El Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas después de conocer y analizar el informe de mayoría presentado por diputados que integran la Comisión Legislativa que estudió el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), manifestamos:
Las universidades públicas son generadoras de conocimiento, centros de pensamiento crítico, formación integral y análisis de la realidad nacional. Las universidades estatales han desempeñado un papel vital en la consolidación del sistema democrático y la paz de nuestro país; gracias a su contribución al progreso social, económico, científico, cultural y ambiental de Costa Rica. Esto lo han hecho por medio de la generación del valor público producido por el sistema universitario estatal para el país, aportando profesionales de alto nivel, investigación científica y tecnológica, proyectos de extensión y acción social en diferentes comunidades, reforzando un modelo de país solidario, inclusivo y de bienestar para toda la ciudadanía.
Para ello, ha sido y es indispensable garantizar el adecuado financiamiento de la educación universitaria frente a intereses particulares económicos y políticos. Esta garantía ha sido elevada a rango constitucional por los artículos 78 y 85 de la Constitución Política.
La universidad pública forma profesionales en diferentes áreas de conocimiento: las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías, importantes para fortalecer el acervo cultural, artístico, intelectual, científico de nuestro país, sin menoscabo de ninguna disciplina del conocimiento, propiciando así una formación integral y humanística de nuestros profesionales.
El dictamen de mayoría presentado no profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país ni tampoco hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas, donde la educación responda a un modelo país y no exclusivamente a intereses económicos, empresariales o políticos.
Estamos convencidos de que las universidades estatales seguirán siendo fundamentales y necesarias para el futuro de Costa Rica. Cada una de las universidades estatales que conforman el sólido y consolidado sistema universitario público, seguirá cumpliendo su misión con la sociedad costarricense y continuarán trabajando en procura del desarrollo nacional.
El CONARE fue creado por el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, como un ente de coordinación del sistema universitario público.
Es un órgano propio de las universidades públicas y cuya adhesión es voluntaria, por lo que incorporar a otras entidades fuera de su ámbito no corresponde ni a su naturaleza jurídica ni a su autonomía. CONARE es el órgano responsable de la coordinación y la articulación de la gestión del sistema universitario estatal, en respeto a la autonomía de cada uno de sus miembros.
En el Convenio de Coordinación y en la Ley Nº6162 de 1974 se considera la existencia de la Comisión de Enlace, conformada actualmente por los cinco Rectores, un representante estudiantil y cinco Ministros de Estado (Educación, Presidencia, Hacienda, Planificación y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones). Corresponde a esta Comisión de Enlace discutir y comunicar las iniciativas pertinentes para la formulación del PLANES, considerando políticas públicas de desarrollo, definidas por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo. Le corresponde también negociar y definir el monto del FEES y una Agenda de Cooperación Gobierno – Universidades Públicas, que procura desarrollar proyectos conjuntos para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente.
La última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República.
El quehacer de las Universidades Públicas se encuentra estrechamente articulado con el desarrollo nacional. CONARE analiza, considera e incorpora los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo vigente en la formulación del PLANES, tal y como se establece en el artículo 85 de la Constitución Política.
Esto fue confirmado por la jerarca de Planificación en audiencia ante esta comisión especial legislativa para estudiar el FEES, donde explicó que el Plan Nacional de Educación Superior de las universidades públicas (PLANES) se elabora utilizando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros documentos del marco estratégico nacional. Esto significa que el FEES, expresión presupuestaria del PLANES, contribuye con el cumplimiento de los objetivos y las metas nacionales.
En el marco de un proceso permanente de mejoramiento continuo, las universidades y el CONARE han incorporado un mayor número de indicadores estratégicos al PLANES, actualmente suman 114 indicadores con su respectiva ficha técnica, línea base y metas quinquenales anualizadas, Entre los que destacan: matrícula, graduación, becas, carreras acreditadas y regionalización.
La asignación del 8% del PIB para la educación, consignada en el artículo 78 de la Constitución Política, el cual la Sala Constitucional en diferentes años y sentencias (2010- la No. 11043, 2011-la No.15968, 2012-la No.06416, 2016-la No. 12803, 2019-la No.09724) ha ordenado cumplir a los poderes, Ejecutivo y Legislativo.
De este presupuesto total de educación las universidades estatales reciben menos de la quinta parte.
