Universidad de Costa Rica
Según la ONU, a diferencia de otras regiones, las niñas centroamericanas y caribeñas son sometidas, principalmente, al comercio sexual por parte de redes criminales.
Laura Rodríguez RodríguezEn este momento, millones de personas viven atrapadas en lo que hoy se conoce como la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas. Son víctimas de explotación sexual, laboral, de extracción de órganos, de servidumbre doméstica, de mendicidad, de adopciones ilegales.
Y en medio de la pandemia mundial provocada por el COVID-19 las redes criminales se han fortalecido ante el desvío de las fuerzas de seguridad estatales para atenderla, la reducción de servicios sociales y el desempleo. Todos estos factores impiden que las víctimas de la trata de personas tengan cada vez menos posibilidades de escapar estas redes criminales y pedir ayuda para su protección.
La trata de personas sigue siendo un reto en todos los países. En la mayoría de ocasiones, son abordados como casos de prostitución, proxenetismo o estados migratorios irregulares, explicó la magister Mónica Sancho Rueda, coordinadora del curso “Apoyo a la sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria y nacional en la temática de la Trata de Personas” (ED-3006), ejecutado desde el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR). “Y con la pandemia sanitaria, las personas se ven muy vulnerabilizadas por sus patronos, eso hace que sean de fácil captura o engaño por parte de tratantes, y se vuelven en víctimas potenciales. En los casos de los que se ha tenido conocimiento, ha habido un alza importante en este tipo de explotación”, comentó Sancho.
“Como parte del compromiso del CIEM en la prevención para la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, desde el año 2013 se impulsó este proyecto de acción social. Ha tenido mucho éxito, de manera que el mismo día que se abre la inscripción, queda satisfecha y con muchas personas en lista de espera; que deben esperar al próximo periodo para recibir la capacitación”, acotó Sancho.
Cada año, el ED-3006 convoca a personas profesionales y estudiantes universitarios con segundo año de carrera concluido, a participar en este curso libre y gratuito. El próximo iniciará matrícula entre los días lunes 19 y miércoles 21 de de abril, mediante el correo matriculapgtntrata.ciem @gmailkpdn.com. Los requisitos incluyen el envío de la copia de la cédula de identidad por ambos lados, expediente académico en caso de personas estudiantes, copia de los títulos universitarios y completar el formulario de inscripción.
Sancho mencionó que dadas las restricciones de presencialidad, el curso se impartirá por la plataforma UCR Global y Zoom, lo que permitirá que personas de las Sedes Regionales de las universidades participen de esta modalidad de educación continua.
El curso tiene un cupo máximo de 30 personas, a quienes obtengan una nota superior a 70% y cumplan con la asistencia se les extenderá un certificado de aprovechamiento.
Como ahondar en el tema, este año el CIEM-UCR inscribió un proyecto de investigación denominado “Apoyo a la investigación para la efectiva sanción al delito de Trata de personas, especialmente en mujeres y niñas, en Costa Rica”. El año pasado la UCR tuvo la coordinación del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas, capítulo Costa Rica.
“Este curso es un espacio muy importante por las falencias en las facultades, salir una como abogada y no tener idea de cómo funciona la trata de personas, la normativa y cómo tratar a las víctimas es terrible”, dijo María Fernanda Valverde Díaz, graduada de la Facultad de Derecho de la UCR.
Según Valverde, actualmente coordinadora de capacitació e investigació de la Fundación Justicia y Género, aseguró que entre su gremio predomina la desinformación, no solo sobre trata de personas, sino sobre derechos humanos en general. “Me parece que tiene que ver con el perfil de la Facultad de Derecho que es muy cuadrado, donde cualquier cosa nueva es difícil que cale, ni siquiera se habla de género en el derecho, menos de los derechos de las mujeres”, criticó.
Igualmente, Amanda Segura Salazar, abogada penalista y funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, recalcó que “este es un fenómeno que no hemos enfrentado como sociedad, lo creemos muy ajeno, pensamos que no nos atañe como sociedad. Además, es un tema que se ha feminizado en el conocimiento y mucho menos hay posibilidad de abordarlo en una academia tan masculinizada”.
