Universidad de Costa Rica
La Sala Constitucional admitió para su estudio una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que reglamenta las reformas al empleo público incluidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (n° 9635), interpuesta por los cinco rectores de las universidades públicas.
Lo que se pretende es que se declaren inconstitucionales los artículos 1, inciso h) y 3 del decreto ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H y la interpretación extensiva de aplicabilidad del Título III de la reforma fiscal.
De esta manera, el documento indica que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala, la admisión de la acción no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.
Según señaló el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, al admitir la acción de inconstitucionalidad no aplica el capítulo de empleo público de la Ley a las instituciones de educación superior pública hasta que no se resuelva por el fondo.
De igual manera, explicó que “dada esta situación, debemos analizar las implicaciones jurídicas, pero, en principio, podemos elaborar un segundo presupuesto extraordinario que incorpore los aspectos salariales como la anualidad y el ajuste por reconocimiento de incremento en el costo de vida."
Los rectores alegan que existe una violación a los artículos 84 y 85 de la Constitución Política en perjuicio de la independencia administrativa y de gobierno de las instituciones de educación superior pública.
Además señalan que se ignora la jurisprudencia constitucional que ha declarado la existencia del régimen universitario de empleo como resultado del ejercicio de sus potestades de organización y gobierno otorgadas por la Carta Magna.
Otro de los argumentos citados es que se omite el criterio de la Sala IV que determina la debida interpretación que debe ser dada a los alcances y al ámbito de aplicación de la ley 9635.
Asimismo, reclaman que el Poder Ejecutivo ha hecho un ejercicio indebido de su potestad para reglamentar las leyes nacionales y por lo tanto ha invadido competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa.
Cabe recordar que en mayo del 2019, los rectores presentaron una demanda con medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Estado, por estas mismas razones.