Este es un momento adecuado para reconocer que la evidencia científica debe ser uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de nuestro país. Con los hallazgos de los diferentes grupos de investigación de las universidades públicas, pero también de todos los aportes de las universidades públicas en la lucha contra el COVID-19, demostramos que poner en entredicho la inversión en la educación superior y en la investigación nos aleja del camino del desarrollo que anhelamos. No se debe limitar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, ni mucho menos de la educación superior pública que permite contar con el capital humano para enfrentar las crisis sanitarias, económicas y ambientales.
La actual situación pandémica ha demostrado que los países que han invertido en educación y salud pública son los que mejor han enfrentado esta crisis y logran apuntalar el desarrollo económico con mayor equidad.
Previo análisis en el seno de la Comisión de Enlace en 1993, el CONARE creó el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el cual evalúa y acredita, mediante estándares internacionales, la calidad y la excelencia académica de las carreras y programas impartidos por las universidades tanto públicas como privadas. La objetividad e independencia del SINAES fue garantizada mediante la ley N°8256, promovida por el propio CONARE.
Las casas de educación superior pública cuentan con 144 carreras acreditadas, tanto por el Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior (SINAES) como otros órganos internacionales de acreditación, tal es el caso de las carreras de ingeniería de la UCR y el TEC que fueron acreditadas internacionalmente por la Agencia Canadiense de Acreditación en Ingeniería (CEAB). Además, la Agencia Francesa de Acreditación otorgó la acreditación institucional al Instituto Tecnológico de Costa Rica y tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica han iniciado este proceso institucional.
Como parte de la gestión permanente de la calidad, las universidades estatales están comprometidas con la revisión, actualización y modernización permanente de la oferta académica, tanto de las denominadas STEAM por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) como también las denominadas SSH por sus siglas en inglés, que comprenden las humanidades, las ciencias sociales, la educación, la cultura, las ciencias económicas, el arte, el ambiente, los idiomas y el deporte.
Sin perjuicio de su propia autonomía e independencia constitucionales, temas que han sido sometidos a valoración del Poder Judicial, las universidades públicas han adoptado voluntariamente acciones necesarias para cumplir los fines de la Ley Nº 9635. Desde la formulación inicial de los presupuestos 2020, entregada a la Contraloría General de la República en setiembre del 2019, las universidades estatales y CONARE estructuraron sus presupuestos conforme con la regla fiscal.
En ejercicio de su potestad de autogobierno, en el año 2015 las universidades públicas realizaron un estudio actuarial a fin de determinar su sostenibilidad financiera. De este estudio han derivado estrictas medidas de contención del gasto y las denuncias planteadas por los Rectores ante el Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas existentes, con el objetivo de una renegociación de las mismas.
Por medio del PLANES, el CONARE promueve el desarrollo y el aumento de las inversiones destinadas a las regiones del país, así como acciones sistémicas de apoyo a las políticas institucionales de regionalización, destinando recursos humanos y presupuestarios adecuados para responder a las necesidades territoriales.
Como parte de la estrategia del fortalecimiento de la regionalización, las universidades estatales han realizado inversiones importantes, especialmente con la reciente ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Pública, financiado por el Banco Mundial, el cual ha reconocido públicamente en sus evaluaciones hechas al citado proyecto la eficiencia, la eficacia en la ejecución del mismo y el logro de los objetivos de este proyecto.
Como consolidación de este fortalecimiento, en el 2019 el CONARE creó los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional (OCIR) en las cinco regiones del país. Permitiendo mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario estatal en sus propias regiones, fortaleciendo las capacidades regionales en docencia, investigación, innovación, emprendimiento, extensión, acción social y vida estudiantil, así como el desarrollo local desde las comunidades, en coordinación con las instituciones del gobierno y del sector privado.
Para CONARE el tema de regionalización ha sido prioritario desde hace muchos años y muestra de ello es que ha destinado por más de una década, sustanciales recursos adicionales a los invertidos por cada universidad de manera específica. Por medio del Fondo del Sistema (FEES), desde el 2018 se han destinado por año más de 1000 millones de colones para que sean invertidos en las regiones.
Por tal motivo, las universidades públicas y CONARE trabajan en documentos que permitan a la opinión pública realizar un análisis objetivo de las universidades estatales, apegado a la realidad, sustentado en números, datos e información veraz y comprobada.
CONARE y las universidades estatales reiteran su compromiso con el país y la ciudadanía por medio de la mejora continua, la transparencia, la calidad, en un ejercicio permanente de autocrítica.
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