Este año, la Agencia de Naciones Unidas a cargo de la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) publicó su informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. En él nos brinda un sobrio llamado de atención a los impactos actuales de desastres de origen hidrometeorológico en nuestra región.
Se calcula que el 53 % de las pérdidas económicas por desastres de origen climático a nivel mundial se produjo en América Latina y el Caribe, con apenas el 9 % de la población mundial, y en donde 340 millones de personas viven en ciudades altamente vulnerables a desastres. Se estima también que las pérdidas por desastres representan un 1,5 % del producto interno bruto (PIB) regional de América Latina y el Caribe (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), 2021, Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe).
Para llevarlo a la realidad nacional, la tormenta tropical Nate, del 2017, dejó pérdidas económicas equivalentes al 1 % del PIB/anual (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 2018).
Claramente, somos vulnerables ante las inclemencias del tiempo de hoy. Y, con los efectos adversos de la variabilidad y del cambio, estas pérdidas y los daños se potenciarán.
Desde su creación en 1992, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se definieron dos pilares de acción para evitar “interferencias peligrosas al sistema climático mundial”: la mitigación mediante la reducción de emisiones y la adaptación con medidas para enfrentar los efectos adversos inevitables del cambio climático.
A lo largo de más de 26 años, la Conferencia de las Partes (COP) se ha reunido anualmente desde 1994, con la única excepción en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19. La Convención Marco ha sido el único espacio internacional para discutir y acordar acciones concertadas para enfrentar la crisis climática. Y, como tal, sigue siendo el espacio legítimo para forjar un régimen climático internacional, que permite poner en común los conocimientos científicos y técnicos y articular las voluntades políticas de los 195 países que conforman el sistema internacional.
Por otro lado, muchos observadores asiduos o no a estas grandes reuniones internacionales se han unido a voces cada vez más estridentes desde los movimientos de juventud, como las redes de científicos, para denunciar que, a pesar de las COP, las emisiones siguen en aumento, al mismo ritmo que la temperatura del planeta y los eventos extremos son cada vez más mortíferos y dañinos.
En Glasgow, el pasado mes de noviembre, en torno a la COP26, estas voces fueron aún más claras al demandar una acción urgente.
Entre los temas emergentes durante esta Conferencia, figura el de pérdidas y daños; es decir, cómo vamos a enfrentar las pérdidas que no podemos prevenir mediante la adaptación al cambio climático.
Como ha sido el caso a menudo en la Convención Marco, los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) marcan periódicamente las negociaciones con datos inapelables sobre los efectos del cambio climático y los escenarios de aumento de emisiones y de temperatura.
En el 2011, el IPCC publicó su Informe especial sobre riesgo de desastre por eventos climáticos extremos. Entre los autores del evento, figura nuestro colega y amigo, el Dr. Allan Lavell, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Costa Rica), premio Sasakawa 2016.
A raíz de este reporte, se creó un grupo de trabajo sobre pérdidas y daños inevitables por el cambio climático, que desembocó en el 2013 en el Mecanismo Internacional de Varsovia, que es la instancia que permite a las Partes discutir, analizar y proponer soluciones para los países más vulnerables al cambio climático, como lo son, por ejemplo, los pequeños estados insulares.
Del Mecanismo de Varsovia se desprenden cinco programas de trabajo en temas tan distintos como los eventos de lenta manifestación (como el aumento en el nivel del mar), pérdidas no económicas cuando impacta patrimonios materiales e inmateriales de poblaciones humanas expuestas, el papel de los seguros y reaseguros en la transferencia del riesgo climático y una gestión integrada del riesgo de desastres.
En la COP21 en París, en el 2015, se logró negociar en bloque con el G77+China y se logró incorporar un artículo aparte (Art. 8) del Acuerdo de París sobre Pérdidas y Daños. Como pie de nota en la decisión de dicho Acuerdo, se incluyó en el párrafo 51 una cláusula excluyendo la posibilidad de usar el Art. 8 para fines legales, ya que “no implica ni proporciona una base para ninguna responsabilidad o compensación” (Decisión 1./CP21).
