Juristas analizaron dictamen de la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley de Empleo Público

La Asamblea Legisltaiva está ahora a la espera de que la Sala Constitucional entregue el fallo completo. Anel Kenjekeeva

Con el objetivo de abrir un proceso de reflexión, la Rectoría y el área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), están organizando las jornadas de análisis del dictamen de la Sala Constitucional del proyecto de Ley Marco del Empleo Público.

La primera sesión se dedicó a conocer los alcances del dictamen en relación al empleo público y al estado social de derecho. Se contó con la participación de la Dra. Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho y del Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho. El espacio fue moderado por el Dr. Constantino Urcuyo.

Para la Dra. Chinchilla el primer aspecto que se debe analizar profundamente es si el proyecto de ley es una iniciativa relativa exclusivamente al empleo público o si lo que pretendía, sin decirlo abiertamente, era un rediseño del marco estatal que establecieron los constituyentes. Ya que esto último no se hace mediante una ley, si no a través de una reforma constitucional, que tiene un trámite distinto.

Además señaló las 4 grandes líneas a través de las cuales el proyecto buscaba regular las relaciones en todo el sector público. El salario global, un sistema único de definición de perfiles de puestos y gestión del desempeño, la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan) y la objeción de conciencia.

También explicó que parte de la discusión en la Asamblea Legislativa partió de la interpretación que se le quiso dar a los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, pues se asumió que se podía unificar en un solo régimen todo el sistema de empleo público.

No obstante, hay que considerar que estos artículos se introducen en un sistema normativo en donde se consagran una serie de principios, que en consecuencia, desde el mismo texto constitucional se genera un choque con la posibilidad de que haya un solo régimen para todo el aparato estatal.

En primera instancia, el país se denomina como una República, lo que significa que existe una división de poderes, los cuales son independientes y no pueden delegar sus funciones.

En contexto en el que surge la Constitución Política de 1949, hace que los constituyentes se planteen una serie de autonomías que incorporan en el texto para evitar la concentración del poder.

Además, el sistema constitucional, tiene que convivir con una serie de normas relacionadas con derechos humanos que Costa Rica ha asumido voluntariamente, como por ejemplo los tratados con la Organización Internacional del Trabajo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respaldan garantías relacionadas a la independencia judicial, la negociación colectiva y los derechos adquiridos.

En relación al dictamen de la Sala Constitucional, la jurista explicó que las consultas que se hicieron fueron por temas de fondo, por lo que el pronunciamiento no es vinculante, sin embargo si va a ser una grave advertencia de que si el texto se aprueba así como está y alguien alega inconstitucionalidad, en alguno de los artículos que la Sala encontró inconstitucionales, la acción se va a dictaminar positiva.

También aclaró que el fallo que se emitió no significa que el proyecto sea constitucional, pues la Sala Constitucional solo se está pronunciando sobre lo que se le consultó.

Sobre los temas que sí se le consultaron encontró 35 inconstitucionalidades de fondo, la mayoría relacionadas a la rectoría del Mideplan.

“Considera que en efecto, tal y como lo dijeron las universidades, los rectores, el Poder Judicial, el proyecto tiene la virtud, entre comillas, de ser una reforma estatal encubierta, que rompe las autonomías y las independencias establecidas por los constituyentes y que solo podía requerir una reforma constitucional que no se hizo”, recalcó Chinchilla.

Para la abogada, en este momento, buena parte de la autonomía universitaria queda a resguardo, aunque todavía hay temas delicados que se mantienen dentro del proyecto de ley a los que hay que prestarles atención, que van a tener impacto en las distintas instituciones autónomas si oportunamente no se hacen las consultas constitucionales respectivas.

Inconstitucionalidades encontradas no son poca cosa

Por su parte, el Dr. Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho, expresó que éste es uno de los proyectos que en las últimas décadas, de manera directa, pretendía impactar el sistema de división de poderes y a instituciones muy importantes en la estructura constitucional.

“Describir los alcances de un fallo constitucional a veces obliga a interpretar los signos que una sentencia de esta naturaleza e importancia nos revela. Esos signos nos permiten intuir que el máximo interprete de la Constitución se vio en aprietos para analizar ese texto legal, porque ha estado rodeado de intríngulis políticos, económicos, pero las mas de aquellas que llegaron al contexto de esta sentencia, son las que tienen que ver con el diseño del estado de derecho y por supuesto de órganos e instituciones que son importantes para la República”, destacó Chirino.

Según el Decano, hay un discurso que se ha divulgado en algunos medios de comunicación y por algunas otras personas de que las 35 inconstitucionalidades señaladas por la Sala Constitucional son poca cosa. Sin embargo, para él, la Asamblea Legislativa tendrá que hacer un análisis profundo para determinar qué aspectos están realmente afectados por esas inconstitucionalidades, labor que no será fácil.

De esta manera, la primera lectura que hay que hacer del por tanto, es contraria a esas perspectivas, pues la Sala ha decidido sostener los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como son las autonomías municipales, la universitaria, la del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que es importante, ya que durante el proceso de debate del proyecto de ley, hubo instantes en los que parecía que todo lo que forma parte esencial de la República estaba disponible para el mejor postor y era elemento de negociación.

Señaló además, que en el fallo se reconocen las intromisiones que hubo en las esferas de los poderes de la República,tal como lo planteó la Corte Suprema de Justicia.

Recordó que aunque el fallo no es vinculante, si la Asamblea Legislativa tratara de aprobar el proyecto tal y como está, esto tendría consecuencias importantes para el país, incluso se podrían sumar a la discusión jurisdiccional órganos internacionales.

Para Chirino, queda ahora esperar la justificación de por tanto, pues este fallo va a sentar elementos muy importantes que van a orientar el desarrollo del pensamiento constitucional costarricense de los próximos años.

Puede ver la sesión completa en el siguiente enlace.