Dr. Walter Antillón Montealegre, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UCR  Anel Kenjekeeva

Una inmensa mayoría de quienes trabajan en el sector privado ignora que, desde hace más de sesenta años, viene siendo víctima de una sistemática negación de sus derechos laborales más estratégicos; negación que en términos dinerarios significó la sustracción de muchos miles de millones de colones que se tradujeron en una ilegítima e injusta sustracción de oportunidades, dignidad y calidad de vida.

Si leyéramos Historia Patria, nos encontraríamos con el dato de que varias decenas de sindicatos de empresa que nacieron en los años cuarentas del siglo XX, al amparo de las Garantías Sociales, del Código de Trabajo y de la movilización laboral, fueron ilegalizados y desmantelados ilegítimamente en la década siguiente, en razón de las políticas anticomunistas de la Guerra Fría. También, nos enteraríamos de que esas políticas incluyeron el fomento de una prolongada, mortífera e impune persecución de aquellos sindicalistas, a contrapelo de la Constitución y del Código: una persecución propiciada por el Ministerio de Trabajo y tolerada por los jueces del ramo, la cual condujo a la práctica patronal del despido inexorable de los trabajadores que intentaran formar un nuevo sindicato en la empresa y a su inclusión en una lista negra que les dificultaría volver a tener un trabajo asalariado.

Esta práctica represiva, ilegal e inconstitucional condujo, sin embargo, al resultado de que, salvo en las zonas bananeras, desde hace más de medio siglo, prácticamente desapareciera el sindicato de empresa en la meseta central y en muchas otras partes del territorio (ilusoriamente sustituido por la asociación solidarista).

En esas condiciones, la prolongada ausencia de una fuerza sindical en el sector privado (que reclamara eficazmente el mejoramiento de la situación laboral del dependiente, del obrero, del campesino, disponiendo incluso del arma de la huelga), así como la ausencia prolongada de convenciones colectivas económico-sociales (que garantizaran una distribución más equitativa de las ganancias de las empresas y el gradual mejoramiento de los asalariados) llevaron a la configuración de aquel déficit en sus derechos y sus garantías laborales. Lo anterior ha sido, al fin y al cabo, la causa principal del deterioro de su tenor de vida y que los ha puesto en la necesidad de acudir a dos o más empleos, de aceptar trabajos informales por debajo del salario mínimo, sin seguridad social y con largas jornadas laborales, aislados y vulnerables, con los deletéreos efectos que todo ello les ocasiona en el orden moral, familiar, económico, de salud, etc.

En cambio, los sindicatos públicos han podido en general resistir las arremetidas de los gobiernos, por la feliz circunstancia de que el empleado público no puede ser despedido a voluntad, como sí le suele ocurrir al empleado privado; sino que se requiere demostrar su supuesta falta mediante un proceso administrativo cuya decisión final puede ser impugnada en vía judicial. Esto les ha permitido consolidar una experiencia sindical, ir a la huelga y firmar convenciones colectivas para mejorar sus salarios, sus vacaciones, su régimen de pensiones, etc.

Como era de esperar, la situación laboral en el sector privado ha sido analizada y divulgada por organismos científicos y agencias financieras internacionales (Cepal, INEC, OCDE, PNUD, BM), cuyos datos permiten a cualquier lector apreciar otros aspectos de aquella desventajosa realidad. Por ejemplo, el hecho de que el temor, la apatía y la desmovilización de los trabajadores hayan conducido a que entre 1984 y 2009 el salario mínimo medio en términos reales solo creciera a una tasa media anual de 0.7 %; que la desigualdad salarial se haya incrementado significativamente año tras año; que en los últimos tiempos, entre 2017 y 2018, el desempleo pasara de 9.1 % a 10.3 %; el subempleo femenino alcanzara un 10.7 %; y el nivel de pobreza sea del 20.5 %. Esto significa que hoy día tenemos un millón cien mil pobres en el país y que hay noventa y nueve mil treinta y cuatro hogares costarricenses en extrema pobreza.

Entonces, pienso yo, sea de extrema conveniencia que los trabajadores del sector privado, desde los empleados de comercio y los obreros industriales hasta los jornaleros de las fincas, se hagan la siguiente pregunta: ¿esos catastróficos resultados hubieran sido los mismos si durante el último medio siglo hubiera existido un enjambre de sindicatos de la empresa privada, organizados en sus confederaciones, celebrando periódicamente sus convenciones colectivas y con plena disponibilidad del derecho de huelga?

Por lo demás, posiblemente algunos lectores recuerden que a principios de junio de 2018, los medios de comunicación divulgaron un estudio del Banco Mundial sobre pobreza y desigualdad en el mundo. Entre ellos, por ejemplo, El Periódico CR, del 2 de dicho mes, el cual nos brindó la siguiente información que reproduzco en lo que atañe a Costa Rica:

“… Aarón Chinchilla EP. Un estudio de análisis del Banco Mundial determinó que Costa Rica es el noveno país del mundo con mayor desigualdad económica. Para elaborar la investigación, se determinó evaluar el producto interno bruto (PIB) de cada país, la capacidad de compra de las personas respecto a sus ganancias (paridad del poder adquisitivo por habitante) y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el mundo. El estudio determinó que ocho países de América Latina y el Caribe, además de dos africanos, son los más desiguales del mundo…” (el destacado es mío).

