La crisis sanitaria y económica demanda un diálogo responsable y constructivo para tomar medidas que contribuyan a estabilizar y reactivar la economía del país

El Consejo Nacional de Rectores, ante la crisis que vive el país, aboga por un diálogo constructivo, que permita la mejor y más adecuada toma de decisiones apegada a los principios de justicia social. Anel Kenjekeeva

La crisis económica en nuestro país, agudizada por la pandemia del COVID-19, demanda un análisis responsable y serio, con el fin de tomar medidas que contribuyan a contener la recesión, reactivar la economía y proteger el bienestar de la población.

Por tal motivo y abogando por un diálogo constructivo, que permita la mejor y más adecuada toma de decisiones apegada a los principios de justicia social, el Consejo Nacional de Rectores manifiesta:

1. Las propuestas deben ser sensatas y prudentes. Debemos proteger la salud de nuestra población mediante un programa de emergencia que, además de las disposiciones sanitarias, incluya medidas sociales, laborales y económicas. No es mediante el ataque al empleo público, ni la reducción temporal de los salarios públicos ni el cierre de «instituciones que no satisfagan un fin social» que se logrará la estabilidad social y económica del país, como lo indican economistas en un artículo de opinión de La Nación.

2. Esa propuesta del citado artículo se basa en medidas para compensar a empresas del sector privado, por la crisis económica agudizada por la pandemia del coronavirus, y en reducir el salario de los trabajadores del sector público, lo que provocaría la contracción del consumo, incluso de artículos básicos, el aumento del desempleo y de la desigualdad social, y el empobrecimiento de un porcentaje aún más alto de la población nacional.

3. El impacto de la pandemia afectará de manera significativa el acceso y la permanencia de estudiantes en todo el sistema educativo nacional, producto del aumento del desempleo y la disminución de ingresos de sus familias. Por ello, debemos tomar medidas que eviten o al menos mitiguen la deserción de estudiantes de la educación tanto privada como pública, en sus diferentes niveles: preescolar, primaria, secundaria y universitaria.

4. La magnitud de la crisis obliga a apoyos subsidiarios de parte del Estado, los cuales no deben dirigirse unilateralmente a determinados sectores, sino al aseguramiento del bien común. El principio de solidaridad colectiva es apremiante e ineludible.

5. La institucionalidad pública costarricense responde a la atención de la pandemia. Las instituciones estatales generan bien social, como se ha demostrado a través de la historia o en situaciones específicas como la que actualmente vivimos; es por ello que sugerir un cierre técnico de prácticamente la mitad del Estado, paralizando la acción del Gobierno, no solo es golpear fuertemente al sector público, sino a toda la economía nacional y agudizar más los síntomas de la recesión, de manera que se afectaría directamente también al sector empresarial privado.

6. Costa Rica tiene el reto de atender y adoptar medidas inmediatas ante la crisis sanitaria y económica; dentro de esta urgencia debe prevalecer la creatividad, el sentido común, la innovación que garanticen el bienestar de sus habitantes y la democracia nacional. Esto se logrará con un enorme espíritu de solidaridad colectiva, responsabilidad individual y grupal, y la colaboración entre todos los sectores del país.

7. Economistas de las universidades públicas, se han pronunciado y han sugerido medidas que pueden considerarse parte de las posibles acciones, tales como:

a) Fortalecer las plataformas y medios que promuevan la economía digital, utilizando para ello los recursos de FONATEL.

b) Un paquete económico de apoyo a los y las emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas costarricenses, utilizando para ello recursos del sistema de Banca para el Desarrollo.

c) Profundizar las medidas de protección a los segmentos de la población más vulnerables y los que se encuentran en condición de extrema pobreza.

d) Intensificar las acciones legales y las medidas administrativas para enfrentar la alta elusión y evasión fiscal que enfrenta el país.

e) Instar a la Asamblea Legislativa a aprobar la Ley contra la usura, utilizando para ello, el promedio de la tasa de interés máxima que se propone en los estudios realizados por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.

8. El Consejo Nacional de Rectores hace un llamado al análisis, al diálogo, al debate racional de forma constructiva y equilibrada, preservando el Estado Social y el compromiso con la Patria, que permita una recuperación económica, mediante un plan que integre diferentes acciones, sin menoscabar la estabilidad de las familias y el bienestar de la ciudadanía.

9. Es inaceptable que se pida austeridad para un sector de la población y no para todos los sectores, en medio de una grave emergencia sanitaria que requiere inversiones adicionales y un mayor gasto corriente para garantizar la salud de la población. También es inaceptable que se trate de debilitar y vulnerar la institucionalidad en la coyuntura de esta pandemia. Todos los sectores sociales deben contribuir con el bienestar de toda la sociedad, en función de sus posibilidades.

10. Es vital promover la cohesión social, la unión y la convergencia del trabajo conjunto entre todos los sectores sociales. Las universidades públicas estamos dispuestas a propiciar espacios para la articulación y la generación de ideas que favorezcan un sano debate para la estabilidad económica, con una visión solidaria, humanista y social que nos permita salir de esta pandemia con el menor impacto sobre la vida y la convivencia nacional.