Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR

El rector de la UCR hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para que no afecten con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones. Laura Rodríguez Rodríguez

Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.

La moción N.º 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215 700 000 adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 000 millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.

En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la Institución. Esto implicaría, entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por ello, el rector hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.

Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables, acciones que se realizan día a día desde las universidades públicas.

“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos. Esto ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.

Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.

Además, señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9635), que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la Universidad como la Ley de Paraíso (¢215 700 000) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.

Es importante indicar que la Institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13 %) correspondiente a la regla fiscal.

Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración, explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 000 millones, de los cuales ¢12 600 millones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9 600 millones por ingresos propios, esto en relación con el presupuesto 2020.

Dentro de los principales recortes se estableció un 20 % menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68 % menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50 % menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.

De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos. Por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4 % del FEES institucional a este Programa.

Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y, por ende, la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de sueldos al personal permanente y no se crean plazas.

Además, en el 2020, como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 000 millones.