Universidad de Costa Rica
Diversos aspectos permiten considerar las elecciones presidenciales del 2018 en Costa Rica como un proceso inédito. Fue la primera vez que las agrupaciones políticas que consolidaron el bipartidismo en el país estuvieron fuera de la segunda ronda de votación y, además, el partido con la mayoría de votos en la primera ronda no llegó a la Presidencia.
El Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), y el Programa Estado de la Nación prestaron atención a las particularidades menos evidentes de la más reciente fiesta democrática nacional y profundizaron en su comprensión mediante una serie de investigaciones que plantean el retrato de una democracia amenazada.
Los investigadores y editores del libro que compila los análisis realizados por un amplio grupo académico, Felipe Alpízar Rodríguez y Ronald Alfaro Redondo, reflexionan sobre la forma en que los diversos aspectos retratados en las últimas elecciones podrían favorecer la comprensión de la realidad política en el país y la toma de decisiones.
-La democracia costarricense es considerada liberal, madura y estable como resultado de la ausencia de perturbaciones que hayan puesto en entredicho su legitimidad por un largo periodo histórico ¿Cuáles son los principales aspectos a los cuales se atribuye lo anterior?
Felipe Alpízar Rodríguez (FAR): En Costa Rica se habla de una democracia madura, porque tenemos una tradición de muchas décadas, en las cuales las elecciones democráticas han sido el mecanismo para elegir a las autoridades. Es estable, porque no hemos sufrido rupturas al orden democrático, durante al menos los últimos 70 años. Y es liberal, porque superadas las limitaciones de la primera mitad del siglo XX, todos los hombres y mujeres tienen la capacidad de elegir y ser electos. Estas características se explican con la trayectoria histórica del país.
La estabilidad se atribuye también a la existencia de una institucionalidad política muy fuerte, la cual empezó a construirse a inicios del siglo XX y que en diferentes momentos creó instituciones como la Sala IV y la Defensoría de los Habitantes. Esto no quiere decir que no hayan existido tensiones, pero se han diseñado una serie de mecanismos democráticos para tratar de proteger a la ciudadanía.
Todo ese entramado institucional le da mucha fortaleza al sistema, pero eso no lo deja exento de amenazas. La estabilidad democrática no está exenta de conflicto, pero alcanzar ese estatus es el resultado de un proceso muy extenso de luchas, reformas y que no necesariamente ha acabado, porque el proceso de democratización es algo permanente en la sociedad.
-Las investigaciones realizadas señalan el advenimiento de una democracia disfuncional, como resultado de la falta de capacidad de las instituciones públicas y de las organizaciones de representación política ciudadana para adaptarse a los contextos que presenta el país. ¿De qué forma se manifiesta esta situación en la vida cotidiana?
FAR: Tener una democracia estable y madura no quiere decir que se ha alcanzado todo lo que se necesita para convertirse en un paraíso democrático. Al mismo tiempo que la democracia ha logrado proteger los derechos de la ciudadanía y los procesos electorales, siguen sin resolverse muchos problemas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo o que son producto de unos equilibrios políticos consustanciales, los cuales pueden llegar a generar una parálisis decisional. Es decir, que el sistema democrático a veces puede resultar más lento para resolver asuntos comunes o que hay momentos donde una instancia bloquee a la otra.
Estas situaciones no solo son parte del diseño de la democracia, sino también del diseño del apartado estatal, porque de alguna forma hemos sido incapaces de realizar reformas estructurales al sistema político y al Estado en los últimos 40 años. Esto hace sentir a la gente que existen dificultades para resolver los problemas y que el sistema político de alguna manera está entrabado.
Las disfuncionalidades surgen porque no se han podido atender todas las inquietudes, demandas y necesidades en diferentes temas que a la gente le pesan y se van arrastrando.
-¿Cómo es que a la luz de los fenómenos sociopolíticos experimentados en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2018 es posible plantear el retrato de una democracia amenazada?
