Laura Rodríguez Rodríguez

La Ciencia es una actividad social. Por esa razón, para comprender las demandas sociales de investigación científica y de producción de conocimiento, es necesario que haya una interacción entre todos los campos que lo producen: las Ciencias, las Humanidades, las Ingenierías y las Ciencias Sociales, lo que ayudará a una mejor aproximación al problema del desarrollo científico y tecnológico y coadyuvará en su gestión, al favorecer el diálogo entre Ciencia y Sociedad.  Deberíamos tener la claridad para internalizar que los científicos y las científicas deben ser reconocidos como expertos, cuyo criterio puede orientar y generar pensamiento crítico sobre la gobernanza de la Ciencia, con la finalidad de construir políticas científicas, tecnológicas y de innovación en cuya formulación también deben participar los diversos sectores de la sociedad costarricense, sin perder de vista el contexto mundial.

Lo anterior, tal y como se ha planteado en otras latitudes, puede generar un novedoso contrato entre la Ciencia, los científicos y las científicas, las universidades, las industrias, las empresas, los gobiernos y, por otra parte, la Sociedad, los grupos de presión y el público, los ciudadanos y las ciudadanas. El obstáculo de fondo para lograr esta interacción tiene que ver con el hecho de que la Ciencia también es poder. En nuestro país, generalmente se ha perdido de vista el hecho de que el reformismo neoliberal impulsado después de la Crisis de 1980 había sido lento, en comparación con otras naciones latinoamericanas, sin embargo, este ha sido de amplio espectro, por lo que en su agenda también se ha incluido la transformación de la Ciencia.

En Costa Rica, un proceso de “endogenización tecnológica” permitió orientar esfuerzos tanto en las políticas de Estado de mediano y largo plazo, como en la articulación con sectores estratégicos vinculados a la producción, en busca de condiciones más favorables para la implantación de iniciativas de inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D+i). Es decir, esta agenda se encuentra presente al menos desde la reformulación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), a inicios de la década de 1990. En 2006 se creó la primera “Comisión Especial”, en la Asamblea Legislativa, para tratar el tema del desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero dependiente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y, si bien realizó un esfuerzo por convocar a algunos actores estratégicos del país, no convocó a la ciudadanía en general y priorizó la inclusión de actores científicos y empresariales. De ahí la visión “desde arriba” que se manejó sobre esta problemática en dicho órgano político.

Esta es una problemática harto tratada por el campo de los estudios sociales de la ciencia: es a partir de políticas sustentadas en la retórica de la innovación que se genera la formulación de políticas públicas, con importantes déficits democráticos, mientras que el proceso de diálogo entre los hacedores de políticas y la sociedad civil permanece poco claro. En este esquema, la preocupación por formular políticas de ciencia, tecnología e innovación que busquen paliar la profundización de las brechas sociales y la apropiación ciudadana de la innovación tecnológica, está obviamente fuera del plano central de la inminente creación de la Promotora Costarricense de Innovación, tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley con el que se sustituirá al CONICIT, perdiendo la oportunidad de democratizar y transformar la histórica relación ciencia-sociedad.

El contexto internacional, donde algunos organismos financieros y think tanks vinculados con la Ciencia y sobre todo con la Economía de la Innovación, ha ido marcando una tendencia que favorece el modelo lineal de innovación, que privilegia un elemento retórico y lineal, según el cual los procesos de innovación se sustentan en la investigación básica, que pasan luego a la investigación aplicada y al desarrollo experimental y finalmente se transforman en innovaciones que llegan al Mercado, como han planteado Pablo Kreimer y Juan Zabala. 

A esto le agregan otro elemento retórico: las políticas científicas neoliberales en América Latina señalan la producción de conocimiento como insumo para la resolución de problemas sociales. Pero en ningún momento dejan claro ¿cuándo le preguntaron a la sociedad cuáles son sus problemas sociales? Esto debido a que en el reformismo neoliberal el mercado se constituye en el elemento que supuestamente cohesiona a la sociedad. Pero el modelo lineal de innovación se planteó en 1945 y existen muchas visiones críticas sobre este, así como visiones alternativas; y está claro que el mercado es una institución que tiene grandes limitaciones para resolver “problemas sociales” que, en buena parte, ha contribuido a crear.

