Octavo Informe Estado de la Educación

Un informe distinto en tiempos de gran incertidumbre

El sistema de educación preescolar, general básica y diversificada enfrentan una grave crisis producto de problemas estructurales no resueltos y el golpe de la pandemia. Imagen del VIII Informe del Estado de la Educación.

La octava edición del Informe Estado de la Educación fue presentada el pasado 1.° de setiembre. A su alrededor se tejían muchas expectativas, pues este sería un informe muy distinto a los siete anteriores. Distinto porque, sin duda alguna, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 habría puesto más en evidencia las debilidades estructurales del sistema educativo no abordadas oportunamente por el país. Además, habría sumado graves trastornos en el llamado núcleo instruccional del sistema y en la relación docente-alumnos. 

La pandemia obligó a migrar ese núcleo instruccional del sistema hacia la virtualidad, con la grave dificultad de que ni el sistema educativo, con docentes con bajos niveles en competencias digitales, ni los hogares, estaban preparados para tal escenario. El COVID-19 desnudó temas que ya en ediciones anteriores del Informe se habían señalado insistentemente. Además, dejó aún más claro el complejo rol de los centros educativos en una sociedad, no solo como espacios para aprender y desarrollar habilidades, sino también para la nutrición, la construcción de relaciones sociales y de convivencia, y para el cuidado y la protección de los estudiantes ante situaciones de violencia en los hogares y en las calles. 

Este octavo informe es, según el propio texto lo destaca, "un esfuerzo especial por documentar la situación del sistema educativo antes de la pandemia y durante la misma tratando de observar sus efectos sobre el acceso y calidad de los servicios educativos". 

ADEMÁS: Voz experta: Ganar confianza es el mayor reto para el país

Estos factores han dado lugar a nuevas formas de exclusión a miles de estudiantes de diferentes niveles de nuestro sistema educativo. Tales factores requieren urgentemente un abordaje y aporte multisectorial como país. Imagen del VIII Informe del Estado de la Educación.

En el Informe destacan hallazgos sobre cómo "las diferencias entre hogares ricos y pobres, en cuanto a las condiciones de la vivienda, conectividad, clima educativo, capital cultural de los hogares, desempleo, presencia de jefaturas femeninas" hicieron que la escuela improvisada en casa resultara profundamente desigual. 

¿Los grandes perdedores de toda esa situación? Los niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares pobres y climas educativos bajos, y que asisten mayoritariamente a las escuelas y colegios públicos (instituciones que han constituido un espacio que atenúa la desigualdad social en nuestro país).

La sociedad ha experimentado una fuerte concentración de ingresos en las últimas décadas, tal concentración colocó a los hogares en condiciones muy desiguales e inequitativas para hacer frente a lo que este Informe ha denominado: un apagón en el sistema educativo costarricense.

La peor crisis educativa en varias décadas 

Según concluye este octavo informe, el sistema educativo costarricense atraviesa una grave crisis debido a la conjunción de los rezagos históricos y los efectos económicos y sociales generados por la pandemia del COVID-19. 

Las brechas digitales por nivel socioeconómico, áreas geográficas y por niveles de vulnerabilidad limitaron el acceso de cientos de millones de estudiantes a la educación, uno de los temas más acuciantes que han dificultado la efectiva respuesta de los sistemas educativos ante el shock pandémico (Banco Mundial, 2020; Pedró et al., 2020; Cepal-Unesco, 2020; Cepal, 2020; BID, 2020). Imagen del VIII Informe del Estado de la Educación.

La educación preescolar, básica y diversificada sufren las peores consecuencias, pues arrastran reiteradas y significativas interrupciones de los ciclos lectivos debido a huelgas de docentes y protestas estudiantiles desde el 2018; la suspensión nacional de lecciones presenciales por casi todo el 2020 (que envió a 1 200 000 estudiantes a casa) y la suspensión del curso lectivo durante un mes y medio del 2021 debido al impacto del COVID-19. Es a este escenario al que el Informe define como apagón educativo. 

TAMBIÉN: La UCR y Conape presentan estudio sobre las carreras de mayor empleabilidad en el futuro

Este es un apagón tan peligroso, afirma el Informe, que viene a comprometer seriamente el desarrollo de competencias y habilidades vitales para el progreso del país y la democracia. Dicho apagón está profundizando aún más los rezagos de aprendizajes en el estudiantado, ampliando las desigualdades que han generado un acceso desigual a la conectividad y un hacimiento tecnológico, y han dado origen a nuevas formas de exclusión educativa en nuestro país.

¿Y la educación universitaria ante este apagón educativo?

