Contención del gasto muestra efectos positivos en las finanzas de la Universidad de Costa Rica

Las universidades públicas se han unido en implementar diversas medidas de ahorro; para el período 2016-2020, CONARE reportó que las disposiciones en la contención de gasto realizadas por sí mismo y por sus universidades adscritas muestran resultados de un ahorro de más de ¢47 000 millones. Laura Rodríguez Rodríguez

Las disposiciones de ahorro anunciadas por la administración universitaria han tenido un efecto positivo sobre las finanzas de la Universidad de Costa Rica (UCR), a la luz de las medidas austeras del gobierno para prevenir una crisis fiscal, y que también han afectado el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Desde el 2014 y hasta el 2020, se proyecta que la institución ahorraría más de ¢15 000 millones, principalmente por la disminución del porcentaje de la anualidad (que pasó del 5,5 % al 3,75 %, y que solo entre el 2019 y 2020 representa un ahorro de más de ¢11 000 millones), pero también por mayor rigor en el otorgamiento de dedicaciones exclusivas y modificaciones en la concesión de incentivos por méritos académicos (que han sumado más de ¢4000 millones del 2015 al 2018).

A estas medidas se adiciona el establecimiento de una nueva fórmula para el cálculo del reconocimiento por crecimiento del costo de vida, negociada con la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT), que permite que los incrementos salariales se limiten al monto de inflación. También han aportado ahorros los cambios en la autorización de suplencias, la disminución de horas extra y la reducción del consumo de combustible (potenciado gracias a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, en línea con las políticas ambientales de la institución), entre otros.

“En una muestra de responsabilidad y solidaridad para con el país, en donde las universidades públicas se comprometen a revisar y ordenar sus finanzas, encontramos en este ejercicio también una medida para resguardar la salud financiera institucional para el futuro próximo, que deberá seguir reforzándose”, aseguró el rector Henning Jensen, también presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

En efecto, para el período 2016-2020, el CONARE reportó que las disposiciones en la contención de gasto realizadas por sí mismo y por sus universidades adscritas muestran resultados de un ahorro de más de ¢47 000 millones. Esto, gracias a medidas tomadas en los rubros de reajuste salarial, plazas, anualidad, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, suplencias, ahorro de energía y de papel, uso de la flotilla vehicular, transporte y viáticos al exterior, entre otros.

En el caso de la UCR, las medidas de contención del gasto han evitado afectar el quehacer sustantivo de la universidad, especialmente a la luz del descenso en el monto del FEES y por el recorte de ¢10 000 millones que le hicieron al FEES los diputados en la Asamblea Legislativa el año pasado. Sin embargo, con el fin de garantizar un sano equilibrio presupuestario para los años venideros, será necesario potenciar estas medidas.

“La UCR sigue teniendo finanzas institucionales sanas pero, sin duda alguna, si no tomamos medidas en el corto plazo, y la situación fiscal del país continúa por la senda que ha tomado en los últimos años, podríamos tener problemas. Es muy probable que el presupuesto del FEES no vaya a tener crecimiento en términos reales, por lo que ante esta situación será necesario tomar nuevas medidas”, comentó Carlos Araya, vicerrector de Administración.

Por ejemplo, la UCR ha mejorado su sistema salarial con cambios a nivel coyuntural, que han permitido reducir año con año el peso de la masa salarial sobre el presupuesto universitario.

Sin embargo, el sistema tiene debilidades estructurales que requerirán modificaciones para asegurar salarios iniciales más competitivos y menos desigualdad entre salarios de una misma categoría salarial, entre otros. “Ya existe una comisión que está trabajando en los correspondientes análisis jurídicos y actuariales para poner el tema sobre la mesa de discusión de la comunidad universitaria”, aseguró Araya.

“Las medidas que han afectado el financiamiento de la educación superior pública, especialmente aquellas tomadas al calor de una situación de crisis en las finanzas públicas,han puesto en riesgo la educación de miles de estudiantes en el país, y han legitimado diversos ataques a al propio Estado social de derecho. No solo se violenta así la Constitución Política, sino también la autonomía universitaria, que ha evitado que las coyunturas políticas históricas limitaran el quehacer de la docencia, investigación y acción social de estas instituciones”, concluyó el rector.