El mecanismo de Varsovia fue evaluado a sus cinco años de funcionamiento en el 2019. Entre los temas que emergieron de la discusión durante la COP25 de Chile (en Madrid), estuvo el del apoyo y la acción (action and support). De ahí nació la Red de Santiago (2019) que busca acelerar el acceso a asistencia técnica de parte de los países en desarrollo, para enfrentar las pérdidas y daños inevitables producto de los efectos adversos del cambio climático.
La ciencia de la atribución es una de las ramas emergentes de investigación que busca evaluar y atribuir los impactos registrados al cambio climático, diferenciándolos de los impactos producto del riesgo extensivo que ya preexiste al cambio climático. Sin duda, una agenda urgente de investigación.
En la COP26, uno de los temas de agenda fue la discusión de la puesta en operación de la Red de Santiago y la definición de sus funciones. Los países en desarrollo, a través de la vocería única del G77+China, que agrupa a 134 países, exigieron (además de asistencia técnica) que los países más vulnerables ante pérdidas y daños requerían de un mecanismo financiero propio, que les permitiera recuperarse de los impactos y construir resiliencia. Ante esta exigencia, las naciones desarrolladas se mostraron reacias a abrir una nueva entidad financiera bajo la Convención Marco (como el Fondo por el Medio Ambiente Mundial (GEF) o el Fondo Verde del Clima).
Estas negociaciones ocurrieron en las últimas horas previas al cierre de la COP, el 12 de noviembre pasado, las cuales tuve el privilegio de facilitar como negociador costarricense. Fueron duras y se dieron bajo presión, junto con los otros temas álgidos de la COP26, como las finanzas y los mercados.
Pero en el tema de pérdidas y daños, me atrevería a mantener un cierto optimismo, ya que logramos por un lado definir las funciones de la Red de Santiago, aunque el tema, no menor, del financiamiento para pérdidas y daños, solo logró una mención en un párrafo (73) que plantea crear el Diálogo de Glasgow, para avanzar durante el 2022 en esta discusión.
Entre los resultados positivos de la COP26, está que por primera vez el tema de pérdidas y daños aparece en el cuerpo de la Cover Decision en el texto final de la Declaración del Pacto de Glasgow.
Si bien no se concluyó sobre el tema del financiamiento para pérdidas y daños, quedó lanzada la discusión por común acuerdo de las partes. Una victoria pírrica, algunos críticos dirán. Si embargo, no cabe duda de que el tema de pérdidas y daños está en la agenda de la COP y se ha convertido, desde el Acuerdo de París 2015, en uno de los ejes urgentemente necesarios de la acción climática.
En cambio, uno de los asuntos pospuestos por la COP26 fue la gobernanza del Mecanismo Internacional de Varsovia, que por el Art. 8. reporta únicamente a la Conferencia de las Partes al Acuerdo de París (CMA) y no a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco (la COP). Para muchos países del G77+China, el Mecanismo de Varsovia debe reportar ante ambos órganos, ya que la COP incluye a más estados partes (que no han ratificado el Acuerdo de París) y, sobre todo, no están regidos bajo este Acuerdo.
Desde luego, el elefante blanco sentado en media sala en Glasgow, cual monstruo del Loch Ness, es el tema de las compensaciones y reparaciones por los impactos inevitables del cambio climático. Aunque por la artimaña del párrafo 51 del Acuerdo de París, no se puede instrumentar el Art. 8 para pedir compensación y retribución por los daños y las pérdidas ocasionadas por el cambio climático.
Para los países en desarrollo está claro que conforme los impactos del cambio climático se vayan manifestando, mayores serán las pérdidas. También hay en el fondo responsabilidades comunes pero diferenciadas por daños ocasionados.
Es un caso flagrante de justicia climática y, como tal, constituye un tema contencioso en el marco de negociaciones marcadas por la necesidad del consenso.
Para concluir, quiero recordar que en América Latina y el Caribe el 93 % de los 1 786 eventos de desastres registrados fueron de origen climático. Más de una cuarta parte de las vidas humanas perdidas se debieron a eventos climáticos (UNDRR 2021).
El cambio climático y sus efectos en la variabilidad climática y los eventos extremos nos están ya generando pérdidas y daños. Y los mayores daños están por venir.
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