Karla Richmond

El dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) contiene diversos aspectos de índole presupuestario que requieren ser atendidos por las universidades, particularmente en lo que se refiere a los cambios en la estructura salarial, de manera que se favorezca la equidad en esta materia y la sostenibilidad económica de las instituciones en el mediano y largo plazos.

Pero este dictamen contempla también una serie de propuestas y recomendaciones que ponen en entredicho fundamentos esenciales del concepto de universidad pública y de su misma autonomía.

¿Qué es una universidad pública y por que es importante la autonomía?

Una universidad pública es una institución de educación superior dedicada a la generación de conocimiento y a la formación de profesionales en muy diversas áreas del saber, así como a la proyección de estos saberes a la sociedad. Las universidades son nichos donde se desarrollan nuevas ideas y se cultivan las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías desde perspectivas que van más allá de su impacto inmediato. También son espacios de pensamiento crítico y de reflexión permanente sobre la realidad. Se basan, por ende, en una sólida libertad académica y en una visión amplia del conocimiento y sus aplicaciones.

Los rumbos de las universidades públicas se definen en un continuo diálogo con la sociedad, pero deben tener la suficiente amplitud y autodeterminación para garantizar que sus fines se enmarquen en las necesidades de la sociedad toda y no de grupos de interés puntuales. Esto lo garantiza la autonomía universitaria. Esta incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión.

El dictamen de mayoría de la comisión legislativa carece de esta visión integral de las universidades, ya que concibe sus funciones y su vínculo a la sociedad desde un marco estrecho, con un énfasis desmedido en el papel que estas instituciones cumplen en el desarrollo económico del país, a través de los vínculos con el sector productivo privado.

Esta visión limitada desmerece la amplitud de la labor universitaria, al subvalorar muchos otros ámbitos de la acción académica y social de estas instituciones. Las universidades deben atender las múltiples necesidades de la sociedad en el presente, incluyendo las económicas, pero deben ir mucho más allá, para generar reflexión crítica que ilumine los caminos del futuro.

Algunas recomendaciones de la Comisión Legislativa sobre el FEES afectan la autonomía

Es claro que las universidades deben tener la capacidad de detectar las necesidades de la sociedad, y así ajustar en lo que corresponde sus planes de estudio y desarrollo, y sus agendas de investigación y acción social. Pero es erróneo pensar que las necesidades de la sociedad se circunscriben a las de determinados sectores económicos. Existen muchos otros aspectos sociales, comunitarios, culturales, ambientales e institucionales que las universidades deben atender con su trabajo. Esta integralidad en el trabajo universitario la garantiza la autonomía. Cuando estas visiones limitadas se traducen en condicionamientos para el otorgamiento de presupuesto, se está afectando directamente la autonomía universitaria.

La comisión propone una reforma constitucional que asegure que la autonomía universitaria esté supeditada a las finanzas públicas. El presupuesto universitario se establece mediante negociaciones en la Comisión de Enlace, donde participan ministras y ministros del gobierno junto con rectoras y rectores. Supeditar constitucionalmente el presupuesto universitario a las finanzas públicas pone a estas instituciones al vaivén de decisiones en política económica que son difíciles de predecir y que, con certeza, las debilitarán.

El informe de la comisión hace énfasis en la necesidad de apoyar el desarrollo de las regiones y de las sedes universitarias ubicadas en ellas, lo cual es claramente pertinente, pero ese desiderátum debe transcender el estrecho marco que aplican también a este tema, para enfocarse en visiones más integrales de desarrollo. La comisión se aventura incluso a sugerir cuáles serían las regiones en las que se requiere priorizar el desarrollo universitario, indicando que en ellas hay que concentrar el grueso de la inversión futura del FEES y que de estas inversiones debería depender la nueva distribución de recursos. Esta sería otra transgresión de la autonomía universitaria

La comisión enfatiza en la importancia de que las políticas de educación superior estén alineadas con el plan nacional de desarrollo. Es claro que debe haber una coordinación entre las universidades y dicho plan. Pero, por su naturaleza autónoma, las instituciones públicas de educación superior no pueden enmarcar sus líneas de acción en función de un plan nacional de desarrollo. Las universidades requieren tomar en cuenta estos planes, pero tienen que ir mucho más allá en sus labores permanentes de reflexión, investigación y proyección a la sociedad.

La comisión legislativa también señala la conveniencia de que las personas titulares de los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación formen parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Este consejo es una instancia de coordinación de las universidades estatales y su funcionamiento debe tener la garantía de la autonomía, al igual que lo tienen las instituciones que lo conforman. El CONARE requiere estar en permanente coordinación con las instancias del gobierno y los ministerios, pero sus decisiones deben ser autónomas del poder político de turno, cualquiera que este sea.

Igualmente, la comisión plantea que el Ministerio de Educación Pública ejerza la rectoría de la educación superior pública, lo cual tampoco es aceptable. Obviamente se requiere una estrecha coordinación entre el ministerio y las universidades. Pero las decisiones y el rumbo de las universidades se deben definir al interior de estas, en diálogo con el ministerio y otros sectores, pero con autonomía para marcar los destinos. Estos dos puntos que plantea la comisión pretenden establecer una relación inaceptable, de carácter jerárquico, entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas.

En suma, el dictamen de mayoría de la comisión legislativa encargada de analizar el FEES tiene serios errores relacionados con el concepto mismo de lo que es una universidad pública. Parte de una visión limitada del desarrollo y el bienestar de una sociedad y, al hacerlo, propone reformas que claramente atentan contra la autonomía universitaria. Hay mucho en juego para el futuro de las universidades públicas en estos momentos. Las comunidades universitarias, los sectores políticos y la sociedad en general debemos velar por preservar y fortalecer los fundamentos de estas instituciones de educación superior, que son esenciales para nuestro estado social de derecho.