Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se declararon este 27 de mayo en “estado de emergencia” frente a las diversas situaciones de violencia sexual que experimentan cada día en los espacios académicos.
La declaratoria se realizó durante una conferencia de prensa celebrada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, donde además de las denunciantes, se presentaron estudiantes de diversas carreras, docentes, investigadoras y autoridades universitarias.
La estudiante de Sociología, Fabiola Bermúdez Jiménez, miembro de la colectiva “Me pasó en la UCR”, afirmó que las universidades públicas “no son la burbuja perfecta que nos han hecho creer” y que, por el contrario, la violencia contra las mujeres también está presente en las aulas y el resto de espacios académicos.
La universitaria afirmó que en todas las facultades existen situaciones de acoso y hostigamiento sexual contra estudiantes, quienes viven con miedo y en pocas ocasiones consolidan sus denuncias formales debido a que conocen las limitaciones de la normativa y la debilidad de las sanciones establecidas.
“El acoso sexual se enmarca en relaciones de poder, donde nosotras las estudiantes estamos en desventaja, mientras que el profesor que nos acosa o nos viola sigue con sus privilegios intactos dentro de la Universidad”, denunció la joven.
Bermúdez afirmó que la problemática está presente tanto en los campus centrales de las instituciones como en las sedes y recintos en el resto del país, las cuales, afirmó, han sido olvidadas y donde “las chicas están pidiendo a gritos apoyo”.
Representantes estudiantiles de la UNA y el TEC también expusieron las situaciones de violencia que experimentan en sus centros de estudio, donde además de violencia sexual afirmaron tener que soportar situaciones de sexismo, como el hecho de que se cuestionan sus capacidades intelectuales por ser mujeres.
La estudiante de Sociología, Jazmín Vega Valerín, realizó la lectura de la declaratoria oficial que recordó el compromiso que tiene el estado costarricense, como signatario de instrumentos internacionales, de realizar acciones para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
“Estamos hartas de no tener espacios seguros para estudiar. Estamos cansadas de esta estructura patriarcal que nos hace a un lado, nos victimiza y nos priva de ambientes sanos y seguros para desenvolvernos” enfatizó Vega.
Como parte de la declaratoria de emergencia, las jóvenes solicitaron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) coordinar, fiscalizar y asesorar la consolidación de cambios estructurales en las tres universidades públicas y que estos sean catalogados como “acciones urgentes”.
La ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta del Inamu, Patricia Mora Castellanos, estuvo presente en la actividad y brindó un contundente respaldo a las demandas de las universitarias para hacer frente a lo que describió como “una sociedad cruzada por el machismo y el patriarcado”.
Por su parte, la estudiante de Derecho, Eliana Quimabayo Bolaños, transmitió las demandas específicas del movimiento a la Administración de la UCR, dentro de las que destacó la reforma del actual Reglamento en contra del Hostigamiento Sexual, un proceso en el que advirtió que debe tomarse en cuenta la voz del movimiento estudiantil.
Las universitarias exigieron, además, el fortalecimiento de las instancias responsables de la atención del tema, específicamente la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual que recibe las denuncias formales y el Equipo Interdisciplinario que brinda acompañamiento psicológico y legal a las víctimas.
El rector de la UCR, Dr. Henning Jensen Pennington, quien también asistió a la convocatoria, expresó el respaldo pleno de la Administración a los planteamientos expresados por las estudiantes, ante una problemática por la cual afirmó sentir “una preocupación profundísima y un repudio absoluto”.
Según el jerarca, no se debe poner en los hombros de las mujeres víctimas de acoso y hostigamiento la responsabilidad de cambiar esta situación, sino que por el contrario, debe hacerse de manera conjunta como institución y como sociedad.
“Responderé a esas expectativas en coordinación con las instancias correspondientes y con los colectivos que se han formado”, afirmó Jensen, quien confirmó que ya solicitó al Consejo Universitario la revisión del Reglamento Institucional contra el Hostigamiento Sexual
El académico dijo que la normativa tiene muy diversas debilidades, entre las cuales señaló que no se especifican las acciones que deben considerarse como faltas graves, al tiempo que las sanciones en estos casos se limitan a suspensiones de ocho días.
Jensen afirmó que, mientras se revisa la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento, se valorarán otras vías legales para realizar sanciones a esta problemática, una tarea que en su criterio, debe ser encaminada por la Institución.
“Creo que esto es algo que va más allá de un asunto estrictamente jurídico, sé que tenemos que respetar derechos constitucionalmente instaurados, pero esto va mucho más allá de lo legal, esto tiene que ver con una lucha que es social, que es política y es cultural”, concluyó el rector.