Universidad de Costa Rica
El pasado 2 de setiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) denunció y rechazó las sanciones tomadas ese mismo día por Estados Unidos contra dos de sus funcionarios, uno de ellos es la misma fiscal de la CPI. Fue una respuesta inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.
Por su parte, el presidente de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma, el surcoreano O-Gon Kwon, llamó de inmediato a todos los integrantes de la comunidad internacional a rechazar enérgicamente estas sanciones unilaterales, al tiempo que anunció la convocatoria de una reunión urgente de los Estados Partes (véase el texto completo de su carta —versión en español— difundida desde el sitio oficial de la CPI).
En un comunicado de prensa emitido el pasado 3 de setiembre, la diplomacia de Costa Rica (al igual que la de la Unión Europea (UE), de Alemania, de Bélgica, de Canadá, de España, de Francia, y de varios otros Estados), rechazó estas sanciones. Por alguna razón, a diferencia de otros comunicados oficiales emitidos por la diplomacia costarricense, este comunicado de prensa de la Cancillería no dejó rastro alguno en la prensa nacional (salvo en esta nota de Elmundo.cr), por lo que nos permitimos reproducir su texto de manera integral:
"Costa Rica reitera su total apoyo a la Corte Penal Internacional. San José, 3 de setiembre de 2020.- Costa Rica reitera su firme compromiso de defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar la integridad e independencia de la Corte Penal Internacional frente a cualquier acto o acción que atente contra la institucionalidad o contra sus funcionarios.
Para Costa Rica, la Corte Penal Internacional es un pilar fundamental del multilateralismo que debemos defender y fortalecer.
Ante el anuncio de los Estados Unidos de América de activar una Orden Ejecutiva e imponer sanciones contra la Fiscala General y otros altos funcionarios de la Corte Penal Internacional, Costa Rica expresa su profundo desacuerdo, y renueva su plena confianza en la Corte Penal Internacional como institución judicial independiente e imparcial cuyo compromiso es llevar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces tipificados por el Derecho Internacional, el fin de la impunidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y de un sistema sólido de justicia penal internacional [sic]".
Es preciso indicar que semejante arremetida de Estados Unidos contra la CPI constituye un hecho inédito: cabe recordar que se trata de una jurisdicción internacional, creada en 1998, para enjuiciar penalmente a responsables de cometer actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Desde este punto de vista, estas sanciones norteamericanas ameritan algunas explicaciones, en particular sobre sus verdaderas motivaciones, convenientemente omitidas, como lo intentaremos explicar en las líneas que siguen.
En su comunicado de prensa del mismo 2 de setiembre del 2020 (véase texto completo de las versiones en inglés y en francés reproducidas al final de esta nota), la CPI indicó que:
"These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.
The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world's most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world's States which are parties to the Rome Statute".
"Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l'état de droit en général.
La Cour continue d'appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l'impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l'engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome".
Como se puede apreciar, el rechazo a estas sanciones es vehemente y contundente. No pareciera que la CPI se sienta en lo más mínimo impresionada por estas nuevas decisiones unilaterales ordenadas por Estados Unidos, cuyos anuncios previos fueron condenados por la mayor parte de los Estados que integran la comunidad internacional desde varios meses, con una notable excepción: Israel.
En efecto, Israel fue el único Estado en celebrar de manera entusiasta y en felicitar oficialmente a Estados Unidos en junio pasado por el anuncio de estas sanciones (véase, por ejemplo, esta nota de The Times of Israel del 11 de junio del 2020, titulada "Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against 'corrupt' ICC".
Estas nuevas sanciones fueron anunciadas el pasado 2 de setiembre desde Washington por el Secretario de Estado en persona, señalando que (véase texto oficial del comunicado de prensa):
"Today we take the next step, because the ICC continues to target Americans, sadly. Pursuant to Executive Order 13928, the United States will designate ICC Prosecutor Fatou Bensouda, and the ICC’s Head of Jurisdiction, Complementary, and Cooperation Division Phakiso Mochochoko for having materially assisted Prosecutor Bensouda. Individuals and entities that continue to materially support those individuals risk exposure to sanctions as well. Additionally, the State Department has restricted the issuance of visas for certain individuals involved in the ICC’s efforts to investigate U.S. personnel".
Estos dos funcionarios de la CPI son los primeros en aparecer en el listado oficial del Departamento del Tesoro norteamericano (véase enlace oficial): se trata de listas en las que usualmente aparece el nombre de narcotraficantes, integrantes de entidades consideradas como "organizaciones terroristas" por parte de Estados Unidos, o bien, funcionarios estatales de algunos Estados que son objeto de sanciones norteamericanas individualizadas (véase lista oficial global por país), así como empresas o personas que apoyan a las personas enlistadas.
Esta nota de prensa, con video incluido sobre el anuncio de estas sanciones tomadas el 2 de setiembre del 2020, refiere en el comentario a las investigaciones en curso de la fiscal de la CPI por hechos ocurridos en Afganistán que involucrarían a personal militar norteamericano. Esa mención a Afganistán la encontramos también en esta otra nota de prensa de la BBC y en otros cables noticiosos.
Un comentador curioso se percataría, al revisar con un simple "clic" el expediente sobre la investigación en Afganistán de la CPI (véase enlace oficial), que no hay nada nuevo desde el 5 de marzo del 2020 para explicar las repetidas gesticulaciones iracundas del aparato estatal norteamericano contra la CPI observadas en estos últimos meses. Por lo que las justificaciones oficiales dadas (y replicadas por algunos analistas) no son muy convincentes si las limitamos a la investigación relacionada con Afganistán que realiza la CPI.
