Este viernes 17 de mayo, el país nuevamente conmemora el Día Nacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, en medio de grandes pendientes en los compromisos internacionales adoptados por Costa Rica, a la luz de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-24/1 sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, así como a lo ordenado por la sentencia de la Sala Constitucional, número 2018-12782, sobre el matrimonio igualitario.
Las recurrentes omisiones de los poderes Legislativo y Ejecutivo en este terreno son preocupantes síntomas de una orquestada campaña regional de organizaciones religiosas, gobiernos y partidos políticos ultraconservadores, con el objetivo de deteriorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a fin de cercenar las libertades ciudadanas, en claro detrimento de las aspiraciones de sociedades inclusivas, democráticas e igualitarias.
El surgimiento en América Latina de los neonacionalismos conservadores y populistas, con raíces en movimientos pentecostales e integristas religiosos que pretenden imponer sus doctrinas como las únicas rutas válidas para la convivencia, se erigen como uno de los principales desafíos de las universidades públicas. Como universidad pública estamos comprometidos y comprometidas con el bien común y la formación de profesionales humanistas, quienes deberían aspirar a convertirse en agentes de cambio para construir sociedades más inclusivas.
Desde la Universidad de Costa Rica, exhortamos a la ciudadanía para que levante su voz frente a los llamados al odio y a la intolerancia que hacen algunos grupos políticos-religiosos contra las poblaciones sexualmente diversas, los derechos de las mujeres y las poblaciones migrantes. La exaltación de sentimientos nacionalistas y del sexismo heteronormativo solo contribuyen a incrementar el clima de violencia que aqueja a Costa Rica.
Más bien, exigimos respeto para todas las diferencias, en cumplimiento de los instrumentos de derecho internacional, de los cuales nuestro país es signatario. Consideramos que como Estado, requerimos de políticas desarrolladas con una visión crítica, humanista y democrática. Nuestro principal desafío es construir una sociedad en la que todas las personas gocen a plenitud de las mismas oportunidades y de igualdad de derechos. Creemos, además, que todas las instituciones del Estado estamos compelidas a coordinar acciones orientadas a prevenir y a erradicar todo tipo de discriminación y violencia, así como a impulsar medidas compensatorias y acciones afirmativas en materia de derechos humanos.
Desde el seno de la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual (CIDS), creada por la Resolución de la Rectoría R-156-2017, manifestamos nuestro más absoluto repudio ante las plataformas políticas contrarias a la justicia social, la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades, el desarrollo integral y la plena libertad de la ciudadanía, principios que sustentan el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, casa de estudios superiores abanderada de la enseñanza humanista.
Exhortamos a la comunidad universitaria a denunciar cualquier forma de discriminación que violente la convivencia respetuosa, por medio del uso de los recursos normativos contenidos en los reglamentos de Régimen Disciplinario del Personal Académico, de Orden y Disciplina de los Estudiantes, y el Interno de Trabajo.
Asimismo, las personas integrantes de esta Comisión renovamos nuestros compromisos por avanzar en políticas, reglamentos y acciones afirmativas que materialicen los principios de igualdad y no discriminación dentro de la Universidad de Costa Rica.
Recordamos que ponemos a disposición de toda la comunidad universitaria el correo electrónico comision.diversidadsexual@ucr.ac.cr para solicitar información, asesoría y acompañamiento en caso de considerar vulnerados sus derechos.