El caso de Costa Rica: ¿qué sigue para el sistema económico luego de la pandemia?

Bandera de Costa Rica. Foto: Cristian Araya Badilla.

Con la siguiente publicación, deseamos colocar en este espacio reflexiones necesarias para construir la Costa Rica que sigue. En esta primera conversación, el economista Édgar Robles Cordero se refiere al reto que suponen los efectos de la presente pandemia para la economía nacional, y con ello pensar en el Estado, su rol y función en el país que nos tocará reconstruir.

–En comparación con otros ciclos económicos de baja, ¿cuáles son sus perspectivas sobre la profundidad de la crisis económica generada por el COVID-19? 

Édgar Robles Cordero: En esta oportunidad, la crisis toma muy parado al país pues no tiene el espacio fiscal para contrarrestar los efectos de la crisis sobre el consumo. El Gobierno tiene muy poca capacidad económica para brindar ayudas y para realizar una política fiscal expansiva, pues antes de la crisis registró el déficit fiscal más alto desde 1981. En la anterior crisis económica (2008), el país venía presentando superávits fiscales y tenía un nivel de deuda a PIB que era la mitad de los niveles actuales. Eso significa que el Gobierno contaba con más recursos y con una situación fiscal consolidada para acceder a préstamos en mercados internacionales a tasas de interés razonables.  

Esta situación crítica de las finanzas públicas para Costa Rica provocará que la recuperación de la crisis sea más en comparación con otros países, pues la reactivación económica será más difícil en un ambiente de tasas de interés elevadas provocadas por el estrujamiento de la inversión privada.

–El FMI habla de “una crisis nunca antes vista” que ocupará de medidas igual de inéditas. ¿Qué cree que significa lo anterior para Costa Rica?

ERC: Es difícil que el Gobierno tenga la capacidad de financiar el exceso de gastos que está experimentando, en especial por el crecimiento en la carga de los intereses de la deuda. Por tanto, es probable que el país entre en el próximo año en un convenio de condicionalidad (stand-by) con el FMI que le exigirá recortar gastos, especialmente relacionados con la planilla del sector público, y aumentar aún más los impuestos, en específico a sectores de la economía que tradicionalmente han estado exentos.  

–¿Es posible que se haya reventado muchas burbujas al mismo tiempo?

ERC: Parece que sí. Por un lado, el talón de Aquiles de la economía costarricense es el incremento irresponsable en el gasto público desde el 2008 sin que se haya previsto contar con una fuente de financiamiento para evitar el crecimiento de la deuda pública. Desde esa fecha al presente, el déficit fiscal ha producido una apreciación del colón que le ha restado competitividad a nuestros productos de exportación, al tiempo que ha elevado el costo de vida dentro del país y los costos de producción.

Por su parte, tenemos severos problemas de sostenibilidad en los seguros de pensiones y de salud de la CCSS y en lugar de entrarle a reformar esos problemas, en el caso de las pensiones la solución ha sido encarecer el costo de la mano de obra por medio del incremento en las cuotas al IVM. Ello ha provocado un aumento en los costos de las empresas y un incremento en la informalidad, lo cual ha precarizado la situación de los trabajadores, mientras que los aportes del Estado a la CCSS se han venido incrementando a lo largo de los años. Todo ello suma al desbalance fiscal y nos está llegando la hora de empezar a pagar por esa ausencia de previsión en las políticas públicas.

–En nuestro país, ¿cuál será el proceso del declive? ¿Junto con el turismo qué seguirá después?

Édgar Robles Cordero es profesor catedrático de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR). Como docente ha impartido lecciones en la UCLA, en la Universidad de Quebec en Montreal y en la UCR desde 1989. Algunos de los cursos son Principios de Economía, Microeconomía, Comercio Internacional, Finanzas Internacionales y Finanzas Públicas. Foto: cortesía del Semanario Universidad.

