Universidad de Costa Rica
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó este martes 25 de febrero su indignación ante el asesinato del indígena brörán Jehry Rivera y demandó respuestas al Gobierno respecto al ciclo de violencia que experimentan los territorios en la zona sur del país.
Rivera, vecino de la comunidad de Térraba, se sumó en los últimos años a las luchas que durante décadas han mantenido los pueblos indígenas por la defensa de sus tierras frente la apropiación ilegal de personas no indígenas.
Esta lucha por el territorio desencadenó un conflicto cargado de violencia en las comunidades de Térraba y Salitre, donde hombres y mujeres indígenas han denunciado intervenciones con armas de fuego, quema de ranchos y agresiones físicas de diversa índole.
El decanato de Ciencias Sociales señaló, por medio de un pronunciamiento, que el asesinato de Rivera tuvo lugar la noche del lunes 24 de febrero, luego de que recibiera amenazas durante el fin de semana por parte de finqueros que portaban machetes, piedras y armas de fuego.
La decana, Isabel Avendaño, catalogó lo ocurrido como un “doloroso hecho que se encuentra enmarcado en un ciclo de violencia continua que ha seguido su curso, en buena medida, por la inacción, lentitud e incapacidad de los poderes del Estado costarricense”.
“Exigimos al Gobierno de la República de Costa Rica la intervención inmediata, que proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas en Buenos Aires y garantice la vida de sus líderes”, afirmó la académica en nombre de la Facultad.
Por medio del pronunciamiento, la Facultad pide al Gobierno rendir cuentas respecto a lo ocurrido este fin de semana; además, exige que responda con prontitud y prioridad política a la problemática en los territorios, por medio de una estrategia integral, permanente y sostenida ante la violencia.
El asesinato de Rivera ocurre a menos de un año de la muerte del líder Sergio Rojas Ortiz, abanderado del proceso de recuperación de tierras indígenas y a semanas de la agresión con arma de fuego contra el también indígena bribri Minor Ortiz Delgado.
Los acontecimientos contra Rojas, Ortiz y ahora Rivera ocurren pese a que, desde el 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado costarricense medidas cautelares para proteger a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre frente a este conflicto.
A lo anterior, se suma la Ley Indígena 6172 que establece la protección de los territorios indígenas y prohíbe la tenencia por parte de personas no indígenas. Esta normativa fue respaldada en 1992 por el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
