, el Órgano Colegiado señala que “el Estado costarricense tiene la obligación constitucional de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; de igual manera, la ciudadanía tiene el deber de exigir el cumplimiento de ese mandato (artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica).”

Por su parte, Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, dirigió una misiva, el viernes 7 de mayo, a las y los señores diputados de la Asamblea Legislativa en la cual les solicita de la manera más urgente la ratificación del Acuerdo de Escazú, en coherencia con los ideales de conservación ambiental, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con el desarrollo de las generaciones actuales y venideras de Costa Rica y el mundo.

El rector señaló que “este acuerdo tiene un impacto clave en la democracia ambiental de nuestros países, al garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto, sin duda, tiene implicaciones primordiales en el fortalecimiento del desarrollo sostenible, la cooperación internacional y el multilateralismo en la región”.

El Dr. Gutiérrez resaltó que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe. Además, es el primer instrumento de este tipo en la región que incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Tanto el rector como expertos en derecho internacional y derecho ambiental de la Universidad de Costa Rica han manifestado que este es un acuerdo de mínimos sobre la temática abordada por el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que trata sobre las denominadas garantías procesales en temas ambientales. La legislación costarricense ya contempla muchos de estos aspectos e incluso los aborda desde una perspectiva más amplia, lo cual ha reconocido al país su liderazgo en esta materia.

Si desea conocer más detalles sobre el este acuerdo, sus implicaciones jurídicas y alcances para el Estado costarricense consulte el siguiente apartado: #VozExpertaAcuerdodeEscazú.