El Poder Judicial estimula el uso del ''lenguaje claro'' en resoluciones y notificaciones

El proyecto “Lenguaje claro” propone modificaciones al lenguaje jurídico sin interferir en la argumentación con el propósito de que la mayor parte de la ciudadanía lo comprenda. Imagen tomada de istockphoto.com

Aquel hombre se levantó del banquillo de los acusados con una sonrisa en su rostro, convencido de que la sentencia que recién terminaba de leer el juez lo favorecía de cabo a rabo. ¡Cuál fue su sorpresa cuando dos agentes judiciales se le acercaron por la espalda, le colocaron las esposas y se lo llevaron a cumplir una condena de 20 años de prisión!

Así como este hombre, muchas personas no comprenden el lenguaje jurídico que se utiliza en las resoluciones y notificaciones judiciales. Es por ello que el Poder Judicial está impulsando el proyecto “Lenguaje claro” en colaboración con el Instituto de Investigaciones Lingüísticas (INIL), el Programa de Posgrado en Lingüística (PPLing) y la Escuela de Filología, Literatura y Lingüística (EFLL) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Adrián Vergara Heidke, director del programa de posgrado en Lingüística y coordinador del proyecto por la UCR, explica que el proyecto busca proponer modificaciones al lenguaje jurídico para que la mayor parte de la ciudadanía lo comprenda y definir términos estrictamente jurídicos con palabras de uso común.

Para ello se están desarrollando múltiples proyectos de investigación desde el INIL, así como tesis de maestría en el PPLing y tesis de licenciatura y seminarios de graduación en lenguaje jurídico en la EFLL.

Las investigaciones tienen cuatro etapas. En la primera de ellas se analizan textos judiciales para identificar segmentos que pueden ser complejos de comprender. Posteriormente, esos segmentos se someten a verificación con la ciudadanía para determinar si son comprensibles o no. La tercera etapa consiste en proponer modificaciones a los textos complejos validados con la ciudadanía para hacerlos más entendibles. Finalmente, esas propuestas son validadas por el público meta.

Infografía creada por José Rafael Espinoza Valverde / ODI

“Uno entiende que el lenguaje jurídico precisa de términos especializados porque necesita denominar ciertas cosas muy específicas de su ámbito, porque no es lo mismo un robo que un hurto, por ejemplo. Pero, eso no quiere decir que los términos especializados no se puedan explicar ni que haya que utilizarlos en todo momento. Entonces, no se trata de cambiar el lenguaje jurídico, sino cómo nos podemos expresar mejor hacia la ciudadanía”, aclaró Vergara.

Paralelo a las investigaciones se están produciendo tres materiales específicos: el Manual general de lenguaje claro del Poder Judicial, el Glosario de términos y frases en lenguaje claro y la Guía de procedimiento del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial.

El Manual pretende mostrar las características de los textos jurídicos y la forma como afectan la comprensión del lector. Asimismo, expondrá maneras más claras de redacción sin menoscabar la argumentación y el razonamiento jurídicos. Está dirigido a funcionarios del Poder Judicial relacionados con la redacción de documentos dirigidos a la ciudadanía, como jueces y letrados.

El Glosario, por su parte, es para que cualquier usuario del Poder Judicial consulte palabras especializadas en él. Para fines prácticos, se está barajando la posibilidad de elaborar glosarios específicos de acuerdo con la materia de cada juzgado. Así, habría un glosario para temas penales, otro para temas de carácter civil, otro enfocado en temas de familia y otro en temas agrarios, por ejemplo.

Mientras tanto, la Guía será un instrumento para uso interno del Centro de Información Jurisprudencial que contribuirá con la confección de resúmenes, selección de información y ordenamiento de textos para una consulta más expedita.

Vergara detalla que el Manual tendrá dos secciones. La primera de ellas será de contenidos generales, tales como entender el proceso de escritura, géneros textuales jurídicos particulares y aspectos de puntuación, ortografía y ortotipografía. La segunda parte profundizará en temas específicos, como el léxico jurídico, el léxico con significado especializado, elementos sintácticos y términos para referirse a personas, hechos y objetos.

“Esto es cuando en un mismo texto se utilizan distintas palabras para referirse a la misma persona. Por ejemplo: la señora Gutiérrez, la amparada, la recurrente, la afectada. Aunque todos esos términos se refieren a la misma persona, alguien que que no está acostumbrado a esa forma de redacción, puede terminar creyendo que son distintas personas”, ilustró Vergara.

En relación con el tema de la sintaxis, el Manual enfatizará en la extensión de las oraciones, dado que la mayoría de las que aparecen en los textos jurídicos superan las 30 palabras. De acuerdo con Vergara, esta cantidad es exagerada y atenta contra la efectiva comunicación del mensaje. Según explica, es usual que dentro de una oración haya una subordinada que, a su vez, incluye otra oración subordinada. Así se han encontrado oraciones hasta con 6 niveles de subordinación, lo cual crea confusión en el lector al no poder determinar qué es lo importante en la oración.

“Hay otros productos con los que no nos hemos comprometido, pero han salido del proceso. Queremos generar una aplicación en la cual el juez, el letrado o quien redacte el texto, someta su redacción al sistema y la aplicación le tire una serie de advertencias: cuidado, esta oración supera las 30 palabras, por ejemplo. O: cuidado, este término puede cambiarse por este otro”, reveló Vergara.

