Las autoridades de la UCR expresan preocupación por veto presidencial a Ley que aseguraba recursos a sedes y recintos

La Ley N.° 7386 derogada en la Reforma Fiscal asignaba la totalidad de los recursos que recibe actualmente el Recinto de Paraíso. Laura Rodríguez Rodríguez

Este martes 17 de setiembre, el Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada vetó la Ley 9732, que reformaba el artículo 24, sobre Asignación Presupuestaria, del Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

LEA: Asamblea Legislativa apoya modificación a ley que garantiza recursos al Recinto de Paraíso (Julio 2019)

LEA: La Asamblea Legislativa le garantiza los recursos al Recinto de Paraíso de la UCR (Agosto 2019)

LEA: Asamblea Legislativa apoya modificación a ley que garantiza recursos al Recinto de Paraíso (Octubre 2018)

El objetivo inicial de esta Ley era asegurar los ingresos económicos de las sedes y recintos de las universidades estatales por medio de destinos específicos que habían sido derogados con la entrada en vigencia de la reforma fiscal.

Desde hace varios meses, las autoridades de la Universidad de Costa Rica, preocupadas por el impacto que pudiera tener la eliminación de estos recursos, especialmente en la sostenibilidad del Recinto de Paraíso, mantuvo reuniones con diversas fracciones legislativas y logró consensuar el apoyo para que se aprobara la  Ley que fue vetada.

El Ejecutivo informó que el veto se debe a que la redacción final aprobada por los diputados, pues podría provocar futuras discusiones sobre la vigencia de la derogatoria de todos los destinos específicos establecida en la Ley 9635. Asimismo, envió a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta que solventa el problema para que sea valorada por los legisladores.

Volver a la Asamblea Legislativa a negociar

El Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración manifestó su decepción por esta decisión, sin embargo hizo un llamado a la comunidad universitaria y en especial a la del Recinto de Paraíso para volver a la Asamblea Legislativa, a las barras y a conversar con las distintas fracciones para finalmente garantizar estos recursos.

La nueva propuesta debe ahora regresar a la comisión legislativa que la dictaminó para que acepte o rechace los cambios, para lo que tiene un mes de plazo.

Araya explicó que “el nuevo texto no generaría perjuicio a las universidades públicas, pero estaremos vigilantes de que así sea y que la situación actual solo sea un revés en esta lucha”.

Las universidades públicas reciben más de 8 000 millones de colones anuales por concepto de destinos específicos que se invierten en el programa de regionalización.