Dr. Esteban O Mora Martínez.  Anel Kenjekeeva

La historia de la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) inicia en la Administración Chinchilla Miranda 2010-2014, pero no es sino hasta el 9 de abril de 2015, durante la Administración Solís Rivera 2014-2018, que los países miembros de esa agrupación acuerdan abrir conversaciones para esta nueva adhesión.

El programa de adhesión implicó, por un lado, la preparación y presentación del Memorando Inicial, documento que recoge la posición del país con respecto a 250 instrumentos legales de la OCDE. Además, significó realizar evaluaciones técnicas por parte de 22 Comités en diferentes áreas, a saber inversión, cohecho, gobierno corporativo, mercados financieros, seguros y pensiones privadas, competencia, asuntos fiscales, política ambiental, químicos, gobernanza pública, política regulatoria, estadísticas, economía y desarrollo, educación, empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, comercio y créditos a la exportación, agricultura, pesqueras, política científica y tecnológica, economía digital, y políticas de consumidor.

El primer resultado de este proceso se dio a conocer el 30 de enero de 2017 y la última aprobación el 31 de marzo de 2020, durante la Administración Alvarado Quesada 2018-2022. La OCDE con la liberación de los resultados de los informes ha permitido que tanto el Gobierno de la República, como la Asamblea Legislativa, trabajen en una agenda de actualización del marco normativo del país, ya que, se han aprobado cerca de 14 proyectos de ley relacionados con mejoras a procesos institucionales que, consecuentemente, deberá tener efectos en las funciones de las instituciones y en los procedimientos internos para brindar con mayor efectividad los servicios públicos.

Sin duda es un esfuerzo de más de cinco años, tanto en lo administrativo como en lo económico por parte del país, ya que, existen costos relacionados con atención de reuniones, cuotas de participación en dicho organismo, estudios de políticas, transferencias corrientes al sector externo, delegaciones y representación en Paris (Francia). Estos costos podrían superar los 1.574 millones de colones, monto presupuestado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en el año 2015 según información del Ministerio de Hacienda.

¿Qué sigue? Si bien están aprobados los 22 Comités técnicos, en el último Comité de Análisis Económico y del Desarrollo, realizado por primera vez de forma virtual como medida ante la pandemia del COVID-19, se puso énfasis en el seguimiento a las medidas implementadas sobre estabilidad macroeconómica y fiscal, crecimiento económico inclusivo, aumento de la productividad y promoción de la competencia.

Todas estas medidas son estructurales y el país debe ser prudente en la implementación tanto de políticas públicas como en los instrumentos dedicados a la reactivación económica, velando por la estabilización en su estatus de país de renta media – alta, y a su vez, que mejore la calidad de vida e ingresos de sus habitantes.

Aún falta la decisión política formal de la OCDE de invitar a Costa Rica a ser miembro activo de la Organización, lo cual, trae consecuencias teóricas en transferencias corrientes al sector externo (cuotas de membresía), implementación de buenas prácticas y cumplimiento de disposiciones surgidas de todo este proceso, dentro de las más recientes, atender las recomendaciones para mejorar la lucha contra el soborno transnacional de Costa Rica, con la presentación de informes orales en los años 2021 y 2022.

Solo lo anterior implica definir estrategias y planes de acción para detectar y castigar el soborno internacional, implementar leyes y decretos, reorganizar los procesos relacionados en instituciones públicas como el Poder Judicial; identificar la deducción de impuestos asociada a estos delitos, incrementar las auditorias externas; mejorar los instrumentos de investigación y fortalecer los recursos y capacitaciones relacionadas.

Cada Comité ha realizado recomendaciones, cuyas implicaciones son reales para el aparato público en su conjunto, así como para los ciudadanos, por lo cual, existen costos relativos a la implementación de las buenas prácticas de la OCDE, que deben ser paulatinas y conmensuradas en función de los recursos públicos disponibles en el país.

Membresía al Club. Todos los países miembros aportan fondos al presupuesto de la OCDE, el cual está divido en dos partes (I y II). Las contribuciones se basan en una proporción que se comparte por igual entre los países miembros, y en una escala proporcional al tamaño relativo de sus economías. La Parte I representa alrededor de dos tercios del gasto de la OCDE, y para 2019 fue de 202,5 ​​millones de euros. Mientras tanto, la Parte II cubre programas que son de interés para un número limitado de miembros y se financian de acuerdo con escalas de contribuciones u otros acuerdos entre los países participantes; el presupuesto consolidado de la Parte II para 2019 ascendió a 105 millones de euros. El presupuesto global consolidado de la OCDE para 2019 ascendió a 386 millones de euros.

Para la pregunta ¿cuánto le va a costar a Costa Rica? aún no tenemos todos los datos, pero si a modo de experimento únicamente tomamos los datos del PIB del Banco Mundial para el año 2018 de Luxemburgo (US$70.885 millones), Eslovenia (US$54.007 millones) y Lituania (US$53.429 millones), los tres países de la OCDE y que promedian un PIB de US$59.440 millones cercano al PIB de Costa Rica (US$60.130 millones), podríamos proyectar el costo de la membresía del país en 1,7 millones de euros al año. Lo que sí sabemos es que a las economías latinoamericanas de México y de Chile ya incorporadas a la Organización, les costó 5,4 y 2,4 millones de euros respectivamente en el presupuesto Parte I del 2019.

Porcentaje de participación de los países miembros en las contribuciones al presupuesto de la Parte I para 2019

Fuente: Member Countries' Budget Contributions for 2019, OCDE. 2020