Entrevista

Claudio Vargas Arias, historiador: ''Hay que dejar de ver la democracia como un producto terminado y únicamente político''

Fotografia: Cristian Araya Badilla

El 7 de noviembre de 1889 la democracia costarricense afrontó una de sus mayores pruebas, ya que ese día un grupo de 7 000 costarricenses armados con palos y machetes salieron a sitiar las principales calles de San José con el fin de que se respetara la voluntad popular después de que el expresidente de entonces, Bernardo Soto Alfaro, intentara nombrar como Presidente de la República a su Primer Designado a la Presidencia (actual Primer Vicepresidente), Ascensión Esquivel Ibarra; a pesar de que los resultados electorales ponían al candidato de oposición, José Joaquín Rodríguez Zeledón, como su vencedor. Y aunque Soto Alfaro renunció a la presidencia y no se la dejó a Esquivel, sí designó como mandatario de transición, a su segundo designado, Carlos Durán Cartín, quien ejerció por seis meses antes de entregarle el mandato finalmente a Rodríguez Zeledón. 

Varios años después, en 1942, un decreto ejecutivo declaró el 7 de noviembre como el Día de la Democracia, el cual se conmemora desde entonces, como tributo a este grupo que por primera vez se alzó en armas contra un gobierno exigiendo respeto por su voluntad popular manifestada en las urnas. Sin embargo, esta parte es apenas la historia oficialista que omite ciertos detalles, como que el sistema electoral entonces no era ni parecido al actual (el sufragio era indirecto, masculino y  público contra el directo, secreto y universal que existe hoy), que la democracia sufrió otros embates más duros en fechas posteriores (los fraudes y hasta un Golpe de Estado). 

¿Qué hay más allá de la historia oficial de estos acontecimientos? ¿Qué sucedió exactamente en ese entonces? ¿Y cómo debe entenderse la democracia a partir de esos hechos?

El director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, Claudio Vargas Arias, tras estudiar en profundidad los hechos acaecidos y fiel a darle una visión más realista al estudio de los períodos donde acontecieron los principales hechos históricos que han marcado el país, compartió sus impresiones y reflexiones sobre ese día. 

 —¿Cuáles son sus reflexiones sobre el día de la democracia? 

— Claudio Vargas Arias: Como historiador debo recordar que el estudio de la historia hoy, enfatiza en el análisis del proceso y que supera el mero listado de acontecimientos históricos extraordinarios e inconexos. Lo anterior, pues aún hoy, algunos comúnmente siguen estudiando el pasado, como un listado de fechas, la mayoría de ellas de carácter político o anécdotico, atribuibles a individuos aislados.
En esta perspectiva, cualquier análisis o referencia que se haga de la democracia costarricense y a los hechos ocurridos el 7 de noviembre de 1889, debe entender el significado de esta efeméride patria dentro de un contexto mayor. En el caso de la democracia como sistema político, su análisis debe entenderlo como un proceso complejo y no necesariamente lineal o evolutivo, pues se pueden encontrar disrupciones y crisis, que demuestran cómo muchos de los logros pueden perderse.
Si se habla de democracia, su análisis no debe limitarse al estudio de acciones, decisiones, sucesos o aun procesos, únicamente de naturaleza política. La democracia hoy debe considerar necesariamente también condiciones de orden social y económica, pues de lo contrario, su estudio podría restringirse el análisis de aspectos y requisitos de orden político electoral.

—¿Cuáles son desde su campo de estudio los mayores aportes hechos por la Escuela de Historia y cátedras afines para la conmemoración de esta fecha histórica? 

— CVA: Consideramos que el principal aporte de la historia desde una perspectiva profesional, y por lo tanto, científica, ha sido sido trascender el estudio de los hechos ocurridos el 7 de setiembre de 1889, como simples sucesos y enmarcarlos en una perspectiva más totalizante. Un análisis que incluye los antecedentes, los hechos mismos y, por supuesto la trascendencia de estos en el largo plazo, el cual se proyecta al día de hoy.

— ¿Para usted cuánta importancia reviste la conmemoración de esta fecha para el país? 

Para el historiador y director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, Claudio Vargas Arias, es hora de dejar de lado la conmemoración diplomática y empezar a estudiar de manera más profunda, crítica y contextualizada los hechos como los sucedidos el 7 de noviembre de 1889, día en que se conmemora el Día de la Democracia costarricense.  Anel Kenjekeeva

— CVA: Sin duda es una fecha que establece un punto importante en la historia del país, pero no definitivo. El 7 de noviembre de 1889 marca el momento de que por primera vez un partido político de oposición -el Constitucional Democrático de don José Joaquín Rodríguez-, llega al poder respetando el resultado de las urnas.  Lo anterior, pese al intento del oficialismo de no querer reconocer su derrota, cuando el presidente Bernardo Soto, trato de entregar el poder a su Primer Designado, (hoy vicepresidente) don Ascensión Esquivel. En este contexto, fue que el líder de la oposición, don Rafael Yglesias, pudo organizar una protesta de grandes dimensiones, la cual abarcó algunas ciudades de importancia del país y logró que se respetara el sufragio popular.

