Universidad de Costa Rica
El 23 de junio, el Plenario legislativo discutió y finalmente aprobó —con 31 votos a favor y 13 en contra— el informe de mayoría emitido por la comisión especial que analizó la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Dicho documento ha sido criticado y repudiado no solo por esta Federación sino por diferentes sectores, organizaciones sociales, unidades y facultades de las distintas universidades públicas.
Como si no hubiera sido suficiente con presentar un dictamen sin estructura lógica, basado en información falsa e imprecisa y con un claro sesgo ideológico que responde a los intereses de quienes buscan acabar con la educación pública y con el estado social de derecho, las intervenciones de ciertas diputaciones fueron aún más lamentables y vergonzosas que el mismo informe. Imperó el discurso de odio hacia las universidades públicas, el ataque al modelo de formación humanística y crítica, así como la desacreditación de áreas del conocimiento que no se ajustan a la lógica mercantilista.
Denunciamos y repudiamos vehementemente las aseveraciones adultocéntricas y violentas en contra del estudiantado, las declaraciones que atacan la importancia de las artes, las ciencias, las letras y los estudios generales, los argumentos falsos y sesgados de diputados como Wagner Jiménez (PLN), Erick Rodríguez (independiente), Carlos Ricardo Benavides (PLN), María Inés Solís (PUSC), Johnatan Prendas (independiente), Ivonne Acuña (independiente), Melvin Núñez (PRN) y Yorleny León (PLN).
Consecuentemente, rechazamos las afirmaciones de estas diputaciones que, lejos de tener una preocupación genuina por reforzar el crecimiento de las universidades en las zonas periféricas y una administración más adecuada del FEES, utilizan a las regiones y el uso del presupuesto como escudo de cristal para justificar intenciones nefastas que profundizarán las desigualdades socioeconómicas en el país.
Si bien las universidades deben revisar y modificar el uso de su presupuesto, fortalecer los planes de regionalización, disminuir las brechas salariales y aumentar el acceso a la educación superior pública, bajo ninguna circunstancia las políticas coyunturales e intereses de ciertas clases deben atentar contra la autonomía, el modelo universitario que caracteriza a estos centros de enseñanza, la educación pública y de calidad, así como el estado social de derecho.
El estudiantado seguirá defendiendo un presupuesto justo y creciente para nuestras universidades, denunciaremos las injusticias a nivel interno, pero no consentiremos que se violenten las garantías constitucionales ni que triunfe su tiranía. La educación pública es un derecho, no una mercancía. Después de 50 años, les seguimos preguntando:
DIPUTADOS ¿HOW $ MUCH?
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