El análisis técnico de la UCR cuestionó el proyecto de Ley Marco de Empleo Público

El documento Análisis del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público se presentó en una conferencia de prensa. Estuvieron presentes el Dr. Gustavo Gutiérrez, la Mag. Patricia Quesada y el Dr. Felipe Alpízar. Karla Richmond

El lunes 8 de febrero de este año, la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el documento Análisis del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público ante la comunidad universitaria y la prensa nacional. En el texto se enumeran una serie de inconvenientes legales, sociales y económicos que podrían tener un impacto negativo en la sociedad costarricense, en caso de aprobarse en la Asamblea Legislativa.

El documento es producto de un estudio realizado por una comisión interdisciplinaria conformada por la Rectoría. Esta determinó que habría muchas implicaciones negativas en los ámbitos jurídico, económico y político, ante la eventual aplicación del proyecto de ley. 

Tras este exhaustivo análisis, destacan las siguientes conclusiones:

1. No se tiene certeza económica de una reducción en el déficit fiscal ante la eventual aprobación de la Ley Marco de Empleo Público. Esto porque el proyecto carece de estudios técnicos e información específica sobre las escalas salariales que permitan determinar el ahorro real que implicaría para el país.

2. La afectación salarial podría reducir el consumo y la demanda en el mercado interno. Así, se dificultaría la reactivación económica, la cual es imprescindible para salir de esta crisis que ha profundizado la pandemia.

3. El proyecto de ley tiene vicios de constitucionalidad, pues afecta el régimen de autonomías administrativas de la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades y las universidades públicas. En el caso estas últimas, también daña su independencia organizativa, pues se altera su capacidad para establecer sus propias normas de autogobierno. Esta potestad incluye el establecimiento de una normativa interna en términos laborales y salariales.

4. La discusión acelerada de este proyecto de ley no ha permitido un verdadero espacio de diálogo, reflexión y debate sobre sus implicaciones. Su impacto en amplios sectores de la sociedad podría generar un clima de agitación que polarice aún más al país. Esta sería una pésima señal en momentos en que el Gobierno intenta sellar los acuerdos con el FMI, los cuales son considerados como fundamentales para salir de la crisis económica.

Luego de la publicación de estos cuestionamientos, el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, enfatizó que el proyecto de ley presenta una gran cantidad de imprecisiones que afectan a la globalidad del empleo público en el país y no solo a las universidades públicas como instituciones autónomas.

“Entendemos perfectamente la situación fiscal del país y coincidimos en que se debe hacer un uso responsable de los recursos públicos. Es importante recalcar el papel de las universidades públicas en todo esto. Por ello, nuestra Institución ha comenzado a realizar esfuerzos para negociar una convención colectiva a la baja y mantener una tendencia de decrecimiento en la masa salarial”, recalcó Gutiérrez Espeleta.

Ante tal situación, el rector subrayó que este año presentará y socializará con la comunidad universitaria una propuesta para una nueva escala salarial en la UCR. Esta tendrá como fin asegurar la sostenibilidad económica de la Institución en el presente y el futuro. Otro de los objetivos será reducir las desigualdades que existen actualmente entre funcionarios institucionales.

Además, insistió en que esta iniciativa deberá estar en concordancia con la visión económica del país a corto y largo plazo, siempre en consideración del pensamiento plural que existe en la comunidad universitaria.

En cuanto a la independencia de gestión, la directora del Consejo Universitario, Patricia Quesada Villalobos, señaló que “no queremos hablar de autonomía como un fin en sí mismo. Más bien, esta es una garantía para que el trabajo que se desarrolla en la Universidad pueda realizarse independientemente de los intereses políticos de los Gobiernos de turno”.

Por último, Felipe Alpízar Rodríguez, secretario académico de la Rectoría, manifestó que este informe no pretende eximir a la UCR de su responsabilidad ante la compleja situación fiscal en Costa Rica. Añadió que este tipo de reformas deben plantearse a partir de la discusión del modelo de país que se busca y del papel que juegan las instituciones en el desarrollo de la sociedad del bicentenario.

Puede consultar el documento completo, así como los materiales utilizados durante la conferencia, en este enlace.