“El curso con sus contenidos le mueve a una el piso, hay ejemplos que se comparten en clase que una ni se imagina. Ahora no puedo quedarme tranquila cuando una mujer está desaparecida por meses porque hay casos que terminan en su muerte. Creo que deben incluirse espacios formativos desde los Estudios Generales y en las Ciencias Sociales se tienen introducir contenidos necesariamente”, acotó Segura.
Para la penalista, sería ideal impartir una segunda parte del curso, llegar a personas de otras regiones no urbanas, ya sea mediante capacitación presencial o pensar en la posibilidad virtual.
“El desconocimiento es una de las mayores problemáticas. Mientras la delincuencia organizada envuelta en esta dinámica evoluciona y crea nuevos métodos para llevar a cabo sus propósitos, las instituciones y personas en general aún desconocen sobre el tema”, concluyó la magister Sancho.
La trata de personas es un delito de carácter global que victimiza principalmente a las mujeres y niñas. Pero con la pandemia provocada por el COVID-19 se incrementó los casos de trata de personas con fines de explotación laboral.
Karla RichmondSegún la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC), el 7% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. En América Central y el Caribe hay más niñas que son objeto de trata con fines de explotación sexual que en otras latitudes, llegando a un 40% de todos los casos reportados en esta región.
De acuerdo a ese ente internacional, las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre y la pandemia del coronavirus podría sumar unos 130 millones de personas más a las que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020. Esta es uno de los factores de los que las redes criminales se aprovechan para sus actividades ilícitas. Los beneficios económicos obtenidos por estas redes superan los $32 mil millones anuales, solo precedida por el narcotráfico y el comercio de armas.
El Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de trata. Costarricenses víctimas de este delito han sido localizadas en Estados Unidos, México, Guatemala, Canadá, España y Bahamas. En el país se han rescatado a personas provenientes de países como Perú, China, Cuba, Haití, Filipinas, Sudáfrica y Rusia, entre otras nacionalidades.
Entre los desafíos pendientes están la erradicación de los estigmas y los prejuicios sociales, que responsabilizan a las víctimas de su situación. Incluso, hay personas que no saben que están siendo víctimas de trata y menos conocen que existen formas para denunciar, explicó Sancho.
Algunos factores detonantes de la trata de personas son la pobreza, las crisis políticas y migratorias, las emergencias naturales, el desempleo y la violencia doméstica. Afecta a personas de todas las edades, en condiciones de discapacidad, poblaciones indígenas y en especial a latinoamericanos, asiáticos y africanos.
Desde el 2013 Costa Rica regula este delito mediante la Ley N°9095 y su reglamento. Actualmente, el país es parte del Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, un instrumento legal internacional que lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
A lo largo de los años la UCR se ha caracterizado por enfocarse en generar un impacto positivo en la sociedad formando profesionales de calidad; pero también al brindar servicios a poblaciones en condición de vulnerabilidad mediante sus programas de Acción Social. A pesar de este valioso aporte, la UCR ha generado pocos espacios de formación sobre la trata de personas. Al no visibilizarla no se puede trabajar preventivamente y mucho menos atender oportunamente, lo cual aumenta los factores de riesgo para las personas en condición de vulnerabilidad y propicia un contexto óptimo para la captación de nuevas víctimas.
A pesar de esto, el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (CIEM) realiza grandes esfuerzos de capacitación mediante su curso sobre Trata de Personas. Lamentablemente esto no es suficiente, es necesario un mayor aporte de la Universidad. Un único curso es insuficiente para atender adecuadamente a dicha población, hace falta más práctica o campos de aplicación que permitan generar un impacto inmediato en comunidades, por ejemplo, a nivel preventivo. Pero esto no se ha dado, no sólo por la falta de recursos económicos, sino también por la ausencia de conexiones entre las distintas carreras, escuelas y facultades para así preparar a profesionales sensibles a esta problemática.
Creo que es necesario crear redes entre las distintas carreras para generar espacios formativos, informativos y de intervención que faciliten el desarrollo de herramientas para prevenir la trata de personas en las comunidades. Así, este delito dejaría de verse como un hecho aislado y sería reconocido como otro tipo de violencia que sucede más cerca de lo que pensamos.