Del Informe se desprende que la educación superior articuló respuestas efectivas ante la pandemia, pero enfrenta una situación estratégica comprometida.

Las universidades pueden aprovechar la capacidad de resiliencia en la pandemia para atender desafíos urgentes en materia de cobertura y calidad. Renovar modelos pedagógicos y de gestión universitaria aprovechando las TIC y los componentes virtuales en procesos educativos es un desafío inaplazable. Imagen del VIII Informe del Estado de la Educación.

El Informe denota que en el corto plazo las universidades lograron que no se interrumpiera el ciclo académico. Las universidades públicas tuvieron dos resultados relevantes: en el segundo semestre del 2020 y en el primero del 2021 no se redujo la matrícula y las instituciones realizaron aportes significativos para atender la crisis sanitaria nacional, tanto en términos financieros como en productos de investigación y acción social. 

Sin embargo, el COVID-19 encontró a la educación superior costarricense en "un sendero inercial, con cambios apenas marginales en el acceso de la población, y en un contexto de crecientes fragilidades en la sostenibilidad de su financiamiento". En el caso de las universidades públicas, ocurrió debido a las restricciones fiscales y a la prioridad macroeconómica que ya tiene la inversión pública en ese ámbito, en una época de bajo y volátil crecimiento económico.

Otro elemento relevante en el análisis de la educación superior en el país es que las universidades enfrentan también el resultado de problemas estructurales en cobertura y calidad en la preparación de la población joven en los niveles preuniversitarios de nuestro sistema educativo (educación preescolar, básica y diversificada). Esa débil preparación de los niveles preuniversitarios, en parte, lleva a la lentitud observada en los progresos de la educación superior. Por eso mismo, la articulación del nivel terciario con los preuniversitarios sigue siendo un desafío estratégico no resuelto y que se acentuará aún más como resultado del apagón educativo.

La aceleración del ritmo de cobertura de la educación universitaria en nuestro país no depende únicamente de las instituciones de educación superior, tiene relación directa con la cobertura y calidad de los niveles educativos previos de nuestra población. Pero sí hay un margen de acción para que "las universidades aprovechen la capacidad de reacción que demostraron tener durante la coyuntura por la pandemia en 2020-2021 y lo apliquen a iniciativas para “rescatar” una mayor proporción de esa población preuniversitaria" ya mencionada líneas atrás.

Imagen del VIII Informe del Estado de la Educación.

Este octavo informe se centra en el sector de las universidades estatales porque "…en este se cuenta con información para hacer análisis robustos, y se espera que tenga más estabilidad en la oferta de programas y centros académicos pese a la situación económica imperante. En el sector privado, la incertidumbre sobre los efectos que tendrá la crisis es mayor, y resulta difícil elaborar estimaciones y proyecciones, dadas las limitaciones en cuanto al acceso a los datos necesarios para desarrollar análisis similares a los que se efectuaron para las universidades públicas". 

Responsabilidad histórica con las nuevas generaciones

Este octavo informe concluye que, de manera ineludible e impostergable, el país urge la ejecución de una hoja de ruta estratégica a partir de un Acuerdo Nacional para la Educación, un llamado histórico que requiere de muchas acciones.

El informe indica que se debe "gestionar el retorno a clases presenciales, planes de nivelación y avanzar en ambientes conectados y mejorar la calidad docente, son medidas impostergables. Las universidades públicas también son llamadas a trabajar para enfrentar este apagón educativo".

Son muchas las acciones que deben conformar este acuerdo nacional y son también muchos los llamados a actuar. Estas son algunas de las muchas acciones y áreas que el Informe nos da para iniciar la salida de esta encrucijada del apagón educativo costarricense:

-De manera excepcional ese Acuerdo Nacional para la Educación requiere la construcción de una hoja de ruta que trascienda los cambios de Gobierno.

-Para la educación preescolar, básica y diversificada es necesario  comenzar inmediatamente con un plan de acción de largo alcance: poner fin al estado de excepción de la educación nacional (retomar la presencialidad) e implementar planes de nivelación basados en evidencia; dar acceso universal a una buena conectividad en los hogares; realizar una campaña nacional para fortalecer las habilidades lectoras; hacer una evaluación diagnóstica y pruebas nacionales; aplicar un examen de idoneidad docente; desarrollar una red educativa de alta calidad (internet); incentivar las competencias digitales docentes; disponer de un expediente electrónico estudiantil y concluir e implementar un Marco Nacional de Cualificaciones de Carreras en Educación.

-En cuanto a la educación superior se llama a desarrollar nuevos modelos pedagógicos y de gestión universitaria con TIC; fortalecer el trabajo interuniversitario e implicarse en la reconstrucción del sistema educativo preuniversitario.