Dr. Alejandro Alvarado Alcázar Karla Richmond

Hasta el momento, las medidas sanitarias de distanciamiento físico y las restricciones a la circulación de personas sostenidas en Costa Rica para contener el contagio de la COVID-19 se han mostrado eficientes y eficaces. Gracias a estas medidas, se ha conseguido frenar el incremento intenso en los casos y reducir la cantidad de personas en riesgo de morir debido a la enfermedad.

No obstante, en materia social y económica estas mismas medidas han tenido impactos profundos sobre una mayoría de la población, particularmente entre la trabajadora. Para muchas de las personas que contaban con un empleo formal, las restricciones se han traducido en la pérdida total o parcial de sus puestos y en la consiguiente desmejora de sus ingresos. Por el contrario, para las personas que se encontraban insertas en el sector informal de la economía, el golpe ha resultado incluso más intenso, perdiendo prácticamente sus condiciones mínimas de reproducción. 

Pese a que el gobierno ha introducido medidas como el bono PROTEGER en un intento de combatir los efectos perniciosos que la crisis ha tenido sobre los hogares, desde diferentes sectores (Martínez 2020 04 21) se ha reiterado la insuficiencia de estas medidas y la urgencia de políticas que participen a todos los sectores según sus posibilidades, particularmente económicas. Pero también han surgido las posturas de sectores que miran en la crisis un espacio de posibilidad para concretar su proyecto político-económico de recorte de lo público (Mora et al. 2020 03 19).

En este escenario, la acción colectiva se torna una herramienta fundamental para construir salidas a la crisis que supongan poner a la gente primero. Históricamente, la calle ha sido el espacio central para el ejercicio de la acción colectiva, sobre todo para aquellos sectores que no tienen lugar en la institucionalidad y que deben recurrir a otros mecanismos para hacerse escuchar. No obstante, las medidas de distanciamiento físico prácticamente han cancelado, en el corto plazo, las posibilidades de recurrir a las calles, lo cual plantea el reto de reimaginar la acción colectiva en tiempos de distanciamiento físico.

Desde luego ensayar ideas en estas circunstancias es un ejercicio complejo, pero para pensar la acción colectiva durante el confinamiento, se puede recurrir a las mismas experiencias que los movimientos sociales han desarrollado durante las últimas décadas. 

En este sentido, una primera idea pasaría por la acción colectiva on-line, es decir, el recurso a métodos de acción que hagan uso de Internet. Sobre esto, los movimientos sociales tienen una importante experiencia, pues las manifestaciones on-line forman parte de sus repertorios desde hace décadas. Estas también ofrecen la posibilidad de coordinar acciones que en otros países se han colocado en el debate como las huelgas de pagos (Della Porta 2020 05 02).

Segundo, la construcción de formas de solidaridad situadas en torno a las comunidades. América Latina tiene una larga trayectoria en este campo, incluyendo las ollas populares y otras prácticas de apoyo mutuo gestadas precisamente en tiempos de crisis. 

Tercero, la conformación de espacios de articulación progresistas que sumen la participación de los diferentes sectores, desde los sindicatos hasta las organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, ecologistas, feministas, etc. junto a partidos y otros espacios políticos. Una articulación de este tipo podría generar propuestas que disputen la hegemonía política de las élites que hasta el momento mantienen bajo su control la orientación de las principales políticas en materia económica. Pero también podrían constituirse como espacios de solidaridad con aquellos sectores que debido a sus condiciones están sufriendo mayormente el impacto de la crisis.

Por supuesto, ninguna de estas propuestas es excluyente; por el contrario, pueden encontrar su mayor potencial en sus articulaciones posibles en la medida en que permitan imaginar formas de acción colectiva que consideren los ritmos de la crisis misma y las posibilidades con las que cuenten los movimientos sociales para su desarrollo. 

Finalmente, en medio de los clamores generales por un retorno a la “normalidad”, la consigna surgida en las protestas populares de 2019 en Chile encuentra mayor sentido que nunca: “no volveremos a la normalidad porque la normalidad es el problema”. 

Esto supone plantearse que cualquier “normalidad” futura posible será una disputa por la defensa de lo público y lo común y contra las desigualdades por encima de los intereses privados; una normalidad que ponga a la gente, particularmente a los sectores más marginados, primero y que defienda un sentido común en función de los intereses de las mayorías. 

Crisis como la presente generan espacios para el cambio social, pero el signo de dichos cambios será precisamente lo que estará en disputa en el futuro cercano.