Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses 

Laura Rodríguez Rodríguez

Más de 400 acciones colectivas se registraron en comunidades de todo el país durante el 2020, según el monitoreo realizado por el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas1 (OCAC), de la Universidad de Costa Rica. Estas acciones nos permiten aportar una mirada que se suma a la planteada en el mes de agosto por el equipo de PROTESTAS2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Según el informe construido en el OCAC fueron 431 las acciones de grupos y organizaciones de la sociedad civil que se lograron registrar durante el 2020. Denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos, recuperaciones de territorio, entre otras, buscaban la garantía de derechos humanos, la protección del ambiente, la defensa de ríos y la oposición a proyectos de ley mayoritariamente3. 

Desde el OCAC hemos sistematizado principalmente, pero no únicamente, acciones vinculadas a la defensa del ambiente (87) y de los derechos de los pueblos indígenas (121).  

En el primer caso, se muestra un panorama que choca con el discurso verde (ya bastante deslegitimado) que suele presentarse en el país. Es posible ubicar procesos organizativos por la defensa del agua y el ambiente ante la amenaza desde distintos frentes (monocultivos, deforestación, proyectos de riego, proyectos hidroeléctricos, entre otros), así como denuncias y pronunciamientos en contra de leyes que plantean retrocesos a nivel ambiental y social.

Por otro lado, en el caso de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, las denuncias tanto por la inacción del Estado para garantizar su derecho al territorio y seguridad, así como las constantes amenazas y agresiones en su contra y la impunidad por estos hechos, se han mantenido a lo largo de todo el año. Además, a esto se suman múltiples pronunciamientos y denuncias presentadas ante los desalojos planteados contra algunas de las recuperaciones en diferentes territorios. 

Un punto a tomar en consideración a partir de las acciones que se reportan en el informe es la alta presencia de las declaraciones públicas, tanto de denuncia como de pronunciamiento a través de las redes y medios monitoreados. Si bien podemos señalar que las medidas de cuarentena podrían tener un papel en esto (será un tema sobre el cual la continuación del monitoreo nos podría brindar algunas luces), también encontramos que esta se posiciona como una vía de visibilización de los diferentes conflictos. Que valga decir, muchas veces son invisibilizados por los principales medios de comunicación. 

También es posible afirmar, como lo hace el equipo de PROTESTAS (Alvarado, Cortés, Sáenz, Sánchez y Guzmán, 2020) que otros medios que toman lugar en los espacios públicos no son completamente descartados y un claro ejemplo de esto son las recuperaciones llevadas a cabo en los territorios indígenas u otras acciones como marchas, bloqueos y liberación del cauce de ríos desde comunidades.

Si bien un seguimiento mes a mes de las acciones monitoreadas permite identificar  momentos de mayor confrontación ante diferentes conflictos y problemáticas, también permiten ver que las mismas se mantienen a lo largo del año sin interrupción. Es así, que si bien la pandemia ha marcado cambios en muchísimas dinámicas sociales, procesos como el despojo, la contaminación, la violación de derechos de los pueblos indígenas y la amenaza a los bienes comunes se mantienen vigentes. Esto en muchas ocasiones y según señalan los diferentes grupos que protestan, con el favor del Estado costarricense, ya sea por acción u omisión. 

Ninguno de los conflictos o problemáticas desde donde surgen las acciones reportadas son recientes. En tan solo la última década (aunque podríamos mapear bastante más atrás en el tiempo) se registran más de 20 proyectos hidroeléctricos propuestos solamente en la zona sur del país, múltiples denuncias a empresas dedicadas al monocultivo por afectaciones en comunidades y zonas protegidas y un alto número de amenazas y actos de violencia (incluido el asesinato) en contra de personas indígenas y sus derechos. Esto último principal, pero no únicamente en las comunidades de Salitre y Chiná Kichá.

Es importante señalar que estos proyectos, muchas veces vienen entretejidos y acompañados de leyes o propuestas de ley que amenazan los diferentes territorios. Todo esto pone en evidencia la tensión existente entre un modelo de desarrollo impuesto y las necesidades y apuestas diferentes a las planteadas desde el gobierno que surgen desde muchas comunidades. 

El informe de OCAC sobre las acciones comunitarias, se extrae del monitoreo de medios y organizaciones como “Surcos Digital”, “Radio Machete”, “La Voz de Guanacaste”,  Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS), FECON, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua - Puntarenas, Movimiento Ríos Vivos, Coordinadora Norte Tierra y Libertad (CNTL) y Ditsö.  Dicho trabajo se suma al monitoreo de acciones colectivas a nivel nacional realizado desde la base de datos Protestas. Todos los documentos, informes y gráficos se encuentran disponibles en los enlaces https://protestas.iis.ucr.ac.cr y https://accionescolectivas.ucr.ac.cr

1.      Proyecto parte del Programa Nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

2.      Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe Marzo-Julio 2020. Disponible en https://protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/199

3.      Informe Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas 2020. Disponible en: https://accionescolectivas.ucr.ac.cr/images/Informe_Anual_2020.pdf