Dra. Guiselle M. Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad de Educación, UCR. 

Laura Rodríguez Rodríguez

No hay desarrollo social que pueda prescindir de una educación de calidad, y no hay calidad educativa que pueda prescindir de la calidad de sus docentes, de manera que la única ruta hacia el desarrollo social es desde y mediante la educación de calidad, que ofrezca una formación integral de las personas alcanzado altos resultados en el logro educativo esperado.  También el desarrollo socioeconómico tiene su base en la formación de los integrantes del sistema, no hay senda que socialmente pueda trazarse sin apostarle a una educación de calidad, y países como los nuestros no pueden darse el lujo de prescindir de una educación de alto nivel, pues es la única herramienta con que cuentan para avanzar hacia una sociedad con mayor equidad socioeconómica.

Es impostergable tomar las decisiones oportunas en materia educativa, aunque implique fisuras en las líneas de confort de algunos sectores, cuyo fin no necesariamente es el bienestar común. Mientras la formación de la mayoría de los docentes que se insertan en el mundo laboral, carezca de estrictos controles en sus procesos formativos, a nivel país no habrá inversión en educación que de frutos.

Son muchas las causas de los pobres resultados en el sistema educativo costarricense sin embargo, hay una claramente detectada. La formación profesional docente que se recibe en un sector deteriminado es carente de procesos rigurosos, los vacíos de esos profesionales se trasladan y afectan su desempeño profesional y ciertamente es a estos profesionales a quienes se les está depositando la educación de una gran cantidad de personas.

Mientras este enfoque siga persistiendo y el máximo empleador contrate basado en títulos y no en calidad, no será posible avanzar por la ruta del conocimiento, de la calidad de la educación que todos aspiramos. Hay que reconocerle al Ministerio de Educación Pública sus importantes esfuerzos por avanzar en el campo educativo, lo mismo lo hacen las universidades públicas, sin embargo, el desempeño educativo, requiere de un esfuerzo integrador, para así poder obtener los resultados esperados por una sociedad costarricense sedienta de una mejor calidad educativa cada día.

Al respecto, es importante mencionar, que las universidades públicas, realizan en el campo de la formación de docentes significativos esfuerzos, sometiéndose a procesos de acreditación, que implica entre muchos indicadores la actualización de sus planes de estudio, la autoevaluación y por supuesto los procesos de mejora en las acreditaciones de las carreras. En este contexto, desde la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Ria se seguirá trabajando siempre hacia la excelencia académica, la Institución posee un grupo importante de carreras acreditadas, otras están llevando a cabo estos procesos y otras inician esta labor, que como universidad pública es una responsabilidad impostergable para mantener procesos de formación de calidad, así como continuar aportando al país desde la investigación y la acción social; todo ello con la clara convicción de las transformaciones sociales desde las universidades públicas implica un alto compromiso con responsabilidad social.

Siendo la educación el principal medio de movilización social con que cuentan las sociedades para transcender hacia mejores condiciones de desarrollo social, toda agenda socioeconómica debe partir de políticas públicas en el campo de la educación, que permitan superar las asimetrías, existentes y consolidar una sociedad cada día más justa, equitativa, igualitaria, sin discriminación alguna.

No hay propuesta país, que pueda alcanzar sus metas, sin invertir en el bien más preciado de un país como lo es la educación. No debería haber justificación alguna para limitar a las personas de una educación de calidad, donde el desarrollo de habilidades para enfrentarnos a las exigencias de las sociedades actuales sea una prioridad. Costa Rica, como nación enfrenta importantes desafíos en materia educativa, que al no ser atendidos en su momento, dispara importantes vacíos en esta materia, incrementando significativos problemas sociales, que repercuten en flagelos sociales como el incremento de la pobreza, la violencia, la exclusión social, entre otros, que inciden en los índices de desarrollo socioeconómico y por supuesto en la calidad de vida de las personas.

Costa Rica, tiene la capacidad de salir delante de sus desafíos educativos, eso sí, solo lo puede hacer mediante una agenda país, donde los sectores involucrados como el gobierno, sector empresarial, sociedad civil, y universidades unan esfuerzos rompiendo las barreras de los intereses particulares y abriendo las puertas de la colaboración, e invertir lo necesario para elevar la calidad de su educación.

Precisamente, bajo esta preocupación y con alta responsabilidad, como se distinguen las universidades públicas, y el compromiso social, que por si mismas poseen por su propia naturaleza, el pasado 9 de setiembre los señores rectores de las universidades públicas con un noble acto le presentan al gobierno distintos desafíos de la educación de Costa Rica, todos ellos fundamentados en los diferentes informes del Estado de la Educación, que con el apoyo de la comisión de decanas y decanos de educación de Conare, se está trabajando en este momento en la operacionalización de los mismos, y tender puentes de cooperación por una mejor sociedad mediante un arduo trabajo, que solo es posible en conjunto donde priven las voluntades entre ambas partes, que en este caso se asume desde un enfoque propositivo, para atender los principales desafíos.

Entre los compromisos de las universidades públicas en la atención a estos desafíos se encuentran:

1. Políticas docentes: contribuir a elaborar un marco de cualificación nacional, colaborar en la formulación de los perfiles docentes, que el Ministerio de Educación Pública requiere contratar, diseñar pruebas de idoneidad docente para la aplicación por parte de Servicio Civil, apoyar al MEP, en la elaboración de instrumentos para fortalecer la evaluación formativa, formar docentes para atender la expansión de colegios técnicos, formar docentes para atender la oferta de preescolar en zonas vulnerables, crear un programa de mentores universitarios para apoyar a los docentes en las aulas.

• Ambientes de aprendizaje y la infraestructura: Realizar un censo nacional de infraestructura educativa, definir los estándares de calidad para la infraestructura educativa, crear un fondo de investigaciones de aula y seguimiento de la reforma curricular, diseñar un programa nacional de la apropiación de los resultados Pisa y Faro por los docentes.
• Gestión del Sistema Educativo: Apoyar al MEP en el diseño y aplicación del expediente del estudiante, implementar programas de formación continua para directores, supervisores y juntas de educación, fortalecer mecanismos de información de la oferta y desempeño de la educación superior, ayudar a establecer un foro nacional de políticas y calidad de la educación superior, elaborar escenarios prospectivos de la educación costarricense.

LEA: Las universidades públicas se comprometen con el mejoramiento de la educación costarricense

Es aplaudible esta iniciativa de los señores rectores de Conare, órgano que en este momento es presidido por el Dr. Jenning Jennsen Penigton, Rector de la Universidad de Costa Rica, quienes en forma atinada lanzan buenas señales de voluntad política y responsabilidad social, para asumir un compromiso, que va más allá de sus universidades, se está hablando de una iniciativa país, que en conjunto con el Ministerio de Educación Pública se espera trazar sendas de cooperación bajo un mismo objetivo, como lo es la calidad de nuestra educación; la educación costarricense requiere con urgencia cambiar esta página drásticamente.

Las generaciones que nos preceden tienen la esperanza de un futuro mejor, la educación es un derecho de todos y todas y como tal debe ser accesible a la población con altos estándares de calidad y esto como país lo debemos garantizar, ya llegó el momento de tomar las decisiones, no hacerlo es hipotecar nuestro futuro y sobre todo tomando en cuenta como lo dice el VII Informe del Estado de la Educación (Conare, 2019), que nuestro sistema educativo atraviesa una coyuntura difícil, en la que conjugan diferentes factores, entre ellos serios problemas de sostenibilidad de la inversión que el país realiza en el financiamiento educativo.