Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR Anel Kenjekeeva

El país ha realizado una serie de esfuerzos para adherirse a la OCDE, organización que promueve buenas prácticas en la gestión de lo público, y para ello, utiliza estadísticas de cada país para comparar los diferentes estados de situación, conocer las condiciones (extremas y promedio) e identificar los elementos que pueden potenciar el cierre de brechas, la mejora de condiciones y el incremento de la calidad de vida y el bienestar.

Lejos de la discusión de adhesión, este principio comparativo puede contribuir a gestar escenarios más favorecedores que procuren una inversión social que promueva la inclusión y el desarrollo humano de manera integral. Por ejemplo, temas como la brecha en los salarios entre hombres y mujeres que, con experiencia y preparación idéntica, es vivida por las mujeres en diferentes entornos laborales, son estudiados por esta organización, y Costa Rica recién se listó en el último estudio.

Fuente: elaborado con datos del 2018 del OECD, Gender Data Portal.

De esta forma, la discrepancia de los ingresos se mide como una diferencia entre los ingresos medios a tiempo completo de hombres y mujeres, como porcentaje de los ingresos medios de los hombres. Como se muestra en el gráfico, esta diferencia entre los ingresos medios en jornadas de tiempo completo de hombres y mujeres varía ampliamente entre los países de la OCDE, y Costa Rica como recién ingreso se muestra con la menor proporción, es decir, con la menor de las brechas, un 3%, muy distante al 12,8% del promedio de los países. Así, el rango oscila entre el 34,6% que sufren las mujeres coreanas y el 3% de las costarricenses.

Dado que se trata de determinar las buenas prácticas, es importante evaluar la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) en sus cuatro dimensiones: transformación de la cultura para la igualdad, distribución del tiempo, distribución de la riqueza y distribución del poder; de tal forma que se puedan identificar las oportunidades de mejora y la forma en que los procesos hagan sostenible y eficiente el cierre de brechas entre mujeres y hombres.

Por otra parte, la OCDE ha realizado mediciones comparativas es en el ámbito de la salud mental, particularmente en niños, niñas y adolescentes (NNA), ya que, la organización considera que promoverla durante la infancia y la adolescencia es clave para el desarrollo humano.

Particularmente, se identificó que 1️ de cada 9️ niños enfrentan problemas de salud mental, y alrededor de la mitad de todas las condiciones de salud mental se establecen antes de los 14 años. Esto cobra particular relevancia para los años posteriores del desarrollo y la vida en sociedad.

Fuente: adaptado con datos del 2017 del OECD, Global Burden of Disease. No se incluye a Hungría. 
 

Como se muestra en la gráfica, el dato promedio en los países de la OCDE ronda el 11,7%, mientras que el rango se da entre un 16,5% de Nueva Zelandia y un 7,9% para el caso de México. En el caso de Costa Rica, la prevalencia es del 8,2%, más de 3% por debajo del promedio de países OCDE y, al igual que Colombia, se está en el extremo inferior de este indicador de salud. Por su parte Chile con un 13,8% de prevalencia está por encima de promedio.

Al tratarse de un tema de buenas prácticas, la evaluación de la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA) requiere someter a valoración el paradigma de la protección integral de los NNA, en las condiciones de la institucionalidad que da soporte a la Política y la forma en que ejecuta las estrategias relacionas con la persona, la familia y la comunidad; la salud integral; la educación; la cultura, el juego y la recreación; así como la esfera de la protección especial.

Este tipo de ejercicios que realiza la OCDE son importantes para la toma de decisiones de las instituciones públicas, la empresa privada y las organizaciones sociales, ya que, permiten reflexionar sobre una situación global de forma comparativa entre un grupo de países y sopesar las estrategias de manera integral, reconociendo prácticas que pueden contribuir a la mejora de los procesos locales, y al posicionamiento del disfrute de derechos promovidos de forma colaborativa.

Finalmente, evidencia que existe una necesidad de realizar evaluaciones de resultados de las políticas públicas y de sus efectos de mediado y largo plazo con el fin de utilizar los recursos públicos de manera eficiente, orientada al desarrollo y mediante las cuales, se tomen la decisiones de mantener o incrementar programas sociales exitosos aumentado la cobertura, y reducir o eliminar los programas que no contribuyen en la consecución de metas que en lugar de promover el desarrollo y la movilización socioeconómica, perpetúan condiciones para los más vulnerables.