Anel Kenjekeeva

El desarrollo entendido desde una perspectiva amplia, no se limita a una cuestión de simple crecimiento en términos económicos. Así se concibe a partir de la superación del enfoque malthusiano y las ideas de A. Sen en su libro Desarrollo como libertad, pero sobre todo a partir del Reporte de la Comisión Brundtland, “Nuestro futuro común”, de 1987 -que sirve de referente a la tesis de la sostenibilidad para cerrar la brecha entre desarrollo y ambiente-.

Por eso, J. Sachs en su libro “The Age of Sustainable Development” de 2015, alude a que el desarrollo sostenible es el concepto central de nuestro tiempo y un método para resolver los problemas globales, teniendo como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cual no significa hablar solo de desarrollo como crecimiento, sino desde un visión holística e integral que abarca, tanto a los gobernados como a los gobernantes. De ello se deriva la necesidad de reconocer las particularidades que tiene el desarrollo en cada país, región y comunidad.

Por otra parte, en los últimos años se ha incrementado la conveniencia de implementar la estrategia de gobierno abierto, fundamentada en tres pilares: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas; con lo cual se fortalece la democracia y la democratización. Pero no se trata solo de que la ciudadanía vote cada cierto tiempo para escoger a sus gobernantes; sino que aquella asuma la responsabilidad de intervenir en los procesos de formulación de políticas públicas en todas sus fases. Al mismo tiempo, que el gobierno genere los espacios permanentes de diálogo y participación, y rinda cuentas de las acciones que realiza en procura del bien común.

Con motivo de la pandemia de la Covid-19, de los problemas fiscales que por años se han acumulado en el país, de la largamente postergada reforma del Estado y de las dificultades que ha tenido la administración Alvarado Quesada para tomar decisiones y comunicarlas a la ciudadanía; así como considerando las protestas prolongadas en los meses anteriores, el gobierno convocó a los procesos de diálogo nacional y en las regiones del país. En el caso de la Región Brunca, la ministra de Economía, Victoria Hernández, pidió la colaboración de la Universidad de Costa Rica (UCR), particularmente la participación de la Sede del Sur. Desde el primer momento el rector, Dr. Carlos Araya, respaldó la solicitud.

Así se inició una serie de trabajos para facilitar el diálogo entre los diversos sectores de la zona Brunca y las autoridades gubernamentales. El propósito: construir una propuesta consensuada que identifique los problemas en los seis cantones (Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa y Pérez Zeledón) y señale las causas y las posibles soluciones, así como los actores responsables.

Esta zona tiene particularidades, además de ser una de las áreas de menor desarrollo en el país. Lo señalo con conocimiento de causa, pues trabajé en distintos proyectos durante varios años. A cada cantón, y dentro de estos a cada distrito, hay que reconocerles las diferencias. Esto es clave cuando se quieren atender las necesidades; de ahí la referencia inicial que hice a los enfoques sobre el desarrollo. Los cuales, en el sur del país, deberían conducir a convertir esa región en un polo de desarrollo.

El papel de la UCR, Sede del Sur

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el prestigio y credibilidad que tiene la Sede del Sur, así como la capacidad de trabajo de la directora, Georgina Morera Quesada y su equipo de personas colaboradoras, cuando me integré como asesor, enfaticé dos aspectos medulares. En primer lugar, la necesidad de que la UCR fuera la instancia que facilitara el diálogo. La Universidad no podría ni debería actuar como mediadora ni ser vista como representante del sector gubernamental. En segundo lugar, que quienes representan a los sectores -interesados en participar, sin condiciones previas- aceptaran esa facilitación y llegaran con un espíritu constructivo, lo cual no quita el cuestionamiento y la crítica a las políticas públicas de la actual y anteriores administraciones adoptaron para la Región Brunca.

Mientras no existiera una propuesta consensuada entre los sectores, las autoridades gubernamentales atenderían consultas y no establecerían ningún esquema de negociación. Hay que reconocer la disposición y colaboración de la ministra de Economía, el ministro a.i. de Comercio Exterior y el presidente del CNP, quienes asistieron a las sesiones de trabajo.

De los primeros encuentros se obtuvo un primer borrador, que debe ser validado por los sectores, para luego ser entregado por las y los representantes al gobierno, con la presencia de los alcaldes y otras autoridades de los gobiernos locales. Esto está por concretarse este fin de semana.

En mi criterio, esta experiencia ha demostrado la capacidad de gestión de la Sede del Sur en la Región Brunca y el aporte que puede ofrecer la UCR para fomentar el diálogo entre el gobierno y los sectores sociales, económicos y políticos. Esta vía ha de ser la que se constituya en la norma para la formulación de políticas públicas vinculadas con el desarrollo sostenible, no solo en la actual coyuntura, sino como un mecanismo institucionalizado. Esto es más significativo cuando se trata de grupos con diversos grados de vulnerabilidad en una zona que requiere la atención urgente y permanente de los gobiernos central y locales.

La Sede del Sur de la UCR demostró cómo la universidad debe proyectarse a la comunidad y contribuir a facilitar el diálogo entre los distintos actores -gracias al expertise que poseen los y las especialistas en diversos campos-. Por supuesto, ahora resta ver si el esfuerzo realizado da los frutos esperados y si el gobierno reconoce las necesidades de los sectores y adopta las acciones necesarias para contribuir al desarrollo sostenible en un momento de crisis social sin precedentes.