La Universidad de Costa Rica continúa elaborando y aplicando estrategias para paliar el impacto económico derivado de la pandemia por el COVID-19. Foto Laura Rodríguez.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió este martes 30 de junio la resolución R-171-2020 en la que anuncia que no se otorgará el ajuste salarial por incremento del costo de vida a las funcionarias y funcionarios de la institución.
Asimismo dictaminó que los recursos destinados para dicho concepto ahora serán inyectados al sistema de becas de atención socioeconómica y así fortalecer ese apartado dentro de las finanzas de la Universidad.
En la Sede Rodrigo Facio un total de 23 295 estudiantes reciben alguna de las cinco categorías en que se divide el sistema de becas de la UCR, o sea, un 53,8 % de su población estudiantil en el primer semestre del 2019, y de esa cifra el 80 % (19 000 estudiantes) reciben una beca 4 o 5. En las sedes regionales, más del 80 % de los estudiantes tienen beca.
La decisión emitida por la Rectoría responde a las decisiones que han tenido que tomar las autoridades universitarias para garantizar la subsistencia económica de la UCR, en medio del impacto negativo que tiene sobre las finanzas de las instituciones estatales la pandemia por el COVID-19.
Dentro de los considerandos que apuntó la Rectoría para tomar esta decisión se citan que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) definió que la inflación acumulada para el mes de mayo del 2020 es negativa (-0,22 %) y que los pronósticos de ese mismo indicador se mantendrán a la baja; inclusive, el BCCR vaticina que los próximos dos años la inflación se ubicará por debajo de la meta trazada por su Junta Directiva.
Sin embargo, si el BCCR determina que al concluir el 2020 se da un porcentaje de inflación acumulada positivo, la UCR reconocerá ese monto como un aumento salarial debido al costo de vida para el 2021.
Finalmente, esta resolución firmada por el rector Dr. Carlos Araya Leandro, declara que esta administración considera fundamental que la UCR disponga de los recursos económicos necesarios para garantizar la atención de la población más vulnerable de la comunidad universitaria.