Dr. Orlando Hernández, director Cicap-UCR  Anel Kenjekeeva

El reciente escándalo de la creación y retiro del decreto que facilitaría los datos confidenciales de la ciudadanía a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) nos debe llevar a reflexionar sobre la democracia y el papel que juegan los datos en la misma.

La discusión sobre el uso de datos no es reciente, desde la propia constitución se tiene previsto el garantizar el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Ahora bien, en el propio artículo constitucional número 24 se señala que “una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión”.

Además, la Ley 8968, Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, señala en su artículo 1 como objetivo y fin que esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes.

A nivel internacional, el tema del uso de datos toma particular relevancia en la esfera privada, siendo los casos de Facebook y Google los más conocidos por su importancia en un mercado de escala mundial. Se puso en cuestionamiento el hecho de las implicaciones que podía tener la venta de estos datos para que empresas pudieran diseñar de mejor manera sus campañas, productos y servicios.

Asimismo, tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de Norteamérica se incrementó aún más la discusión sobre el uso de los datos, ahora sí, con efectos directos en la democracia. Por supuesto, existen otros casos más complejos que implican el uso de tecnología para identificación de personas por partes de gobiernos y su rechazo por parte de la ciudadanía, como lo fue el caso de Hong Kong.

Costa Rica no ha sido la excepción en la discusión del uso de los datos. No hace mucho se ha trabajado de manera intensa sobre la premisa de transparencia y buen gobierno una lógica o enfoque de gestión pública, el llamado Gobierno Abierto. Que incluso en Costa Rica se llegó a evolucionar el enfoque con búsqueda de trascender en un modelo de Estado Abierto.

Existen diferencias conceptuales y filosóficas entre Gobierno Abierto versus Estado Abierto, sin embargo, algo que es una constante en ambos es el uso de datos para la toma de decisiones. Esto último es importante de resaltar, para que se tomen mejores decisiones en el país se requiere el uso de datos.

Tampoco es algo nuevo, existen múltiples iniciativas que han permitido al país avanzar en el uso de datos para la toma de decisiones, por ejemplo: el Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, o, el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado que permite analizar información para mejorar el enfoque de las distintas políticas sociales.

Y por supuesto, el intento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos para que el Centro de Gobierno pueda tomar decisiones. Algo que parece acorde a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por lo cual, los datos podrían convertirse en una moneda de intercambio en democracia. De un pronto a otro, todos los ojos y oídos están puestos en el fallido decreto y en las posibles intenciones de dicha UPAD. Incluso, en la propia radicalización de la información surgen y se utilizan de manera abusiva (tipo bullying) informaciones personales sobre quienes trabajan en dicha unidad. Algo que deberíamos condenar como sociedad, ya que el ataque es injustificado y no guarda equilibrio con la defensa que podrían tener las personas implicadas. El daño moral ya está hecho, ya se les juzgó, sin incluso entender el trabajo que estaban realizando.

Claro que existe cada vez más una creciente inconformidad con las estructuras gubernamentales, y, por supuesto, han ocurrido desaciertos importantes y graves. Pero no se debe criminalizar el uso de datos para efecto de toma de decisiones, lo que ocupamos es exigir cuentas sobre cómo se garantiza el derecho a la intimidad y a la libertad. Que podamos ser conscientes de que la información que se genera al recibir servicios de las organizaciones pública será utilizada para propósitos exclusivos de que mejore el servicio público y se tomen decisiones con datos para tener políticas públicas que respondan de manera más acertada a los problemas públicos que nos afectan como ciudadanía.

Por lo que sería importante dar por sentado que los datos son necesarios, pero debe regularse de manera estricta su uso. Por supuesto ahora la Casa Presidencial mostrará las bondades y resultados del procesamiento de datos. Pero se hace aún más necesario que la Casa Presidencial rinda cuentas sobre los métodos utilizados para obtener los datos, su procesamiento y custodia, y que refleje cómo se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad, los derechos fundamentales y el derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada, entre otros.

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