Universidad de Costa Rica
En una muy esperada decisión dada a conocer el pasado 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI tiene plena jurisdicción para conocer las exacciones cometidas por Israel en todos los territorios palestinos, sin excepción de ningún tipo (véanse los comunicados de prensa de la CPI en inglés y en francés).
Como era previsible, esta decisión fue rechazada el mismo día por Estados Unidos (véase la declaración oficial del Departamento de Estado) y provocó las ya habituales gesticulaciones de las máximas autoridades de Israel contra la CPI, a la que acusan de ser antisemita (véase el artículo de prensa publicado en el Washington Post).
Por parte de Naciones Unidas, el relator especial de tal organización —al referirse a la situación en el territorio palestino— afirmó que:
"Cette décision ouvre la porte à ce que des allégations crédibles de crimes relevant du Statut de Rome fassent enfin l'objet d'une enquête et puissent éventuellement atteindre le stade du procès devant la CPI" (véase el comunicado de prensa de Naciones Unidas, del 9 de febrero del 2021).
Por parte de la sociedad civil, son varias las organizaciones que expresaron su profunda satisfacción con esta decisión. Remitimos a nuestros estimables lectores al comunicado de prensa de Human Rights Watch, al comunicado de Amnesty International y a la declaración hecha por la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), entre muchos otros textos.
La Sala de lo Preliminar de la CPI estuvo integrada por tres miembros: una jueza (oriunda de Benín) y dos jueces (de Francia y de Hungría). Esta fue presidida por el juez húngaro, quien optó por separarse del criterio de sus dos colegas.
En su larga sentencia (véase el texto completo de 60 páginas), la Sala de la CPI concluye en su parte dispositiva que:
"-that Palestine is a State Party to the Statute; (...)
-by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute; and (...)
-by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem".
Como se puede observar, dos jueces de los tres optaron por considerar que la justicia penal internacional es competente para examinar lo que ocurre en todos los territorios palestinos, incluyendo Gaza y Jerusalén Oriental: un escenario particularmente temido por Israel.
Al no ser parte al Estatuto de Roma que crea la CPI, Israel y Estados Unidos habían logrado encontrar a Estados —que sí son parte— para intentar (mediante la presentación de opiniones jurídicas a la CPI, denominadas "amicus curiae") convencer a los jueces de que debían declarar a la CPI incompetente, recurriendo a tecnicismos jurídicos bastante cuestionables.
De 123 Estados Partes al Estatuto de Roma (véase el registro oficial), fueron únicamente Alemania, Australia, Austria, Brasil, Hungría, República Checa y Uganda los Estados que se sintieron obligados a auxiliar a Israel. Estos buscaron —en sus respectivos amici curiae presentados en La Haya— llevar a la CPI a declararse incompetente y a limitar su competencia territorial, pero no lograron mayores éxitos en su gestión.
El documento presentado por Brasil resulta de cierto interés para el jurista (véase el texto completo), pues se trata de un Estado que, a diferencia de los demás, sí reconoce a Palestina como Estado. El hecho de que un Estado Parte al Estatuto de Roma —que reconoce a Palestina como Estado (desde el 2010)— explique por qué la CPI no es competente conlleva ciertamente un osado ejercicio de creatividad, raramente observado.
Desde la perspectiva jurídica, la consistencia de unos y otros se puede también apreciar si se considera que de los siete Estados precitados, tres de ellos (Austria, Brasil y Uganda) votaron a favor de la resolución 67/19 de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptada en noviembre del 2012 (véase el texto y registro de la votación obtenida), en la cual se le reconoce a Palestina el estatuto de "Estado Observador No Miembro"; al tiempo que otros tres se abstuvieron en esa misma votación (Alemania, Australia y Hungría).
Resulta también oportuno recordar que, en un comunicado de prensa de marzo del 2020 (véase el texto completo), Amnesty Internacional (AI) había advertido a la opinión pública sobre la maniobra de este pequeño grupo de Estados cercanos a Israel, a la vez que señaló otra solapada presión ejercida, esta vez por Canadá:
"We are also deeply concerned by news reports that one state party, namely Canada, has “reminded the Court” of its provision of budgetary resources in a letter to the ICC concerning its jurisdiction over the “situation in Palestine”, which appears to be a threat to withdraw financial support".
Se ha intentado obtener una versión integral de esta carta emitida por Canadá, pero todo pareciera indicar que este documento oficial enviado por tal país a la CPI no será público, a pesar de que fue una organización cercana a Israel en Canadá la primera en haber informado sobre su existencia (véase la nota de la organización CJNews, del 26 de febrero del 2020). A menos, claro está, que organizaciones de la sociedad civil canadiense no solamente denuncien la burda maniobra (véase, por ejemplo, este comunicado de CJPME, del 3 de marzo del 2020), sino que además exijan a sus autoridades darla a conocer de manera integral, de manera que la opinión pública tenga claridad sobre lo que es capaz de hacer Canadá para proteger a Israel.
