24 feb 2021Gestión UCR

 

Más allá de defender el principio de autonomía de las universidades públicas, representantes estudiantiles, docentes y administrativos se dieron cita en la Plaza de la Democracia desde las 10 a.m. para alzar la voz en contra del proyecto de Ley Marco del Empleo Público por considerarlo lesivo de la Constitución Política y del estado social de derecho.

La actividad inició con las palabras de Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), quien recordó algunos de los aportes que realizan las universidades estatales en materia de movilidad social.

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De acuerdo con González, estas instituciones cuentan con más 110 000 estudiantes. De ellos, el 52% tiene algún tipo de beca y el 68% son los primeros en su familia en cursar una carrera universitaria. Además, subrayó que cerca del 80% del estudiantado universitario proviene de colegios públicos y que la mayoría de la investigación que se desarrolla en el país se hace en las universidades estatales.

“La universidad pública es, por excelencia, un centro cultural de producción de conocimiento, de ciencia, de tecnología. Pero, también de discusión crítica y análisis social. La universidad pública no puede renunciar a su posición crítica de aquellos proyectos que van en contra de la equidad y de tener un Estado más justo y solidario. […] Este proyecto que viene cocinándose desde hace más de año y medio no es consecuente con la necesidad de tener un sistema de empleo público que responda a los nuevos contextos sociales. Estamos aquí no para defender salarios. Reconocemos que las universidades tenemos que hacer análisis en ese sentido y lo estamos haciendo. Pero, no podemos permitir que este proyecto violente la Constitución Política como pretende hacerlo”, enfatizó González.

Por su parte, Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), destacó que la concentración convocada es el resultado de un acuerdo entre el Conare, los cinco consejos universitarios, las cinco federaciones de estudiantes y los sindicatos de las universidades públicas, para pronunciarse en defensa del estado social de derecho costarricense y del orden constitucional. “No se trata solo de la exclusión de las universidades públicas de este proyecto, es mucho más que eso”, aseveró.

Gutiérrez se mostró satisfecho por la convocatoria y por el trabajo unido y consensuado de las cinco universidades públicas en contra del proyecto de Ley Marco del Empleo Público. Sin embargo, señaló que será necesario pensar en más alianzas con otros sectores de país, como sindicatos y sectores empresariales para que las que universidades estatales sigan contribuyendo al desarrollo del país.

“Abiertamente le hemos preguntado a los señores diputados y a las señoras diputadas ¿por qué insisten en un proyecto de ley que violenta la Constitución Política y los derechos humanos? Su respuesta ha sido que la Sala Constitucional es la que tendrá que decidirlo después de la votación en el plenario”, agregó Gutiérrez.

Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Tecnológico de Costa Rica, mencionó que el propósito de la manifestación es mostrarle a la Asamblea Legislativa que el proyecto de ley en discusión no es conveniente para las universidades, particularmente en las restricciones que se ponen en la toma de decisiones sobre cómo contratar profesores, trasladando esa responsabilidad a otras dependencias.

José Carlos Chinchilla, docente de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, explicó en su discurso que la autonomía universitaria estipulada en la Constitución Política no es una prebenda para instituciones de educación superior, sino una garantía para el país de que va a prevalecer la razón, el conocimiento, la sensibilidad frente al arte y a las ideas libres del mundo.

“La Constitución de 1949 se planteó que las manos de los políticos no podían condicionar el empleo público, menos aún que podían tomar las universidades. Esa misma Constitución asumió un principio básico sobre el cual se construyó y es que todas las personas somos responsables de las otras personas y que el Estado, como condensación de este pueblo y de este pensamiento, debía tener la capacidad de responder para que ni una sola persona que habite en este país tenga condiciones de vida denigrantes. Eso es lo esencial de nuestra Constitución y para ello se dan regímenes especiales dentro de esta, para que la política no sea la dueña de las instituciones y la gente sí tenga el derecho a la mejor calidad de servicio”, afirmó Chinchilla.

Rosibel Orozco Vargas, directora de la Sede del Atlántico de la UCR, subrayó la necesidad de que todas las universidades públicas, así como sus sedes y recintos, sigan haciendo un solo frente de lucha contra el proyecto de Ley Marco del Empleo Público en virtud de que la afectación será generalizada en el caso de ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Anotó que, en el caso de las sedes regionales, ya existen dificultades a nivel presupuestario y para solventar necesidades administrativas de apoyo a la academia. “Creemos en la necesidad de apoyar esta convocatoria en defensa de un estado social de derecho, de la autonomía universitaria y de la educación superior de Costa Rica”, puntualizó.

