Universidad de Costa Rica
Con el propósito de hacer un análisis a profundidad de los dictámenes presentados por la Comisión de la Asamblea Legislativa que estudió el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) integró una comisión institucional de académicas y académicos, representantes de la Federación de Estudiantes (FEUCR) y del Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU) para el estudio y preparación de un documento institucional de análisis y respuesta.
Unas de las principales conclusiones que señala el documento realizado por la UCR, es que el informe de mayoría es deficiente en su concepción de qué es una universidad pública, evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, reproduce estereotipos sobre las universidades públicas y brinda descripciones sesgadas e incompletas de sus aportes al país.
La comisión institucional retoma y clarifica aspectos como la importancia y la razón de ser de la autonomía universitaria en un país democrático; la historia y los cambios en la distribución del FEES; la necesidad de revisar el régimen salarial de la UCR y el proceso de regionalización, solo por mencionar algunos.
El Dr. Gabriel Macaya Trejos, exrector y coordinador de la Comisión Institucional, manifestó que en todos los temas el informe presenta un nivel de autocrítica.
“Por supuesto que sí hay cosas que cambiar. El sistema salarial tiene que ser más equitativo y el proceso de regionalización debe revisarse, es necesario replantear qué es lo que la universidad busca en su desarrollo regional”, recalcó.
Como parte del informe, se resalta la importancia de la autonomía universitaria y ampliamente se explica su valor y la necesidad de su existencia. El texto señala que restringir la autonomía universitaria es propio de sociedades autoritarias, en las que se impone un pensamiento único y ese no es el caso de Costa Rica.
Asimismo, en relación a los señalamientos que se hacen respecto a la distribución del FEES entre las universidades públicas, el informe de la UCR explica claramente los cambios que se han hecho a lo largo de la historia y cómo los porcentajes han variado, demostrando que dentro del seno del Consejo Nacional de Rectores (Conare) este es un tema en constante análisis y evaluación.
La distribución del FEES muestra una importante dinámica de negociación al interior del Conare y una búsqueda de equidad en la distribución, lo que contradice las conclusiones del dictamen de mayoría. Se han desarrollado a lo interno mecanismos novedosos para modificar la distribución del FEES en busca del fortalecimiento de la institución con menor presupuesto y aumentar la equidad en el financiamiento.
Del análisis se concluye que los ajustes a la distribución implicaron una disminución del porcentaje correspondiente a la UCR, que en el periodo analizado de 1976 a la actualidad pues pasó del 66,04 % al 55,97 %. Por el contrario, la institución con el menor porcentaje, la UNED, ha crecido en la distribución desde su incorporación en 1981 de un 6 % a un 9,44 % en la actualidad.
De igual manera, la UCR está consciente de la urgente necesidad de revisar su régimen salarial. Esta revisión, además de contribuir a la contención del gasto en salarios y a la sostenibilidad del financiamiento universitario, debe llevar a un régimen de remuneraciones de mayor equidad. Los salarios de contratación o de ingreso a la institución, sobre todo en el sector académico, son poco competitivos, lo que dificulta la atracción de nuevos profesores e investigadores indispensables para la renovación del personal académico.
Para Catalina Chaves Arias, presidenta de la FEUCR, el dictamen desconoce y omite los esfuerzos que han realizado las universidades públicas en aspectos como disminución del gasto, distribución interna del presupuesto, infraestructura, admisión y becas y apunta a que hay una clara intención de poner a discutir a las universidades entre sí, cuando los esfuerzos deben centrarse en la defensa del presupuesto.
“Hay situaciones que se deben revisar a lo interno de las universidades, pero eso de ninguna forma debe ser una excusa para violentar la autonomía, para recortar el financiamiento o cambiar el modelo universitario por el que el país ha apostado y que ha dado resultados, los que se reflejan siempre y se han evidenciado todavía más en la situación que estamos ahora. Las universidades públicas y en general la institucionalidad pública, ha tenido un papel fundamental en la atención de la pandemia”, subrayó Chaves.
Para la comisión institucional, el dictamen de mayoría pretende resolver esos y otros asuntos por la vía de reformas constitucionales, tendientes a debilitar o eliminar el régimen de autonomía de las universidades públicas, una propuesta inaceptable, que de fructificar acarrearía consecuencias negativas de la máxima seriedad.
“Las soluciones a las debilidades de la educación superior nacional deben ser el resultado de una visión integral, que abarque a todos los actores del sector, y considere la necesaria heterogeneidad de sus diversos componentes. No existe, en el caso de las universidades públicas, una única “universidad del futuro”, pues cada una de ellas, según lo muestra con toda claridad su historia, ha aportado y sigue aportando al progreso nacional y a la construcción de una mejor calidad de vida para toda la población, según su propia misión y mandatos estatutarios, adoptados en el ejercicio de su autonomía”, concluye el informe.
Este documento se entregó el pasado jueves 18 de junio al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith y también se distribuyó entre los demás diputados y diputadas para que de primera mano tengan información suficiente y clara para cuando tengan que votar los informes de mayoría y minoría que se presentarán en el Plenario.
La comisión institucional se comprometió a entregar un segundo informe que se centrará en aspectos de lo que significa la UCR para el país con cifras y análisis de impacto.
LEA MÁS:
Dr. Gabriel Macaya Trejos, exrector de la UCR (coordinador)
Dr. Bernal Herrera Montero, profesor emérito
Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales
Dra. Dina Espinoza Brilla, profesora, Escuela de Estudios Generales
Dr. Rafael González Ballar, profesor, Facultad de Derecho
Srta. Ana Catalina Chaves Arias, presidenta FEUCR
Dr. Lester Izaguirre Cerda, representante del Sindeu
Dr. Miguel Guzmán Stein, asesor de la Rectoría
Dr. Eval Araya Vega, secretario de la Rectoría