Habíamos tenido la oportunidad de analizar el alcance de la demanda presentada por Palestina en el 2018, así como los intentos (desesperados) de Israel y de sus aliados para evitar a toda costa que se concretara lo que se escuchó en La Haya este 5 de febrero del 2021 y que viene a confirmar en todos sus extremos la interpretación hecha por la Fiscalía de la misma CPI (véase nuestra breve nota titulada "Solicitud de investigación contra exacciones militares israelíes procede en todos los territorios palestinos, Gaza incluida. Fiscal de la Corte Penal Internacional", publicada en el Portal de la UCR, sección Voz Experta, edición del 12 de mayo del 2020, disponible en este enlace).
Entre las diversas opiniones remitidas a la CPI por especialistas en derecho internacional público, destacan los argumentos jurídicos presentados por el profesor Richard A. Falk, de la Universidad de Princeton (véase el texto), y la del profesor John Quigley, de la Universidad de Ohio (véase el texto).
Cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, el primer ministro y el ministro de Defensa en Israel no encontraron mejor argumento que el de descalificar a la CPI indicando que es antisemita (véase la nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters). Ello como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí que ya no impresionan mayormente.
Hay que tener presente que Israel pudo beneficiarse, como nunca antes en la historia, de un ocupante de la Casa Blanca (hasta enero del 2021) dispuesto a satisfacer cada una de sus pretensiones y de sus caprichos, tanto en el plano bilateral como multilateral. Como parte del abanico de presiones ejercidas sobre la CPI, Estados Unidos adoptó de manera insólita sanciones contra el personal mismo de la CPI en junio del 2020, hecho que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota titulada "A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)", disponible en este enlace).
Anteriormente, como expresión de solidaridad absoluta con Israel, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos cuando este órgano de Naciones Unidas votó una resolución y creó un mecanismo para investigar las exacciones israelíes contra los manifestantes palestinos que participaron a la denominada "Marcha del Retorno", en junio del 2018 (véase al respecto nuestra breve nota titulada "El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes", disponible en este enlace).
Más allá de las posturas, vociferaciones y de las amenazas puestas a ejecución por el aliado norteamericano, en julio del 2020 se filtró en la prensa israelí que las autoridades preparaban una lista secreta de cientos de integrantes de sus fuerzas de seguridad involucrados en actos susceptibles de calificar como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad (véase la nota de Haaretz del 16 de julio del 2020 titulada "Israel drafts secret list of hundred of officials who may stand trial at Internacional Court" y esta otra nota publicada en la misma fecha en The Times of Israel).
Se trata de militares israelíes a quienes sus autoridades posiblemente les expliquen qué implica ver sus nombres enlistados en una investigación de la CPI, cuáles destinos en el extranjero deberán evitar mientras la justicia nacional tiene la posibilidad de ordenar su arresto en caso de existir una orden por parte de la CPI. Esto sin descartar que se les sugieran diversos mecanismos para complicar su identificación en sus documentos de identidad. Desde ya, se debe tener muy presente que Israel como Estado no cooperará con la justicia penal internacional de La Haya y que es previsible que todo su aparato estatal busque la forma de proteger a sus nacionales si son requeridos por la justicia penal internacional.
Más allá de lo que Israel haya previsto para proteger a sus nacionales del juez penal internacional de La Haya, esta sentencia del 5 de febrero del 2021 viene a finalizar un largo recorrido procesal —que inició desde la solicitud de investigación preliminar presentada en mayo del 2018 por Palestina (véase el cronograma seguido en este documento oficial de Naciones Unidas)— y a abrir una nueva y decisiva etapa.
En su análisis de la decisión del 5 de febrero de la Sala de la CPI (véase el texto completo cuya lectura recomendamos), François Dubuisson, profesor de Derecho Internacional Público de la Université Libre de Bruxelles (ULB), señala que:
"Même si la tenue d’un procès à La Haye envers des responsables israéliens peut s’avérer très hypothétique, la simple mise en accusation ou la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’égard de divers hauts responsables israéliens, militaires ou politiques, serait déjà porteuses d’une grande force symbolique, susceptible de mettre une certaine pression sur les Etats occidentaux, alliés de l’Etat d’Israël".
En efecto, con esta decisión, la justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino desde el mes de junio del 2014, hechos que tienen enlutadas a tantas familias en Palestina. Desde entonces, ellas esperan y claman por justicia.
El hecho de que una jurisdicción internacional como la CPI —por primera vez en la historia del derecho internacional público— se pronuncie sobre el estatuto de Palestina como Estado y acepte examinar lo que ocurre dentro de su territorio confiere a esta decisión un alcance ya no solamente jurídico, sino altamente simbólico y esperanzador.
Una versión de este texto fue editada en Francia en Le Monde du Droit y está disponible en este enlace.
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