El Manual general de lenguaje claro del Poder Judicial, el Glosario de términos y frases en lenguaje claro y la Guía de procedimiento del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial irán acompañados de talleres y capacitaciones para fomentar el uso del lenguaje claro en todos los documentos judiciales dirigidos a la ciudadanía. Laura Rodríguez Rodríguez

Resistencia al cambio

De acuerdo con el investigador, hay un sector opuesto al cambio en el lenguaje jurídico porque considera que podría afectar la argumentación jurídica. Sin embargo, Vergara aclara que el proyecto no busca cambiar este tipo de argumentación ni los razonamientos ni los procesos de carácter jurídico, sino que, al momento de escribir y hablar, se recurra a estrategias lingüísticas y se usen recursos lingüísticos, verbales y textuales que sean más fáciles de comprender para la ciudadanía.

“Esto tiene que ver con redacción, con qué palabras elegimos. Si la palabra está en español ¿para qué vamos a usar una palabra en latín? Si tenemos una palabra de uso cotidiano que tiene el mismo significado que una palabra que se usa muy poco ¿por qué preferir la que menos gente va a comprender? Mejor usemos las palabras que más se usan en español sin cambiar el significado de lo que se quiere decir”, subrayó.

En este sentido, Vergara advierte que algunos profesionales en Derecho se aprovechan del lenguaje rebuscado y poco comprensible para hacer negocio, porque hacen de intermediarios para explicar y producir textos que no necesariamente requieren de un abogado. En otros casos, se redactan apelaciones de cientos de páginas sin mayor contenido, solo con el propósito de impresionar al tribunal.

“Esto debe ser una reforma del lenguaje administrativo en general, del lenguaje jurídico en particular y de la administración pública en general, especialmente el lenguaje hacia afuera, hacia la ciudadanía. Si entre abogados se comunican con lenguaje jurídico o muy especializado, eso es problema de ellos. El problema es cuando es hacia la ciudadanía. Esa es la preocupación. La ciudadanía tiene derecho a estar informada, a comprender las normas, los procesos judiciales y esa es nuestra preocupación”, señaló.

Similar criterio externa Patricia Bonilla Rodríguez, jefe del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial. Para ella el uso del lenguaje claro debe implementarse en todas las instituciones del Estado porque la ciudadanía tiene el derecho a comprender, sin mayor esfuerzo, el procedimiento o resultado de la gestión que está realizando.

Bonilla explica que el Centro de Información Jurisprudencial tiene a cargo la publicidad de las resoluciones emitidas por los Tribunales de Justicia del país mediante el sistema Nexus-PJ. En este sentido, el proyecto beneficia a las personas que acceden los servicios de este Centro, quienes podrán encontrar la información que requieren de manera más puntual y oportuna, gracias a resoluciones redactadas en lenguaje claro y con titulaciones comprensibles.

“Generar una cultura institucional a través de recomendaciones en cuanto al uso de un lenguaje claro y comprensible, sin dejar de lado el tecnicismo legal, permitirá a nuestras personas usuarias entender, por ejemplo, que fue lo que el juez o jueza resolvió en su sentencia, o bien, conocer cuál es el procedimiento que debe seguir en un trámite judicial. Esto, sin duda, repercute en la mejora de la calidad en cuanto a la comunicación entre la institución y la ciudadanía.

“El trabajo en equipo con el Programa de Postgrado en Lingüística de la UCR ha sido fundamental para el desarrollo y ejecución del proyecto, por cuanto ellos aportan la parte técnica y nosotros la lógica del negocio, lo cual ha sido el complemento idóneo para impulsar y encaminar el proyecto”, añadió Bonilla.

Por su parte, Sara Castillo Vargas, directora ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), reconoce que la adopción de un lenguaje claro por parte del personal judicial representa un desafío y tomará mucho tiempo, porque implica un cambio cultural y de prácticas judiciales muy arraigadas. Para lograrlo están trabajando en procesos formativos y de sensibilización, así como en la adopción de lineamientos para su puesta en práctica.

En esta tarea considera estratégico el aporte que la UCR está haciendo porque los documentos que se están construyendo para capacitar al personal tienen una base científica y están respaldados en proyectos de investigación.

“El trabajo conjunto entre el Poder Judicial y la Universidad garantiza que tendremos un producto de gran calidad y que responde a las necesidades de la población. Con este proyecto la Universidad hace una contribución a la creación de conocimiento aplicada a la democratización de los servicios judiciales”, destacó Castillo.

Además, recordó que paralelamente se están trabajando otras iniciativas en asociación con la UCR para garantizar el acceso a la justicia a personas que se comunican en Lesco y en lenguas indígenas. En esta línea, Vergara explica que la etapa inicial del proyecto se concentra en el español. Pero, posteriormente, se harán propuestas en Lesco y en lenguas aborígenes.

Adicionalmente, el equipo investigador de la UCR tiene pensado reunirse con las autoridades de la Facultad de Derecho una vez obtenidos los primeros resultados de las investigaciones para explorar formas de incorporar el uso de lenguaje claro desde la formación de los futuros profesionales en esta disciplina.

“Este proyecto permite visualizar los conocimientos y las habilidades que tiene la gente de lingüística y filología respecto al lenguaje y a su utilidad de aplicación práctica en ámbitos donde, por lo general, no se nos toma en cuenta, como el Derecho y la Administración. La gente especialista en lingüística y filología tiene las capacidades y el conocimiento para mejorar lo que se está haciendo en todo lugar donde el lenguaje es fundamental para el ejercicio de una profesión y para la comunicación con la ciudadanía. Eso es muy importante porque abre campos profesionales que la mayoría de gente no considera en relación con el aporte de la lingüística y de la filología a la sociedad y a otras disciplinas”, concluyó Vergara.