La UCR inicia el 2020 con el mismo presupuesto del año pasado

Los presupuestos de las universidades estatales presentados a la CGR cumplen con la regla fiscal. Karla Richmond

Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) archivó sin trámite el presupuesto ordinario del 2020 establecido para las universidades públicas, la Universidad de Costa Rica inicia el año con los mismos recursos asignados en el 2019.

Esta situación no afectará el desempeño de la docencia, la acción social, la investigación, las becas o los salarios, según señaló el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.

No obstante, al no aprobarse aún la ejecución del incremento del FEES 2020, no se podrán hacer efectivos los pagos relacionados con el ajuste salarial por reconocimiento de incremento en el costo de vida, anualidad u otros similares. Estos rubros se pagarán de forma retroactiva el 1.º de enero del presente año, en el momento en que la CGR apruebe el presupuesto extraordinario. El pago de planillas se realizará de forma normal, en las fechas establecidas previamente.

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Las oficinas de Administración Financiera (OAF) y Planificación Universitaria (Oplau) se encuentran trabajando de manera coordinada con el propósito de evitar inconvenientes en el desarrollo de las actividades sustantivas, así como poder dar trámite y concretar un presupuesto inicial para la ejecución de este año, el cual debe ser conocido por el Consejo Universitario e incluido en el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos en un plazo de 20 días hábiles.

De igual manera, la UCR presentará a la brevedad posible el presupuesto extraordinario en el que se incluirán los recursos que ajusten lo establecido para el año 2020.

Cabe señalar que los presupuestos de las universidades estatales presentados a la CGR cumplen con la regla fiscal, lo cual podía ser verificado sin ningún problema por el ente contralor.

Debemos recordar, enfatizó el rector Jensen, que, al dar curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) contra algunos aspectos de la Ley 9635, la Sala Constitucional ordenó a las instancias correspondientes, entre ellas la Contraloría General de la República, abstenerse de dictar una resolución final sobre lo impugnado.