A pesar de lo anterior, es necesario advertir del cuidado de no sobredimensionar lo ocurrido, pues la organización del sistema político de entonces, no era tal y como hoy la experimentamos: el sufragio era de dos grados, lo que hacía que quienes votaran (las mujeres estaban excluidas de este derecho) no necesariamente eligieran. Para ser elector en las elecciones de segundo grado, se establecían restricciones de orden económico e intelectual que excluían a quienes habían sido electores en las elecciones de primer grado. 

En el análisis crítico que debe hacerse de lo ocurrido el 7 de noviembre de 1889, no puede dejar de citarse la influencia de la Iglesia Católica costarricense. Esta institución había sido limitada por las transformaciones emprendidas por las reformas liberales, realizadas en las últimas décadas del Siglo XIX, particularmente por las denominadas leyes anticlericales que redujeron su influencia en el sistema educativo e incorporaron el matrimonio civil y, en consecuencia, el divorcio en la legislación costarricense, además de otras leyes emitidas bajo el gobierno de don Próspero Fernández entre 1882 y 1883. Fue precisamente en este contexto, en que la Iglesia Católica, dirigida por el Arzobispo Bernardo Augusto Thiel, apoyó decididamente al candidato de oposición, José Joaquín Rodríguez y las acciones hechas por Rafael Yglesias, con la esperanza de volver a tener la influencia que tenía previa a la legislación citada.

Es necesario anotar, que, a los ojos del electorado y de la sociedad en general de aquellos años, un mismo grupo económico, social y político había estado en el poder: Durante casi una década Tomás Guardia fue gobernante (primero como presidente y más tarde como dictador) y a este le siguió su cuñado don Próspero. Al morir este último, subió al poder el que sería el esposo de la hija de don Próspero, don Bernardo Soto, todo lo cual ayudó a aumentar la desconfianza de la sociedad. Fue en este contexto que la candidatura de don José Joaquín Rodríguez se presentó como una posibilidad de romper con el continuísmo, y a ello se sumó el claro apoyo de la Iglesia Católica. 

En esta lectura crítica e informada del pasado, se hace necesario citar que, pese a que Rodríguez llegó al poder por mecanismos electorales, poco tiempo después se convirtió en dictador, al suspender el Congreso. Igualmente la sucesión de Rodríguez, en la figura de quien sería su yerno (Rafael Yglesias), también nos impide hablar del inicio de un proceso democrático y cristalino con la llegada del primero al poder. Ni que decir la reelección del mismo Yglesias, que igualmente fue poco democrática.   Superando estos años, igualmente no pueden dejar de citarse otros hechos de relevancia política ocurridos posteriormente y que fueron determinantes en la historia del país: la dictadura de los Tinoco y la crisis política que inició en los años cuarenta y que trascendió muchos años más, cuando quienes triunfaron en la Guerra Civil de 1948, persiguieron y actuaron despiadadamente en contra de los vencidos, e incluso lograron por algunos años borrarlos del ámbito político electoral.

Todo lo anterior, exige superar la visión romántica e idealizada que sobrevaloró los hechos del 7 de noviembre de 1889 y que por años pretendió hablar de ellos, como el inicio de una época democrática y gloriosa para la historia del país. Sin lugar a dudas, el culmen de esta idealización de la “democracia costarricense” lo alcanzó don Oscar Arias quien, muy a su estilo conocido grandilocuente, celebró el centenario de la democracia precisamente bajo su gobierno, en 1989.

— ¿En su criterio cuáles son los mayores retos que enfrenta la democracia costarricense hoy en día? 

— CVA: Particulamente yo visualizo dos grandes retos: El primero, dejar de pensar la democracia como un producto terminado y, peor aún, considerar la democracia como el ejercicio más o menos transparente del voto directo, libre y universal, e incluso solo limitar la democracia al mero ejercicio de los derechos políticos. En el siglo XXI la democracia exige ampliar su dimensión e incluir el disfrute de otros derechos propios del orden económico y social. No se puede hablar de democracia si existe hambre, desempleo, pobreza, exclusión social, en fin, cualquier manifestación que evidencia inequidades inaceptables.
Definitivamente un segundo reto es, que en esa visión más amplia de la democracia, se establezca el estado laico. Esto último es sumamente complejo, pues de manera desinformada y mal intencionada se tiende a confundir el estado laico con el estado ateo. Es urgente reconocer que unir lo político y lo religioso es una mezcla poco deseable, que solo malas experiencias nos puede traer. Particularmente en estos últimos cuatro años, la presencia del fanatismo religioso en las esferas de gobierno, ha demostrado lo perversa que resulta la manipulación religiosa y su injerencia en el ámbito político.   La misma Constitución Política establece esta prohibición, es una lástima que los altos estrados judiciales (incluso y especialmente los electorales) de este país, no hayan asumido con responsabilidad y valentía hacer valer este mandato.