En una nota nuestra anterior del mes de junio del 2020, habíamos tenido la oportunidad de sugerir que la situación en Palestina y las exacciones cometidas por Israel en territorios ocupados palestinos no son para nada ajenas a esta creciente hostilidad de Estados Unidos hacia la justicia penal internacional, precisando que:
"La línea de tiempo no se adecúa a la explicación dada en algunos medios de prensa [...] que ponen —casi al unísono— el accento en las investigaciones de la CPI relacionadas a Afganistán para justificar esta reciente reacción norteamericana" (véase esta breve nota, publicada en junio del 2020, titulada "A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)").
Cabe precisar que el texto oficial que impone las sanciones del pasado 11 de junio por parte Estados Unidos contra la CPI se encuentra disponible en este enlace oficial de la Casa Blanca. Su lectura y su relectura evidencian el esfuerzo hecho para no referirse expresamente a Israel en su fundamentación oficial. Es esta misma omisión la que sí se detectó por parte de un observador más acucioso que sus colegas en Israel, en este artículo de Haaretz de junio del 2020 titulado "US decision to sanction International Crime Court was coordinated with Israel, souce says", al leerse que:
"Israel was not mentioned in Trump’s executive order, but it was mentioned in a White House press statement that explained the decision".
En un muy completo artículo publicado el 1.° de setiembre del 2020 en Estados Unidos, en el sitio JustSecurity, titulado "The Int´l Criminal Court Executive Order: Global Reactions Compiled" (y cuya lectura completa se recomienda), una académica mucho mejor informada que algunos analistas es enfática al señalar que:
"... the OTP’s investigation into events in the Palestinian territories may actually be the real driving force behind the United States’ virulent response. Paul R. Pillar, a former intelligence officer, demonstrated that Israel “pushed America” to sanction the Court and to coordinate these with Israel. Indeed, some have noted that the risk to Israeli officials is much greater (witness the leaked list of potential defendants drawn up by the Israeli government)".
Nótese que estas sanciones contra la CPI de este 2 de setiembre del 2020 fueron anunciadas por el jefe de la diplomacia norteamericana, unos días después de finalizada su gira personal en la que no logró obtener ninguna normalización con Israel por parte de otro Estado de la península árabe. Remitimos a nuestros estimables lectores a una nota anterior sobre el supuesto carácter "histórico" del anuncio hecho por Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel el pasado 13 de agosto del 2020 (véase la breve nota titulada: "Foro sobre Palestina y sobre supuesto 'acuerdo histórico' de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel").
No es la primera vez que la actual administración norteamericana se destaca por su hostilidad hacia organizaciones internacionales adscritas a Naciones Unidas, y es posible que la actual contienda electoral norteamericana explique (en parte) esta nueva arremetida, esta vez contra la máxima instancia universal en materia de justicia penal internacional.
Al respecto, cabe señalar otro gesto político hacia Israel (escasamente analizado en la prensa) acaecido hace pocas semanas por parte de la actual Administración norteamericana. De manera totalmente insólita para muchos norteamericanos, y por vez primera en la historia de los Estados Unidos, un secretario de Estado en ejercicio participó personalmente en una Convención del Partido Republicano. No lo hizo desde su oficina, sino que lo hizo desde Jerusalén.
El pasado 18 de julio en una nota relacionada con la pausa estival de los funcionarios de la CPI en La Haya, se pudo leer en este artículo del Jerusalem Post titulado "ICC breaks without jurisdiction ruling on Israeli war crimes cases", que para la fiscal de la CPI no hay duda alguna sobre la maniobra conjunta y planificada por Estados Unidos e Israel:
“'It is no secret that the administrations in the US and the state of Israel are coordinating their reactions and their policies toward the court', Bensouda said".
Es muy probable que esta misma percepción sea también compartida por el personal de la CPI y por varios de los jueces de la CPI.
En relación con estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la Administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse de que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación), relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la fiscal de la CPI.
La reserva observada por parte del aparato diplomático israelí —usualmente muy expresivo— desde el pasado 2 de setiembre en relación con estas sanciones norteamericanas pareciera obedecer a este temor.
El texto completo del comunicado de prensa en inglés y en francés es reproducido a continuación de manera integral.
The International Criminal Court ("ICC" or "Court") condemns the economic sanctions imposed by the US earlier today on the Court's Prosecutor and a member of her Office.
The new measures, announced pursuant to the US Executive Order 13928 dated 11 June 2020, are another attempt to interfere with the Court's judicial and prosecutorial independence and crucial work to address grave crimes of concern to the international community as mandated under the ICC Rome Statute.
These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.
The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world's most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world's States which are parties to the Rome Statute.
La Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») condamne les sanctions économiques imposées plus tôt dans la journée par les États-Unis à l'encontre du Procureur de la Cour et d'un membre de son Bureau.
Les nouvelles mesures, annoncées conformément au décret exécutif des États-Unis 13928 du 11 juin 2020, constituent une nouvelle tentative d'interférer avec l'indépendance de la justice et des poursuites de la Cour et son travail crucial pour lutter contre les crimes graves qui touchent la communauté internationale, conformément au Statut de Rome de la CPI.
Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l'état de droit en général.
La Cour continue d'appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l'impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l'engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.
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