Las luchas históricas por un sistema universitario sólido e independiente de fuerzas políticas han sido lideradas por movimientos estudiantiles, los cuales han visto en la universidad pública un espacio para cultivar libertad, desde la cultura y la socialización del saber. Hoy, 102 años después de la Reforma de Córdoba, nuestros ideales siguen siendo los mismos. Queremos una universidad libre, que promueva el saber y el desarrollo en las regiones para construir un mejor país.
En este sentido, las distintas representaciones de sedes y recintos regionales de la Universidad de Costa Rica hemos asumido con responsabilidad nuestro rol de cogobierno, señalando activamente lo que sabemos que se puede mejorar. Por esto, frente a los intereses de la Asamblea Legislativa por modificar la Constitución Política, en su artículo 85, tenemos claro, como Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y en unidad con las demás representaciones regionales, el rechazo absoluto a cualquier propuesta que venga a menoscabar o condicionar nuestra autonomía universitaria.
Las sedes y recintos regionales somos Universidad de Costa Rica y somos también producto del mismo interés de nuestra Institución por llevar desarrollo a las regiones del país, que hasta el día de hoy siguen con grandes rezagos. Esto último, producto de las mismas políticas estatales que han promovido durante décadas el vallecentrismo.
Así, el sistema de regionalización nace hace 52 años con la fundación de la Sede Regional de Occidente y, a partir de esto, es que las universidades estatales se expanden a las regiones, dotando a las comunidades de investigación, docencia y acción social, generando entre sí una simbiosis entre universidad y comunidad. Hoy, la Universidad de Costa Rica es parte de las regiones, tanto así que no podríamos imaginar a una ciudad de San Ramón sin su recinto universitario, pues este se volvió un espacio de cultura para dicha comunidad. Recalcamos que rechazamos ese “intento de fortalecimiento” de nuestro sistema de regionalización a través de una reforma constitucional.
Más allá de las buenas intenciones que se muestran con este proyecto, vemos un claro desconocimiento del funcionamiento de nuestra Universidad, así como del proceso y los planes de regionalización universitarios. Vemos en este proyecto una visión sesgada y simplista que afecta al mismo proceso de regionalización. Por ejemplo, en este, se deja por fuera del alcance de la propuesta a cuatro recintos universitarios de tres sedes regionales.
Señoras y señores diputados, esto es un claro desconocimiento de las repercusiones que pueden tener sus acciones, además que denota un uso de información a conveniencia política. Hablamos de la Sede de Occidente, la Sede Interuniversitaria de Alajuela y la Sede del Atlántico, las cuales entrarían en una situación financiera muy peligrosa en caso de aprobar modificaciones constitucionales como estas.
Asimismo, señalamos la violencia abrupta a nuestros principios constitucionales, como lo es el de legalidad, señalados en la el artículo 11 de nuestra Constitución Política y de la misma manera en la Ley General de Administración Pública. Las implicaciones de una modificación de este tipo atentan contra el crecimiento de la regionalización, porque condiciona al rango constitucional nuestro crecimiento como Universidad de Costa Rica.
El principio de legalidad implicaría que, en el supuesto de la aprobación de este proyecto, se le ponga un límite a nuestro sistema educativo. En este mismo sentido, queremos expresar nuestro total rechazo al informe de mayoría presentado por la Comisión Especial que estudia la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y cualquier otro proyecto que se proponga a raíz de este, pues no solo es una amenaza para la educación superior pública, sino que es un documento cutre, lleno de falacias y tintes políticos que buscan acabar con la libertad de pensamiento usando el tema de regionalización como escudo para justificar sus intenciones.
La autonomía financiera dada por nuestra Constitución Política a través del FEES nos protege frente a esas voluntades políticas que se han hecho ver en el Plenario Legislativo, las cuales buscan condicionar el trabajo de nuestra Institución y cambiar el rumbo de esta. Por esto, queremos externar que ninguno de los niveles de la autonomía universitaria está en mesa de negociación. Nuestra autonomía es un legado que defenderemos todos los días.
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