Karla Richmond

Contrario a lo que la lógica podría suponer, las protestas sociales en el país no han parado como consecuencia de la situación de emergencia nacional ocasionada por el COVID-19.Por el contrario, una mayoría de estas han portado las demandas de distintos sectores que han sufrido los efectos de la emergencia, aunque desde luego, las diferentes restricciones establecidas han supuesto un redimensionamiento de las protestas no-institucionales (callejeras) y un mayor recurso a las de carácter institucional, tales como las declaraciones públicas y las comunicaciones de prensa.

A la fecha, diferentes actores sociales y económicos han posicionado sus reclamos en relación con la emergencia, llegando a señalar los efectos que las diferentes medidas sanitarias, tales como, el cierre de establecimientos, las restricciones a la circulación y la suspensión de funciones han tenido sobre sus respectivos sectores.

En la base de datos Protestas,del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), que mantiene un monitoreo sistemático del comportamiento de la protesta social en todo el territorio nacional, se han registrado un total de 101 acciones colectivas tras 71 días de conteo ininterrumpido de las protestas que guardan una relación directa o indirecta con la temática COVID-19, para el periodo comprendido entre el jueves 5 de marzo y el viernes 15 de mayo (ver Gráfico 1).[1]

En términos generales, los diferentes reclamos pueden agruparse en torno a tres temáticas relacionadas con: 1) las condiciones sanitarias; 2) las condiciones laborales; y, 3) la coyuntura económica. Estos ejes responden en distinto grado a las diferentes medidas (sanitarias, sociales, económicas) tomadas por el gobierno de la República y sus efectos sobre el funcionamiento de la economía nacional.

Gráfico 1. Costa Rica: Distribución de las acciones de protesta asociadas a la coyuntura del COVID-19 (5 de marzo – 15 de mayo de 2020). Fuente: PROTESTAS: base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.

En el primer eje, se ubican las protestas de sectores comunitarios y de grupos de estudiantes, madres y padres de familia, cuyos reclamos se han centrado sobre todo en torno a los problemas de faltante de agua en comunidades urbano-marginadastales como los Hatillos. No obstante, dichas demandas, que anteceden a la detección de los primeros casos de COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional, comenzaron a resignificarse debido a las implicaciones de la falta de suministro para seguir las recomendaciones de las instituciones sanitarias.

De igual manera, grupos de madres, padres y estudiantes, así como sindicatos de la educación, desarrollaron acciones directas (cierre de instituciones) e indirectas (comunicados) solicitando la suspensión de clases durante la emergencia como una forma de proteger a la población estudiantil y docente. En este reclamo también se sumaron otros sindicatos, sobre todo del sector público, que pidieron el cierre temporal de instituciones como medida para contener la propagación de la enfermedad.

Como contraste, en las zonas rurales del país, específicamente en las zonas de atracción turística, grupos de vecinos y vecinas realizaron acciones directas (bloqueos de carretera) para frenar la llegada de turistas, procedentes principalmente del GAM, y evitar así la propagación del COVID-19 en sus comunidades.

El segundo eje se compone de un conjunto heterogéneo de actores, desde personas trabajadoras del sector público de sectores como la salud, hasta personas trabajadoras del sector informal. En el primer caso, las peticiones se orientaron a la demanda de insumos para la protección del personal médico que atiende la emergencia. En el segundo caso, medidas sanitarias como las restricciones a la circulación, fueron cuestionadas debido a sus efectos sobre el trabajo, sobre todo informal asociado a la economía on demand(entiéndase aplicaciones como Uber, Glovo, etc.). Asimismo, se registraron acciones llevadas a cabo por personas desempleadas para exigir acceso a las medidas de atención estatal destinadas a este grupo.

En el tercer eje destacan las demandas empresariales referidas a los efectos que la declaratoria de emergencia nacional y las medidas sanitarias están teniendo sobre el desempeño de diferentes sectores de la producción nacional. Se suman las peticiones para que el gobierno facilite recortes en las planillas y defina condiciones para el no pago (o aplazamiento) de impuestos como el de Renta y el de Valor Agregado (IVA) mientras dure la situación. También las referidas a la reducción de la planilla estatal en sectores “no esenciales” como una forma de contención del gasto públicoy el redireccionamiento de recursos para atender la emergencia. Además, en lo referente a la reducción del sector público, muchas de estas demandas forman parte de la agenda de un sector del empresariado nacional impulsada desde antes de la emergencia desatada por el COVID-19. Así, esta coyuntura ha abierto una ventana de una oportunidad para volver a posicionar y acelerar dicha agenda.

Tabla 1. Ejes temáticos de la protesta social asociados al COVID-19 Fuente: elaboración propia a partir de PROTESTAS: base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.

A nivel general, vemos tanto una articulación o resignificación de demandas preexistentes con la emergencia sanitaria y económica desatada por el COVID-19, como el surgimiento de nuevas reivindicaciones producto de las afectaciones específicas a sectores sociales.En este sentido, los antagonismos y ejes de conflictividad que marcaron las disputas en el plano político y económico durante el 2018 y 2019, parecen mantenerse y resignificarse en este nuevo escenario, así como los bloques sociales que han protagonizado dichas disputas.

En este sentido, el sector empresarial, agrupado predominantemente alrededor de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), parece profundizar su agenda específica de atención a la deuda externa y recorte del gasto público por sobre la necesidad de atención a los sectores económicos más golpeados por la crisis, como pequeñas y medianas empresas nacionales, y personas trabajadoras desempleadas o que han sufrido reducciones de jornadas.De esta manera, este sector parece apostar por la profundización del modelo de acumulación por despojo de las últimas décadas.

Asimismo, en este periodo se ha hecho más que notorio el poco peso del sector sindical en esta coyuntura, esto más allá de algunas acciones puntuales de carácter gremial, emprendidas a inicios del periodo de estudio por la suspensión del ciclo lectivo de manera presencial, o para velar por la seguridad del personal de salud en los hospitales del país. Esta relativa desaparición de la agenda pública podría obedecer a varias razones, que van desde un posible sesgo ocasionado por la poca o nula cobertura por parte de la prensa sobre las acciones de este sector, hasta la poca capacidad de adaptación de las dirigencias sindicales para emprender acciones de protesta en las condiciones de reclusión que impone la crisis sanitaria del COVID-19.

Por último, y en la línea de nuevas posibles formas de pensar la movilización de demandas en tiempos de distanciamiento social (ver Alvarado 2020 05 14), destaca el reciente surgimiento de la iniciativa ciudadana virtual #QUIEROMIROP. Este grupo, el cual se ha articulado a través de la red social Facebook, ha habilitado una página de recolección de firmas con el objetivo de ejercer presión sobre las y los tomadores de decisiones en la Asamblea Legislativa para favorecer el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), esto como forma paliar los múltiples efectos económicos desencadenados por la crisis pandémica. A la fecha, la iniciativa cuenta con más de 2500 firmas y llama a prestar mayor atención sobre una posible extensión de las ciber acciones(repertorio de movilización poco utilizado en al país) bajo la actual coyuntura.

[1]Los datos se encuentran disponibles para consulta libre en la siguiente dirección: https://protestas.iis.ucr.ac.cr/