La Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica organizó el pasado 11 de septiembre el ciclo de conferencias “Economía, sociedad y gestión de riesgos ante desastres” un esfuerzo conjunto con la Comisión de Emergencias y la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).
La actividad permitió conocer diferentes metodologías que permiten estimar las pérdidas futuras, los costos vinculados a desastres y los mecanismos financieros para protegerse de esas pérdidas, conocimiento indispensable para un país que se encuentra en una de las zonas más vulnerables del mundo en relación a los desastres.
La directora de la Escuela de Economía Isabel Cristina Araya Badilla, explicó que ante los riesgos por desastres, de cada inversión en infraestructura que realiza el Estado, se deben estimar los posibles costos, anticipar los mecanismos de mitigación y de transferencia financiera, por ejemplo, mediante aseguradores. La ciudadanía, debe aprender a vincularse con acciones preventivas y la academia por su parte, debe seguir aportando estudios que permitan de una forma interdisciplinaria, lograr ese cometido.
El ciclo permitió conjuntar las voces de expertos como Dr. Carlos Valdés González, director, Centro de Estudios Mexicanos de la Unam, el Máster Marcos Adamson Badilla, profesor, Escuela de Economía de la UCR; el Dr. Juan Robalino Herrera, profesor, Escuela de Economía de la UCR; el Dr. Mario Ordaz Schoroeder, investigador, Instituto de Ingeniería de la Unam; el Máster Carlos Picado Rojas, jefe, Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); el Dr. Rosendo Pujol Mesalles, investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs-UCR); el Máster Francisco Tula Martínez, director, Área de Inversiones del Ministerio de Planificación (Mideplan) y Marcela Román Forastelli, investigadora y profesora de la Escuela de Economía.
En ese camino, el investigador y subdirector del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas IICE-UCR, Juan Robalino presentó su investigación sobre el efecto de las áreas protegidas en la gestión de riesgo, de la cual concluye que hay un efecto neto de reducción de desastres en las zonas donde existen áreas protegidas. Un dato que avala la política pública dirigida a la creación y mantenimiento del bosque en el territorio nacional.
Hoy estamos sujetos a desastres todos los días, el cambio climático, las inundaciones suponen riesgos cada vez más comunes y más costosos, al punto de advertirse que Costa Rica no es un país sostenible debido al alto costo financiero de los desastres.
Costa Rica se ubica en una de las zonas más vulnerables del mundo y los riesgos se han incrementado sustancialmente en los últimos 30 años.
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Al respecto Francisco Tula Martínez, director del área de inversiones de Mideplan explicó que en el último quinquenio la inversión en capital ha disminuido del 20% del PIB al 15% y hoy la que hace el sector privado supera la del sector público.
Hoy la inversión solo en infraestructura representa el 0,8% del PIB, y existe la meta de aumentarla al 3,99% del PIB al 2035, como un reconocimiento al rezago existente, pero la recomendación de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es que la inversión en infraestructura debe ascender al 5% del PIB.
Tula Martínez aseguró que los cálculos del Mideplan permiten señalar en más de $4.500 millones las pérdidas de los últimos años por desastres. Un monto que hubiera permitido costear un tren eléctrico de pasajeros, o recuperar y remodelar toda la infraestructura educativa del país, o ampliar a cuatro carriles la ruta 32. Lo anterior evidencia que la adecuada gestión del riesgo es indispensable para poder enfrentar los costos presentes y futuros de los desastres.
Mideplan maneja una serie de herramientas, disponibles para la población, con las que se estudia cada desastre y sus costos asociados, valorando provincias y regiones específicas del país.
Hay interés por parte de la Escuela de Economía de hacer un llamado a los docentes e investigadores de diferentes disciplinas relacionadas con estos temas, a unir esfuerzos para trabajar conjuntamente en proyectos de investigación que permitan realizar, de una forma integral, estas evaluaciones de impacto de las posibles pérdidas por desastres y cómo mitigarlas.
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