Costa Rica cuenta con una metodología para la estimación de los recursos públicos dedicados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Laura Rodríguez Rodríguez

Con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) crearon la herramienta denominada “Desarrollo de una propuesta metodológica y de una hoja de ruta para la medición de los recursos destinados a la niñez y adolescencia en Costa Rica”, lo que le permite, contar por primera vez, con información sobre la inversión pública en esta población.

Este instrumento promueve la eficacia, la eficiencia, la equidad, la transparencia y la sostenibilidad en la toma de decisiones relacionadas con presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de las personas menores de edad, según lo estipula la Observación número 19 del Comité sobre los Derecho del Niño (CRC, por sus siglas en inglés).

“Esta herramienta permite, por primera vez, medir la inversión y el gasto público que hacen más de 60 instituciones del Estado costarricense en la niñez, define una hoja de ruta para la desagregación por focalización, función, grupo de derechos, franja etaria y sexo. Esto permite la toma de decisiones informadas para garantizar el cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y cumplir con la disposición 19 sobre presupuestos públicos del Comité de los Derechos del Niño”, indica Gladys Jiménez, ministra de Niñez y Adolescencia.

Gasto público en niñez y adolescencia en 2018 equivalente al 8.3 % del PIB

Para la representante de Unicef en Costa Rica, Patricia Portela de Souza, contar con esta metodología también significa un aporte significativo en la toma de decisiones.

“Contar con herramientas que nos indiquen cuánto y cómo se invierten los recursos públicos destinados a la niñez y a la adolescencia es de gran importancia para nosotros porque nos permite tomar decisiones asertivas en nuestra labor de seguir trabajando por la disminución de las brechas y las desigualdades sociales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, indica la jerarca.

La M. Sc. Lucía Contreras Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, entrega los resultados de su estudio “Desarrollo de una propuesta metodológica y de una hoja de ruta para la medición de los recursos destinados a la niñez y adolescencia en Costa Rica”.

El desarrollo de la metodología parte de experiencias internacionales previas y la información disponible de gasto público y beneficiarios en Costa Rica para el 2018. La elaboración del estudio se caracterizó por ser altamente participativo y por arrojar datos interesantes sobre la desagregación del gasto público según nivel de focalización, por función, por grupo de derechos según la CDN, por franja etaria y por sexo en el país.

Principales hallazgos para 2018

• Se estimó que el total de recursos públicos dedicados a la niñez y adolescencia fue de 2. 669 miles de millones de colones, equivalente al 8.3 % del PIB, y en promedio casi 2 millones de colones por persona menor de edad.

• Los recursos públicos anuales promedio destinados a persona menor de 5 años se estimaron en 1.7 millones de colones, en 2.2 millones entre 6 y 11 años, y en 2.3 millones por persona menor de edad entre 12 y 17 años. Del total de recursos, el 23,5 % fue dirigido a personas menores de 5 años, el 36,1 % a personas menores de edad con entre 6 y 11 años, y el 40,3 % a personas menores de edad con entre 12 y 17 años.

• Según sexo, el 50,4 % se dirigió a las mujeres y el 49,6 % a hombres.

• Los resultados desagregados según función del gasto son los siguientes:

• 60, 6 % Educación

• 20, 6 % Salud

• 7,8 % Justicia, seguridad y servicios electorales

• 6,8 % Protección social

• 3,1 % Vivienda y otros servicios comunitarios

• 0,6 % Servicios recreativos, deportivos y de cultura

• 0,4 % Protección del medio ambiente

• 0,1 % Ciencia y tecnología

• La desagregación según grupo de derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), arroja que el 63,9 % de los recursos contribuyó al derecho al desarrollo, el 26,3 % al de supervivencia, el 9,2 % al de protección, y el 0,6 % al de participación.

“Uno de los más importantes objetivos de la metodología desarrollada es el poder replicar periódicamente, de manera sostenible en el tiempo, la medición del gasto público en niñez y adolescencia en Costa Rica. Para garantizar dicha sostenibilidad, es necesario organizar el proceso de recolección de datos y de aplicación de la metodología”, indica Juan Robalino, subdirector del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, ente encargado del desarrollo de la metodología.

Para alcanzar este objetivo y con el fin de promover la institucionalización y aplicación periódica de la metodología, el IICE presentó la hoja de ruta para la implementación futura de la metodología que designa y caracteriza los roles de las instituciones que formarán parte del proceso y sus colaboradores, y propone un cronograma de recolección de datos y de desarrollo del cálculo a seguir año con año.

Es así como se establece que el PANI será la institución a cargo de la cuantificación anual de los recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia, siguiendo la metodología desarrollada. Además, deberá realizar anualmente una solicitud y recolección de información de presupuesto, gasto ejecutado y beneficiarios directamente a las instituciones, y desarrollará un informe final de la estimación de manera anual, que deberá ser compartido con la ciudadanía costarricense.

En el marco de la Costa Rica del Bicentenario, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como institución rectora técnica en materia de derechos del millón cuatrocientos mil niños, niñas y adolescentes en Costa Rica, recuerda que la inversión en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es la inversión más rentable que puede hacer la sociedad, invertir en niñez es invertir en desarrollo. La medición de la inversión del año 2019 está próxima a finalizar y contó con la participación de más de 60 instituciones del Estado, proceso en el que el PANI asume como una función más en el ejercicio de su rectoría técnica.