Dr. Rodolfo Arce Portuguez, subdirector e investigador del Cicap-UCR. 

El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap-UCR) desarrolla investigaciones sobre la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), conocida ahora como el “Club de las buenas prácticas”, el cual mejora el calificativo que se le dio antes (“Club de los países ricos”).

El equipo de investigación CICAP-EAP-UCR (EAP: Escuela de Administración Pública) está conformado por Esteban Mora Martínez, y mi persona (Rodolfo Arce Portuguez). Desde el 2017, analizamos los informes públicos de adhesión, en especial los relacionados con comercio, políticas agrícolas, fiscales, educativas, mercado laboral y sistema de salud, ya que otros tienen “embargo de publicación”, según el Ministerio de Comercio Exterior. 

Es muy importante prestar atención a las “buenas prácticas” que fomenta la OCDE, pues sin duda uno de los valores agregados de los estudios de esa entidad es la posibilidad de implementar cambios en la administración pública, para brindar mejores servicios al ciudadano y a la sociedad. Hay un caso específico y ejemplarizante.

Uno de los primeros hallazgos de la investigación del Cicap-UCR confirma la necesidad de invertir en la modernización integral de las aduanas, sistemas de información, mecanismos de control y fiscalización, cultura tributaria y, en específico, el uso de los escáneres para la revisión no intrusiva de mercancías que viajan en contenedores, tanto al ingreso (importación) como al egreso (exportación). Con lo anterior se evitarían casos, como la captura de 1 600 kilogramos de droga en Holanda que iban en un contenedor con bananas de Costa Rica, el cual no se escaneo por la ausencia de un centro de monitoreo.

Hoy un escáner de 2.3 millones de dólares estadounidenses ya está en el país, en la nueva terminal de contenedores en Moín (Limón). Cuando el Estado logre implementar este centro de monitoreo, invierta o concesione esos servicios, podremos controlar y detener el flujo de mercancías peligrosas que incumplan normas como las del Convenio de Basilea (salud humana y el ambiente) y los efectos adversos que puedan resultar de la generación de movimientos transfronterizos y la gestión de los residuos peligrosos.

Las autoridades de Aduanas, Agricultura y Ganadería, Salud y Seguridad Pública tienen responsabilidades en este tipo de controles. La tecnología de escáner es un recurso más de alta calidad y precisión, para luchar contra el trasiego de mercancías y sustancias peligrosas, que al final son delitos contra la salud pública.

Sin embargo, el Gobierno de China, en el 2008, ya había donado dos escáneres para implementar en las aduanas de Limón y de Paso Canoas. No obstante, transcurren los años y no se logra ponerlos a operar en aduanas. Así las cosas, la OCDE es la que consulta: ¿por qué no se logra implementar en la práctica?

El equipo de investigación del CICAP-UCR considera que el país y sus instituciones, a pesar de contar con personal capacitado y entrenado para el uso de ciertas tecnologías, lamentablemente adolece de procesos de adaptación y modernización y se quedan valorando “si la ley lo permite”, sin proponer los cambios necesarios y la voluntad para asumir el cambio.

Sobre el proceso de adhesión y la reforma fiscal, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, el 12 de abril del 2018, se dio por satisfecho en la evaluación sobre las políticas fiscales implementadas o en proceso en el país. Así, el Ministerio de Hacienda asume el compromiso para alinear sus disposiciones en materia tributaria a los estándares de la Organización. Esto es posible gracias, entre otros, a la emisión e implementación de normativa administrativa, resoluciones, directrices, criterios institucionales y a la presentación de los proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley 20.580 (Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) es considerado como clave en materia fiscal para adoptar los estándares y elementos que estaban en proceso de evaluación y que, entre otros, abarca cambios en el IVA, renta y zonas francas.

El proceso de evaluación de las políticas fiscales de Costa Rica se da en el marco global de la implementación de las acciones BEPS (base erosion and profit shifting) propuestas por la OCDE y el G20 para combatir las prácticas fiscales que a nivel nacional e internacional erosionan las bases impositivas y trasladan los beneficios empresariales a jurisdicciones de baja o nula tributación. Las 15 acciones emitidas se basan en la ejecución de tres pilares:

1. “dotar de coherencia a aquellas normas de Derecho interno que abordan actividades transfronterizas;

2. reforzar las exigencias de actividad sustancial en los actuales estándares internacionales para así establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las actividades económicas y de creación de valor y;

3. mejorar la transparencia y seguridad jurídica para empresas y administraciones”.

El proceso de adhesión de Costa Rica es tan solo el inicio de la constante incorporación de estándares y buenas prácticas implementadas en otros países, con estas se busca elevar las condiciones sociales y económicas de los habitantes y del país en general.

En el caso del Ministerio de Hacienda, con la emisión de los reglamentos y demás normativa supletoria, concluye un arduo proceso que permitirá al país contar con estándares y buenas prácticas internacionales.

Este es un proceso continuo a nivel de la OCDE, donde el país seguirá trabajando en iguales condiciones que los países miembros y asociados para la implementación de las demás medidas BEPS, así como de los estándares relacionados con la confidencialidad y seguridad de la información, transparencia fiscal internacional y el intercambio de información de trascendencia tributaria, en sus tres modalidades (por requerimiento, espontáneo y automático).

Uno de los valores agregados de los estudios de la OCDE es implementar cambios en la administración pública, para brindar mejores servicios al ciudadano y a la sociedad.