ERC: El efecto a la actividad económica en Costa Rica se transmitirá como un aumento en el costo del financiamiento por medio de mayores tasas de interés. Además, a través de los años, ha venido empeorando la calidad del gasto público pues cada vez se usa una mayor proporción en el pago de intereses y salarios, lo cual desfavorece los gastos en inversión pública. Esto lleva a un desmejoramiento de la productividad del país y un encarecimiento de los costos de producción y pérdida de competitividad.

Lo del turismo es un efecto inmediato del Coronavirus y no se recuperará cuando los vacacionistas decidan regresar a Costa Rica, tiempo después a que pase la pandemia. La crisis del turismo se extenderá un par de años, al igual que ocurrirá en el sector de construcción. Otros sectores verán una recuperación más rápida, pero no antes de que finalice el 2020.

También existe la posibilidad de mejorar la atracción inversión extranjera directa, si el país logra posicionarse como un destino cercano a los Estados Unidos que no enfrentará problemas de rompimiento en la cadena de suministros, como algo que afectó fuertemente el comercio entre ese país y China.

–Desde su perspectiva actual, ¿qué tan profunda llegará a ser la crisis en Costa Rica?

ERC: Lo del coronavirus se suma a muchos problemas de competitividad que venían enfrentando el país, pues antes de la pandemia, la tasa de desempleo del país superaba el 12 %. Esto es el resultado del encarecimiento de los costos de contratación en Costa Rica y de la caída en el poder adquisitivo de las familias.

Con el coronavirus la situación empeora y viendo la cantidad de solicitudes para el subsidio Proteger, es posible que la tasa de desempleo del país alcance un 30 %. Asociado a ese desempleo, es difícil que el país decrezca menos que la economía de Estados Unidos, dada nuestra dependencia de ese país, y los organismos internacionales indican que Estados Unidos caerá cerca del 6 % en el 2020. Esto conduciría también a un incremento sustancial en la pobreza, la cual posiblemente se duplicaría en el país, al 35 % o 40 %.

La recuperación del país, como se indicó, será relativamente lenta y es probable que volvamos a ver niveles de desempleo similares a los observados antes de la crisis luego de un par de años. La reducción de la pobreza será aún más difícil, pues dependerá de cuanto se ramifique entre las familias que tienen mayores carencias. Por ejemplo, si la crisis nos lleva a un aumento en la deserción escolar, se requerirán programas adicionales para reinsertar a esos jóvenes en los programas educativos.  

–En la ruta hacia la recuperación, ¿cree que el sistema económico debe aprender algo y qué de la crisis provocada por el COVID-19?

La esperanza es que así sea. Urge que el país tenga una norma de garantías económicas con rango constitucional. Debemos abandonar la idea de que se pueden crear programas públicos, sin darle contenido económico. Estas prácticas son nocivas para la economía, al igual que la costumbre de crear programas públicos sin que se evalúe su efectividad para justificar los impuestos que se extraen del sector privado y que tienen un efecto sobre la actividad económica.

Puntualmente, ¿cuáles serían sus recomendaciones para lo que sigue?

1. Entrar en un programa de reactivación que tenga como fin reducir los costos de hacer negocios en Costa Rica. Ello implica:
2. Eliminar el exceso de regulación y tramitología. Todo trámite debe evaluarse según un análisis costo – beneficio.
3. Revisar todas las cargas sociales que pesan sobre las planillas. La mayoría de esas cargas sociales deberían trasladarse a impuestos generales para abaratar el costo de contratación y promover el empleo formal.
4. Establecer un programa de crédito para capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas que no podrían reiniciar su actividad económica, pues utilizaron todos los recursos para pagar liquidaciones de personas, adelantos de deudas y alquileres, sin lograr vender sus productos o servicios por el confinamiento de los consumidores. Este programa se puede financiar con los recursos de los fondos de pensiones (ROP) y se puede combinar con un programa de avales del Estado con fondos de banca para el desarrollo, con el fin de disminuir los riesgos y bajar la tasa de interés de estos préstamos.
5. Evaluar la efectividad de todas las instituciones públicas y ministerios, para reducir su número de forma significativa, mediante la eliminación de redundancias y programas públicos cuyo gasto es superior a su beneficio desde el punto de vista social.