Universidad de Costa Rica
La Comisión Legislativa que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior recibió ayer en audiencia al rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Julio Calvo. En un espacio de cerca de 2 horas, el rector saliente del TEC expuso los alcances de la gestión realizada y los principales avances en materia de admisión, matrícula, acreditación, becas, ejecución presupuestaria, trabajo con las regiones, investigación y acciones realizadas con respecto a la crisis fiscal.
Las acciones presentadas por Calvo, son una muestra de lo que realiza el sistema universitario estatal en todo el país y del valor público de la educación universitaria. A pesar de la amplia exposición, preocupan las inquietudes planteadas por las y los legisladores y los temas que se han obviado en la discusión sobre el FEES.
En el planteamiento inicial que originó esta Comisión legislativa, se dijo que se pretendía analizar y fortalecer la educación universitaria pública, sin embargo, la dinámica de esta comisión no profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país y hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas.
Es evidente la ausencia de análisis en torno al valor público de las universidades y su aporte al país. Resulta contradictorio escuchar en repetidas ocasiones cuestionamientos sobre la generación de recursos económicos por parte de las universidades. Si bien es cierto, las universidades tienen fundaciones y programas mediante los cuales generan recursos, creadas según el mandato de la Ley de Promoción al Desarrollo Científico y Tecnológico, N° 7169, la finalidad de las universidades públicas no es la generación de ingresos como modelo empresarial, sino la formación de profesionales de alto nivel, la investigación científica y tecnológica, la extensión y acción social que aporten a un modelo de país solidario, inclusivo y de bienestar para toda la ciudadanía.
La educación pública en Costa Rica es un derecho fundamental que ha sido costeado por el Estado y así lo establecieron nuestros visionarios constituyentes. Las universidades públicas son las que hacen la diferencia en el desarrollo de la investigación, extensión y formación de capital humano, en Costa Rica.
Sorprende que en esta Comisión se considera que los profesionales que forman las universidades deben responder únicamente a las necesidades de las empresas, lo que ubica las decisiones sobre la oferta académica, en fundamentos solamente de un mercado cambiante. Las universidades públicas han sabido mantener un equilibrio entre las necesidades empresariales y las sociales. Cabe destacar que de acuerdo al último estudio del Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE, los graduados de las universidades públicas tienen un alto índice de empleabilidad del 95%.
Otra preocupación surge en torno al discurso legislativo referente a la situación fiscal. Pese a que todas las universidades públicas han tomado medidas de contención del gasto y siempre han estado anuentes a ajustar sus presupuestos de acuerdo al contexto económico y social que afronta el país, se considera que no se ha dado una discusión nacional que incluya otros sectores públicos y privados que son parte de la solución a esta crisis.
CONARE insta a la Comisión que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior para que profundice el análisis sobre el modelo país al que debe responder la educación superior pública y las consecuencias futuras de las decisiones que se tomen.
La educación, la salud y la seguridad deben estar en manos del Estado, las cuales han sido históricamente sus responsabilidades ineludibles.