Ronald Alfaro Redondo (RAR): Muchas veces, las amenazas que experimentan las democracias no están necesariamente materializadas, algunas pueden ser latentes, pero las democracias pueden tener mecanismos para resolver o librarse de esas amenazas. Es posible realizar algunas transformaciones o apegarse a algunos principios y valores, y de esta forma evitar que esas amenazas pasen de ser latentes a volverse reales.
Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Cuando hay identidades políticas fuertes, la gente tiene claro por quién va a ir a votar, mucho antes de que se celebren las elecciones. Pero cuando ocurre lo contrario, la gente no sabe qué hacer, no sabe a quién apoyar o quién es el oponente.
Cuando una democracia tiene identidades políticas debilitadas se corre el riesgo de que cualquier evento externo pueda alterar por completo el juego, romper con el orden y crear las condiciones para que exista muchísima incertidumbre política y electoral.
La combinación de las disfuncionalidades estructurales —que ya arrastraba el país— con las débiles identidades políticas ciudadanas —que detectamos en las elecciones del 2018— conforma una amenaza latente, porque pueden generar mucha volatilidad e incertidumbre de cara a situaciones futuras que, incluso, pueden atentar contra la misma democracia.
FAR: La democracia amenazada surge cuando los descontentos y temas que no se resuelven terminan convirtiéndose en reivindicaciones que van en contra de la democracia misma, como puede ser —por ejemplo— el hecho de optar por la salida autoritaria.
La erosión de las identidades genera gobiernos con poca legitimidad. Y la legitimidad es el cemento que mantiene unidas a las sociedades. Cuando eso se erosiona, nos enfrenta a gobiernos débiles en los que la gente no cree y donde el apoyo ciudadano se vuelve líquido o volátil. Son como globos que se lleva el viento, porque no están amarrados a ningún lugar.
Más allá de la popularidad de un presidente, la sensación de descrédito de la política, de los políticos y la falta de sentido de pertenencia en el país impiden que haya una base, un proyecto político común para concretar ciertas reformas. En Costa Rica, esta identidad está muy erosionada y eso ocasiona mucha inestabilidad para el funcionamiento del sistema. Entonces la amenaza actual es que se pongan en riesgo los cimientos mismos de la democracia, que la sociedad deje de creer que la democracia es el medio para resolver sus asuntos.
-La investigación que presentan señala la existencia de disfuncionalidades endémicas y convergentes en el país que, lejos de responder a eventos coyunturales, han sido arrastradas por un largo periodo. ¿De qué forma es que la comprensión de esta realidad puede guiar la toma de decisiones en el presente?
RAR: Las democracias pueden tener disfuncionalidades, problemas, defectos y hay formas de corregirlos. Por su parte, la ciudadanía puede tener cierto conjunto de actitudes que, en algunas ocasiones, sean desfavorables. El asunto que detectamos es que tenemos una combinación de disfuncionalidades estructurales y de actitudes sociales que no fortalecen la democracia.
Si tuviéramos partidos políticos más fuertes, es probable que esa molestia y esa protesta de la gente se canalizaría a través de ellos. Pero como no es así, no pueden ser los escuderos de la gente, y ese papel lo asumen otras organizaciones de la sociedad civil fuera de los partidos. Esta situación plantea grandes dificultades, porque si los partidos están pensados para que sean los que procesen esas demandas y necesidades del pueblo, y no lo hacen, se desconfigura un actor central del escenario político.
FAR: Costa Rica tiene un parlamento muy pequeño y eso representa una dificultad importante en este tiempo, porque no todos los grupos y voces encuentran un canal institucional para manifestar su descontento. Se evidencia así la imposibilidad del sistema de tramitar esas demandas por una vía institucional. Todos los llamados al diálogo que estamos viendo en este momento por parte del Gobierno son intentos para tratar de traer al campo de lo institucional ese descontento que hoy está en la calle.
Frente a este contexto, uno de los principales retos para el país es mejorar la representatividad de los diversos sectores de la sociedad costarricense, la cual se ha complejizado y que, de alguna manera, el actual Congreso no refleja.