No debemos perder de vista que el conocimiento no es creado en forma aislada, que el mercado no es el único ente que puede plantear demandas de conocimiento y que las empresas innovan en tanto se vinculan con competidores, proveedores, clientes y con una diversidad de instituciones, como ha dejado claro Eduardo Mallo. Es más, en los países latinoamericanos también innovan otros actores institucionales, fundamentalmente las universidades públicas. Tomemos como referencia todos los esfuerzos interinstitucionales (con un importante financiamiento público) que se han tomado para desarrollar tratamientos y vacunas contra el virus SARS-Cov-2, impulsando la investigación y la innovación de la biomedicina, como han argumentado Bhaven N. Sampat y Kenneth C. Shadlen en un reciente artículo.

Por esta razón, es importante tomar en cuenta que la Innovación es un proceso que vincula la Investigación y el Desarrollo (I+D+i), que debe transmitirse por medio de la educación y que estos pilares se deben potenciar por medio de políticas de Ciencia y Tecnología, según indica José Luis Mateo y que, agregaremos nosotros, estas políticas deben orientarse a generar inclusión social, así como cohesión social. Por lo tanto, la innovación es un proceso social, en el que deben intervenir actores y actoras diversos y no solamente las empresas que, en la historia de nuestro país, contrario a la experiencia estadounidense, no han invertido de manera fuerte en I+D+i. 

Desde que se publicaron las primeras estadísticas sobre Ciencia y Tecnología en Costa Rica, en la década de 1970, se ha destacado el papel de liderazgo que han asumido las universidades públicas y las unidades de investigación del sector público en la inversión en I+D+i. En contraste, la iniciativa privada más bien ha sido baja: la inversión privada representó solo el 21,4 por ciento de la inversión nacional costarricense en I+D durante 2011, de acuerdo a datos del Estado de la Nación. Si las empresas se encargan de fomentar la innovación, con fondos públicos, reforzaríamos la línea de la corporativización de la ciencia en Costa Rica, como lo han estudiado Randall Blanco y Viviana Guerrero (ver la reciente publicación del libro: ¿Son públicas las políticas públicas? Las redes de poder en Costa Rica en la ciencia y la tecnología), entre otras personas investigadoras que han contribuido a estudiar la “otra cara” del discurso de innovación en el país.

Con base en un análisis pormenorizado del texto del proyecto, el Dr. José María Gutiérrez apuntó en este mismo foro de Voz Experta el carácter problemático de su posible ratificación en segundo debate, en el tanto la creación de la Promotora deja desatendidos una serie de debates en torno al régimen de representación pretendido y a la asunción acrítica del modelo lineal de innovación. Consideramos que la propuesta legislativa, ya aprobada, ignora abiertamente toda una tradición crítica formulada en América Latina desde los estudios CTS, que se puede rastrear desde la década de 1960, que evidencia en varias latitudes la repetición de esquemas moldeados por una visión tecnocrática que necesita una mayor discusión sobre temáticas como la participación de actores sociales y estratégicos; la gobernabilidad y la calidad de vida requerida, a partir de un enfoque que se tome en serio el acceso a las oportunidades, a los recursos y el impacto social de la investigación científica. Paradójicamente se está transformando la institucionalidad sobre ciencia y tecnología, desatendiendo las propias problemáticas que la ciencia ha señalado sobre el tema.

Es necesario promover nuevos espacios para la democratización de la innovación en la sociedad civil, no solo en Costa Rica, sino en toda la región centroamericana, la cual sigue presentando "déficits de implementación" de políticas científicas, cortoplacismo e inestabilidad de líneas de acuerdo con cambios de gobierno, entre otros problemas. Esos espacios deben de estar compuestos por actores diversos, que no se limiten únicamente a los actores académicos y empresariales.

Por lo anterior, la verificación de la implementación de las políticas científicas de cohesión e inclusión social debe avanzar a un siguiente nivel, que dé cuenta de los mecanismos de participación ejecutados en la materia, al tiempo que potencie la construcción de una cultura política de retroalimentación entre los diferentes sectores que componen la sociedad, más allá del predominio empresarial. Es ahí donde las universidades públicas del país deben avanzar como actoras fundamentales de la innovación, pero también de la I+D con su visión de poder contribuir con la cohesión social, que se ha venido debilitando en el contexto del reformismo neoliberal, donde la desigualdad creciente y la pobreza se están tratando de naturalizar, y donde el mercado se está convirtiendo en el principal regulador de la ciencia y la tecnología.