“… Caso Costa Rica: Jornadas largas acompañan alta ineficiencia y bajos salarios. Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han determinado que Costa Rica es un país en donde se trabaja mucho (2.212 horas por año), pero posee baja productividad, además de que los ingresos generales no permiten que las personas superen la línea de la pobreza.

“… El análisis Working, But Still in Poverty de la OCDE ha detallado que la cantidad de hogares, en Costa Rica, con personas jefas de hogar en edad laboral, tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza…”.

“… Para el caso costarricense, el experto (economista chileno Jorge Rodríguez Grossi) aseguró que, es importante denotar que estos valores, cercanos al 0.5 (arrojados por el Coeficiente de Gini), han venido incrementándose desde la década de 1980, en donde rondaba valores cercanos al 0.31-0.32; lo cual denota que las políticas económicas después de 1980, han ido en decrecimiento de la distribución del ingreso y la falencia de un sistema tributario progresivo y acorde a las necesidades del siglo XXI…” (los paréntesis y el destacado son míos).

El economista y estadígrafo, el profesor Corrado Gini (1884-1965) inventó en 1912 el "coeficiente" que lleva su nombre. Esta es una herramienta analítica para medir la desigualdad salarial de las personas en un lugar y un tiempo dados. Es gracias a dicho señor que podemos conocer el coeficiente que corresponde a Costa Rica al día de hoy (0.53) y enterarnos de que ese concreto guarismo significa una grave desigualdad. Una consecuencia de ello es que la ‘Suiza Centroamericana’ es el noveno país más desigual del mundo, el cual en la lista del PNUD (que ordena los países según su desarrollo humano) ocupa el sexagésimo sexto (66) lugar, de un total de 168.

Esa desigualdad se expresa también, en lenguaje económico, en los términos de una "brecha" en la distribución del PIB entre aquellos a quienes mayores ingresos se asignan y aquellos que menos reciben. En el caso de Costa Rica, tenemos que, en el 2016, el ingreso promedio por persona (contando a los menores) del grupo que constituye el 20 % más rico fue de 1 079 788 colones, es decir, 19 veces mayor que el del 20 % más pobre, que fue de 56 713 colones (contando, también, a los menores).

No se trata de pensar que los ticos inventamos la desigualdad social. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, ha reafirmado recientemente la idea de que:

"La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Aunque hubo avances importantes en los últimos 15 años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central" (Cepal: Panorama social de América Latina y el Caribe; Informe 2019).

Mas me parece evidente que uno de los efectos de aquella ilegítima pero impune represión contra toda actividad sindical en el sector privado de la zona central y más desarrollada de Costa Rica, de la que hablábamos antes, que se prolongó por un buen medio siglo, se está manifestando ahora, en forma casi diríamos especular, convertida en forma de brecha económica y de Coeficiente de Gini: hurtada que fuera la riqueza que debió traducirse en bienestar de los trabajadores privados, viene a reaparecer, en cambio, acumulada al otro lado de la brecha.

Como los indicios de un oculto crimen, aquellos dos indicadores vienen a revelar acusadoramente la violación de los derechos sindicales de los trabajadores del sector empresarial, el aplastamiento de toda tentativa de sindicalización, la ausencia de convenciones colectivas que hubieran puesto un poco de equidad y de humanidad en la distribución de las ganancias de las empresas. Porque, ¿qué es la brecha económica sino la confesión de una iniquidad perpetrada por el quintil más rico en daño del quintil más pobre?

Los empleados públicos pudieron aprovechar sus garantías constitucionales para sindicalizarse, celebrar convenciones y hacer huelgas para ampliar la esfera de sus derechos y enfrentarse a políticas públicas contrarias al bien común.

Los políticos y los funcionarios neoliberales, en vez de reprimir la persecución sindical y abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores privados que garantiza la Constitución, a fin de que dichos trabajadores accedan a una razonable y sostenida expansión de sus derechos mediante sus instrumentos legales de lucha: la convención colectiva y (como ultima ratio) la huelga, quieren más bien destruir los sindicatos públicos y privar a los empleados públicos de aquellas armas legítimas, para reducirlos a la impotencia: a la misma impotencia en que han mantenido a los trabajadores del sector privado.

Hay que repetirlo fuerte y claro: los decenios del sacrificio forzado de los derechos sindicales de los trabajadores del sector privado de Costa Rica, que en su tiempo se tradujeron en desamparo e indefensión, y en la miseria y la desdicha de innumerables familias humildes, terminaron al cabo siendo concausa, retardada pero acumulativa, de la infame brecha económica que pone un abismo entre los ricos y los pobres. Pero, pensar en aquellos decenios de sacrificio debe también mover la conciencia de los trabajadores costarricenses: enseñarles a identificar a sus verdaderos amigos… y a los otros.