Dra. Montserrat Sagot Rodríguez Anel Kenjekeeva

La violencia contra las mujeres ha sido identificada como un problema social de grandes dimensiones que emerge de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género en sus intersecciones con otras categorías como la clase social, la edad, la etnicidad, la localización geográfica y la sexualidad. Es también una manifestación extrema de la discriminación, una violación a los derechos humanos, un problema de salud pública, de seguridad ciudadana y un instrumento letal para mantener la subordinación de las mujeres y de otros cuerpos feminizados.

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, esta forma de violencia debe ser entendida como “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” e incluye “cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Desde inicios de la década de los años 80 del siglo XX la violencia contra las mujeres fue identificada por el movimiento feminista como uno de los principales problemas sociales que afectan a las mujeres y las niñas de la región. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Bogotá, el 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha fue escogida en conmemoración del asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo.

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Al escoger esa fecha, las feministas reunidas en Bogotá quisieron resaltar la noción de que la violencia contra las mujeres involucra una combinación de actos violentos cometidos en la vida cotidiana y en el contexto de las relaciones interpersonales, como la violencia de pareja o intrafamiliar, y también crímenes sistémicos promovidos por la existencia de jerarquías sociales, así como por estados represivos y autoritarios. En ese sentido, esta forma de violencia se definió como una expresión dramática de la desigualdad entre lo femenino y lo masculino, que ocurre tanto en la esfera pública como en la privada, y que puede implicar a los Estados (directa o indirectamente), así como a perpetradores individuales o colectivos (privados o institucionales).

Si bien esta violencia es un fenómeno universal e histórico, hay ciertos contextos que propician las condiciones para un aumento de sus manifestaciones. En contextos de crisis y emergencia generalmente se incrementan la desigualdad, el autoritarismo y el conservadurismo, y la violencia se convierte en un elemento esencial de discursos y prácticas punitivas y disciplinarias. Es decir, la violencia contra las mujeres se exacerba por las crisis y las emergencias.

Las situaciones de emergencia siempre profundizan las desigualdades preexistentes y las jerarquías de poder, que son los elementos que están a la raíz de las diferentes formas de violencia. Las rupturas sociales que cambian los patrones de la actividad humana, como el aislamiento, las restricciones en el movimiento, la pérdida de empleos, los problemas económicos, tienen un impacto más severo en las mujeres y las colocan en condiciones de mayor riesgo. Asimismo, bajo estas condiciones, se incrementan las oportunidades para la explotación y el abuso.

En América Latina la emergencia provocada por el COVID-19 fracturó los lazos existentes en las comunidades y las familias, aisló a muchas mujeres, las dejó encerradas con sus agresores y redujo los limitados recursos de apoyo disponibles. Por eso, la pandemia también generó muchas oportunidades para el incremento de la violencia doméstica y sexual, los asesinatos y las desapariciones de mujeres y niñas. También se generaron las condiciones para el incremento de otras formas de violencia como el ciber-acoso y la violencia sexual callejera para las mujeres que por sus condiciones de vida o laborales no podían darse el lujo de confinarse.

Los datos disponibles en diferentes países muestran que, si bien se produjo un descenso de la violencia contra los hombres, como resultado de las medidas confinamiento y de restricción de movilidad, las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres más bien se incrementaron. Situaciones similares han sido reportadas con anterioridad en otros tipos de emergencias como huracanes, terremotos, así como en los procesos de desplazamiento forzoso.

En el caso de Costa Rica, según datos de Infosegura, en el 2020 los homicidios de hombres decrecieron un 3 %, pero los de mujeres aumentaron un 38 %. El Consejo de Ministras de la Condición de la Mujer de Centroamérica reportó que durante la pandemia la violencia física contra las mujeres se incrementó en toda la región con cifras que van desde el 12 % hasta el 38 %, dependiendo del país. Solo en El Salvador, entre enero y abril del 2021, desaparecieron 306 mujeres y niñas. En Perú, más de 2 000 mujeres han desaparecido desde que inició la pandemia y de esas, casi dos tercios son menores de edad. En Colombia y Brasil se reportó un incremento de más del 50 % en casos de violencia intrafamiliar en el 2020.

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Los datos anteriores nos indican que la independencia, la libertad, el bienestar y la integridad de las mujeres son parte de las víctimas silenciosas de la pandemia. Sin embargo, los gobiernos del mundo, incluyendo el de nuestro país, no tomaron ninguna medida específica para proteger a las mujeres y las niñas bajo las nuevas circunstancias de peligrosidad creadas por la pandemia. Tampoco se tomaron medidas para amortiguar el impacto diferenciado por género de la emergencia, lo que colocó a las mujeres en condiciones de mayor riesgo frente a las diferentes formas de violencia.

Si queremos prevenir y enfrentar estas formas de violencia es necesario transformar los factores estructurales que la provocan: las desigualdades, el autoritarismo en los espacios públicos y privados, la masculinidad asociada al control y la dominación, la impunidad, el racismo, la xenofobia, los fundamentalismos y las jerarquías de poder que naturalizan las normas tradicionales de género. Es imperativo también promover la construcción de ambientes no violentos y colaborativos en todos los espacios familiares, comunales e institucionales. En este aspecto, las instituciones educativas tenemos una gran responsabilidad. Tenemos también una gran responsabilidad en promover procesos de construcción del conocimiento que ayuden a visibilizar estas formas de violencia, a entender sus causas y a plantear alternativas para incrementar el bienestar, la justicia, el acceso a oportunidades y recursos, lo que ayudaría a reconstruir el tejido social, a recuperar un sentido de empatía y solidaridad, y a eliminar la precariedad de la vida.