La Universidad de Costa Rica (UCR) y el sistema de educación superior pública han estado bajo ataque en los últimos meses por su posición crítica ante el proyecto de la Ley Marco de Empleo Público. Lo que está bajo ataque no es la UCR, sino la libertad que tiene para producir pensamiento crítico y diverso. Es decir, por ser una universidad en todas sus letras.
Se ha intentado posicionar como novedades, decisiones tomadas por administraciones universitarias en el pasado, son informaciones recicladas sobre las cuales la Universidad ya anunció cambios.
Lo que está detrás de esta línea editorial es sugerir que la Institución es incapaz de autorregularse y, de este modo, atacar el principio de autogobierno que está en la base de la misma Universidad para garantizar el pensamiento libre y crítico.
Esa libertad es la que ha amparado 80 años de servicio al país, de ser la institución con mayor credibilidad entre la población costarricense y de aportar en todas las ramas del conocimiento, la cultura, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, de mejorar el bienestar de la población, en conjunto con el resto de la institucionalidad pública.
He recorrido nuestros campus dejando claro que la autonomía universitaria es una garantía de la ciudadanía para continuar formando a una población crítica y activa, para seguir aportando al desarrollo y para fortalecer la democracia. No es un privilegio del que gozamos las y los universitarios.
Hace más de un año manifestaba que, como universitarios, debíamos impulsar una reforma interna que atienda las demandas legítimas que la sociedad nos plantea en materia de regionalización, servicios estudiantiles, desigualdad salarial, investigación y acción social. Desde entonces, mi compromiso es en contra de la desigualdad salarial, es a favor de “desarrollar políticas de remuneración y procesos de contratación universitaria desde una perspectiva de equidad, calidad e inclusión, con miras a combatir la desigualdad salarial actual y la precariedad laboral”, según consta en nuestro programa de gobierno.
Puedo decir con toda seguridad que la comunidad universitaria comparte un sentir generalizado de que es necesaria una reforma al régimen salarial, sobre la base de salarios dignos, que premien el desempeño y que logren la sostenibilidad financiera institucional. En otras palabras: honrar al pueblo que nos financia.
Apenas a 77 días de iniciada nuestra gestión, hemos avanzado hacia la construcción de este nuevo modelo salarial, con una comisión técnica que tendrá cuatro meses para hacer un diagnóstico y elaborar propuestas para conseguir ese gran objetivo estratégico.
Le pido a las y los diputados que juzguen a esta Administración universitaria por su pensamiento y sus acciones. Como Universidad, estamos asumiendo la responsabilidad de reorientar las decisiones de administraciones anteriores. ¡Cumpliremos con nuestra palabra!
Cuestionamos el Proyecto de Empleo Público por su debilitamiento a la división de poderes y al diseño institucional que ha contribuido al desarrollo nacional y nos han hecho un país distinto. Sabemos que esas críticas incomodan la ruta del Poder Ejecutivo y al poder mediático, pero la Universidad de Costa Rica nunca fue pensada para asumir una posición complaciente, ni con los gobernantes nacionales ni con administraciones anteriores. La crítica constructiva es nuestra naturaleza y fortaleza institucional.
Los rectores de las universidades públicas hemos conversado con diferentes actores políticos y sociales de la vida nacional con quienes hemos dialogado de forma respetuosa y transparente, salvo con el mandatario actual, Carlos Alvarado Quesada, quien no nos ha recibido.
Les pedimos a las y los señores diputados que sean visionarios, que su mirada trascienda esta visión cortoplacista y que protejan el legado constitucional que tanto se cuidó de los riesgos derivados de la concentración del poder presidencialista.
Tienen ustedes la palabra y el futuro.
Gustavo Gutiérrez Espeleta
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
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