La Procuraduría de la Ética archiva denuncias contra rectores de las universidades públicas

Las universidades públicas marcharon en contra del redireccionamiento de 35 000 millones del FEES. Karla Richmond

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) archivó sin trámite las denuncias en contra de los rectores de las universidades estatales, las cuales se interpusieron debido a supuestas irregularidades relacionadas con la difusión de información que originó la marcha estudiantil del 22 de octubre del año pasado, en contra del redireccionamiento de una parte de los recursos del FEES a gastos de capital.

A raíz de las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, en las que indicaba que los rectores le habían mentido al estudiantado y lo habían manipulado para que realizara una manifestación en defensa del presupuesto universitario, la Procuraduría recibió dos denuncias de ciudadanos que solicitaban que se iniciara una investigación en contra de los jerarcas.

Desde ese momento, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, se puso a las órdenes de la Procuraduría para ofrecer toda la información que fuese requerida.

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Como parte del proceso, se solicitó a las personas denunciantes que concretaran y especificaran los presuntos hechos de corrupción, faltas a la ética o transparencia que debían ser investigados.

Sin embargo, la Procuraduría manifestó que la actuación irregular sugerida en las denuncias se presentó sin ningún sustento argumentativo ni probatorio. Además, explicó que las denuncias se limitaron a reiterar lo que dijo el diputado Benavides en un discurso en el Plenario, pero en ningún caso se expresó con claridad, precisión y detalle alguno de los hechos señalados.

Asimismo, la Procuraduría de la Ética notificó que, considerando la información a la que se tuvo acceso, no se justifica su intervención para realizar diligencias adicionales, pues no se encontró indicio alguno de que las personas denunciadas hayan incurrido en conductas que constituyan algún delito que sea competencia de dicha instancia.