Adriano Corrales Arias, docente del Campus Tecnológico Local San José, advirtió que la manifestación no debe restringirse a las cinco universidades públicas, sino que debe convertirse en un reclamo nacional porque, más allá de defender la autonomía universitaria y los salarios de los empleados públicos, se trata de resguardar la institucionalidad y la Constitución Política que, a su criterio, está siendo completamente agredida por un grupo de diputados que desconocen la historia institucional del país.

“Si esta ley es aprobada se trae abajo muchos años de conquistas sociales y la institucionalidad del país. Se trae abajo la autonomía universitaria, la autonomía municipal y la de varias instituciones descentralizadas. Pero, también se trae abajo toda una construcción de un estado social que ha venido respondiendo a la sociedad costarricense”, alertó Corrales.

 

 

 

 

“Estoy aquí porque el proyecto de empleo público que tiene a Asamblea Legislativa atenta contra la autonomía de las universidades y contra la Constitución. Y la ley no es algo que uno puede escoger cuando quiere o no, sino que es algo que se debe respetar. Entonces, no es un criterio subjetivo de los diputados. El puesto no les da para hacer interpretaciones subjetivas de cuando quiero aplicar la ley o cuando no. Esto puede abrir un portillo muy peligroso para el país por donde se asome el autoritarismo y el gobierno de turno acomode la ley a su gusto y conveniencia”, manifestó Rosberly Rojas, investigadora en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El compositor e investigador de la música popular costarricense Manuel Monestel Ramírez también se hizo presente en la cita de las universidades. Para Monestel, el problema de fondo no son los salarios de los empleados públicos, que ya las universidades están atendiendo, sino un movimiento neoliberal que pretende derribar toda la reforma social que se dio a partir de mediados del siglo pasado. “Esa estatua de José Figueres, aquí en la Plaza de la Democracia, pierde contenido en este momento con lo que están haciendo los diputados, bien podrían quitarla porque ya no tiene el sentido que debería tener”, sentenció.

“Estoy aquí por un deber cívico e histórico. Creo en las grandes luchas sociales que se dieron en este país durante el siglo XX. Creo que la Constitución es muy clara en torno a la autonomía universitaria y estos proyectos de ley atentan contra la Constitución, que es nuestro marco de referencia para ser un país organizado y civilista. Sin autonomía, el desarrollo científico y artístico, la investigación y la acción social, lo que la universidad le devuelve a la sociedad, se verían minimizados y debilitados”, remarcó Monestel.

Posición estudiantil

A la actividad asistieron representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas, las cuales también manifestaron su oposición al proyecto y subrayaron la necesidad de regular los salarios a lo interno de las casas de estudio superior.

“Somos conscientes de que es necesario una reforma al empleo público que busque mejorar la prestación de servicios públicos de las distintas instituciones del Estado, pero este proyecto de ley no está basado en esa mejora, sino en una lógica fiscalista, de recorte, para tratar de atender el déficit fiscal, aunque no existen estudios técnicos de cuál sería el posible aporte de la aprobación de esta ley al problema del déficit”, resaltó Ana Catalina Chaves Arias, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr).

Para Chaves el proyecto de Ley Marco del Empleo Público pone en peligro no solo a las universidades públicas, sino a toda la institucionalidad pública, porque amenaza principios constitucionales que se instauraron para resguardar a las instituciones de los vaivenes e intereses de los gobiernos de turno y de la clase social hegemónica. “Estamos en defensa de la vida digna, de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, de las conquistas sociales a través de la Constitución Política y no estamos en la disposición de ceder estos derechos ni nuestros principios”, aseveró Chaves.

Similar criterio externó Diego Solano, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional (UTN). Para él, se está violentando el principio constitucional de la autonomía universitaria, aunque también reconoce que las universidades deben hacer reformas en sus sistemas salariales. “Ese es el compromiso que tiene Conare y que firmó el lunes pasado junto con las representaciones estudiantiles. Eso estuvo supeditado a una serie de propuestas que presentamos a los rectores y que tienen el fiel compromiso de reunirse la próxima semana para atender cada una de nuestras petitorias”, añadió.

De acuerdo con Solano, las representaciones estudiantiles se reunirán en las próximas horas para definir nuevos mecanismos y estrategias para involucrar a más estudiantes en este movimiento contra el proyecto de ley que se está analizando en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Jazmín Arroyo, estudiante de la maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo y miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), mencionó que la manifestación es importante porque se trata de defender el estado social de derecho y a las universidades públicas en su quehacer. “Sin embargo, reconozco que hay reformas que se deben hacer dentro del marco de la autonomía y que debe ser responsabilidad de las universidades”, aclaró.

Arroyo se mostró satisfecha con la cantidad de estudiantes presentes en la concentración, a pesar de que la mayoría se encuentran estudiando de forma virtual en zonas alejadas a la capital por motivos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.