Las cinco universidades públicas, inscritas en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), se comprometieron a colaborar con el mejoramiento de la educación costarricense, mediante el documento Desafíos de la educación en Costa Rica y aportes de las universidades públicas. El escrito fue entregado al presidente de la República, el lunes 9 de setiembre.
Este plan de acción parte de los datos contenidos en los informes que ha publicado el Estado de la Nación, durante los últimos siete años, donde se indica cuáles son los retos que enfrenta la educación. En el documento presentado por las universidades, se establece el compromiso de las instituciones de educación superior públicas con cuatro áreas específicas, así como el fin de trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Entre los principales desafíos que establece el texto, se mencionan los relacionados con el acceso al sistema educativo, las políticas docentes, los ambientes de aprendizaje y la infraestructura, así como con la gestión del sistema educativo.
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Por esto, el compromiso de las universidades va precisamente orientado a solventar las necesidades que actualmente se enfrentan en esas áreas.
Esta iniciativa surge de la solicitud del presidente de la República, Carlos Alvarado y del exministro de Educación, Edgar Mora. El objetivo era presentar una propuesta que ayude a solucionar algunos de los desafíos que enfrenta el sistema educativo nacional.
Según destacó Henning Jensen Pennington, presidente de Conare y rector de la Universidad de Costa Rica, lo que se busca con esta iniciativa es incrementar la colaboración de las universidades públicas con el sistema educativo costarricense.
“Las universidades públicas, reunidas en Conare, asumimos el compromiso de incrementar nuestra contribución de manera decisiva y decidida, con el futuro del sistema educativo costarricense, en concordancia con la misión emanada de nuestros estatutos orgánicos y los mandatos constitucionales relativos a la educación superior pública.
Asimismo, reafirmamos y reiteramos nuestro compromiso con la educación, la niñez y los jóvenes, para optimizar el futuro del sistema educativo y, por extensión, con el desarrollo de nuestro país”, expresó Jensen.
Sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que de 10 000 docentes que se gradúan por año, 7 000 provienen de universidades privadas. Por ello, se considera relevante trabajar en conjunto con estas entidades, en los temas que se proponen.
Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, explicó que desde principios del presente año se hizo una revisión de los desafíos que se habían indicado en los últimos siete informes y se establecieron prioridades a corto, mediano y largo plazo.
Fue, entonces, cuando se definieron los principales retos mencionados (sobre el acceso a la educación, las políticas docentes, ambientes de aprendizaje y la infraestructura, así como la gestión del sistema educativo).
En cuanto al primer tema, el acceso al sistema educativo, el principal desafío es universalizar el nivel preescolar y la alta calidad de los servicios para la primera infancia. Estos primeros años de vida son fundamentales para el aprendizaje, para la salud física y emocional, así como para el desempeño educativo posterior.
Otros retos en este eje son incrementar al 80 %, como mínimo, la cobertura neta de la educación diversificada y reducir las brechas de acceso a la educación superior.
En relación con las políticas docentes, se presenta como objetivo mejorar sustancialmente la formación inicial en las universidades, así como atraer, contratar y retener a los docentes más talentosos y crear un sistema nacional de evaluación educativa.
Sobre el desafío relacionado con los ambientes de aprendizaje y la infraestructura, se tiene el propósito de aplicar de manera efectiva la reforma curricular del MEP, acrecentar el desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA y FARO, universalizar el currículo de primaria, así como mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
Asimismo, otros retos son incrementar la calidad de la infraestructura en los centro educativos, lograr el 100 % de conectividad de los centros educativos con banda ancha y promover reformas para gestionar los efectos de la transición demográfica.
Finalmente, en cuanto a la gestión del sistema educativo, se establecen dos desafíos que son garantizar la sostenibilidad de las asignación del 8 % del PIB a la educación y avanzar hacia una gestión por resultados en el MEP.
Muchos son los desafíos, pero también son numerosas las propuestas para ayudar a solventarlos y las universidades públicas han decidido colaborar articuladamente. En el tema de políticas docentes, Román explicó que se buscará contribuir a elaborar un marco nacional de desempeño de docentes, además de que se crearán los perfiles del profesorado que el MEP requiere contratar.
De igual manera, se establece en el documento el compromiso de diseñar pruebas de idoneidad docente para que sean aplicadas por el Servicio Civil, así como apoyar al MEP con instrumentos para fortalecer la evaluación formativa.
Otras acciones concretas en las que participarán las universidades públicas son la formación de docentes para atender el desarrollo de colegios técnicos, así como la oferta de preescolar en zonas vulnerables. Además, se creará un programa de mentores universitarios para apoyar a los docentes en las aulas.
En el tema de los desafíos asociados con los ambientes de aprendizaje y la infraestructura, se prevé realizar un censo nacional de infraestructura educativa y definir los estándares de calidad en este campo. También, se creará un fondo de investigaciones de aula y de seguimiento a la reforma curricular y se planea diseñar un programa nacional de apropiación de resultados de las pruebas PISA y FARO para los docentes.
Para la gestión del sistema educativo, se propone apoyar al MEP en el diseño y aplicación del expediente electrónico del estudiante e implementar programas de formación continua para directores, supervisores y juntas de educación, así como fortalecer mecanismos de información sobre oferta y desempeño de la educación superior.
Otras acciones van orientadas a ayudar a establecer un foro nacional permanente de políticas y calidad de la educación superior y elaborar escenarios prospectivos sobre esta.
Para la ejecución de este plan, se cuenta con un grupo de decanos y decanas de las universidades públicas, quienes trabajarán en conjunto con las autoridades del MEP. Asimismo, se coordinarán alianzas con otras instituciones públicas y privadas relacionadas con la educación.
En referencia a la entrega del documento, elaborado por el Conare, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, expresó que “la única forma de resolver los retos en la educación es juntas y juntos. Por eso, celebro este gran acto de inteligencia, de generosidad, de claridad, que hace hoy el Conare. Los rectores dicen: 'aquí estamos, vayamos, busquemos esa dirección, esas aspiraciones de sociedad, pongámoslas en un blanco y negro, en una gestión clara, conjunta, de resultados'”.
Por su parte, la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, manifestó: “hoy recibimos con agradecimiento este valioso insumo, que parte de una dura lectura de la realidad, de los retos del sistema educativo. Este documento es un decidido pronunciamiento, donde el sistema de educación pública universitaria levanta la mano y pone a disposición del estudiantado su recurso, su trabajo y su experticia”.
Asimismo, señaló que para seguir impulsando el avance del sistema educativo en la actual situación fiscal, se requiere que todos los partícipes de la sociedad se involucren y consoliden, de manera creativa, los cambios que se han venido implementando.
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